Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende resguardar de forma integral a los denunciantes de corrupción y recompensar su contribución premiándoles con un 10% del dinero recuperado. Además de esto, plantea crear una Autoridad Independiente que los resguarde y para dirigirla ya proponen a la que fuera instructora de los ERE en Andalucía, la juez Mercedes Alaya, notifica Ep. Con esta iniciativa, Vox pretende, primeramente, dar una protección «eficiente» a los denunciantes de prácticas corruptas, «el eslabón más enclenque en la cadena», para de esta forma alentar que revelen las información de la que disponen sin miedo a represalias y a que se les vea «prácticamente como a héroes», conforme ha apuntado en conferencia de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Y, seguidamente, asimismo desea reconocer su contribución para «prevenir daños y advertir amenazas o bien perjuicios para el interés público» con el objetivo de atajar una lacra que, conforme una investigación de 2017 de la Comisión Europea, supone una pérdida de beneficios por la carencia de protección de los denunciantes de entre cinco.800 y nueve.600 millones de euros anuales, solo en el campo de la contratación pública en el conjunto de la Unión Europea. Esta propuesta supone, en suma, «un paso definitivo para poner punto y final a la situación de absoluto desamparo en la que, actualmente, se hallan los denunciantes de corrupción», y dar cumplimiento pleno a la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril. En la pasada legislatura, Ciudadanos ya presentó una ley ómnibus contra la corrupción y por la protección de los denunciantes, mas la iniciativa, que fue tomada en consideración por el Pleno en el mes de febrero de 2017, no llegó a llenar su tramitación. Específicamente, Vox sugiere en su texto la creación de un Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción para asegurar su inmunidad personal, profesional y familiar, esto es, regular por ley que no se persiga al denunciante por corrupción, mas tampoco a los cronistas o bien a los medios que publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas. Y sanciones de hasta 400.000 euros Yendo un paso alén de lo aprobado últimamente por la Eurocámara, la capacitación que capitanea Santiago Abascal plantea «estimular la acción de demanda» reconociendo a los denunciantes un premio del 10 por ciento del importe total en que se cifre el perjuicio al erario, y asimismo, ya en el régimen sancionador, la proposición recoge sanciones de que van desde los 200 a los 400.000 euros dependiendo de la gravedad. También, plantea crear una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que garantice la eficiencia de los derechos de los denunciantes de corrupción, un organismo con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y que, solo a efectos organizativos, va a quedar adscrito al Ministerio de Justicia. En este sentido, apunta que los aspirantes a ocupar la Presidencia de este órgano sean propuestos al Congreso por organizaciones sociales de campo nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España, como por los conjuntos parlamentarios. De entrada, sin embargo, Vox sugiere para ese puesto a la que fuera la juez instructora del escándalo de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, «si esa fuera su voluntad». Esta Autoridad Independiente se ocupará de estudiar las demandas presentadas y de dar traslado a la Fiscalía de la posible existencia de un posible delito y de informar del riesgo para la persona, libertad o bien recursos del denunciante o bien de su ambiente con el objetivo de que la autoridad judicial puedan adoptas las medidas de protección oportunas. Mas este organismo nuevamente tipo, conforme plantea Vox, asimismo va a poder ejercer la acusación particular. Cambios en otras leyes En su texto, los de la ciudad de Santiago Abascal plantean, en sus disposiciones auxiliares, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar los plazos máximos de duración de la instrucción de los procesos penales que el Partido Popular introdujo en el año 2015, pues esta medida, a su juicio, no solo no se acompañó del preciso refuerzo de medios personales y materiales sino, además de esto, favoreció el fichero automático de distintas causas penales. Además de esto, quiere alterar la Ley de Indulto, que data de 1870, para prohibir esta medida de gracia en delitos de terrorismo, de financiación ilegal de partidos, o bien contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social. En esta lista, Vox asimismo incluye los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la comunidad internacional; los de traición y contra la paz o bien la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; como los de rebelión y sublevación, y contra el orden público. Asimismo plantea reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria a fin de que los condenados cumplan sus penas en comunidades en las que no tengan representación parlamentaria partidos que hayan apoyado en público actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la comunidad internacional y/o bien traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sublevación y contra el orden público. Con esta medida, conforme ha explicado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, procuran poner punto y final a la «alarma tan excepcional» que supone el «trato privilegiado» recibido, por servirnos de un ejemplo por Oriol Pujol, y para eludir asimismo que se les de exactamente el mismo a los parlamentarios independentistas que se hallan en cárcel precautoria por su implicación en el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017.

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