Una sentencia del Juzgado de lo Social de Santander ha reconocido a una trabajadora de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria su derecho a cancelar 4 días de vacaciones que había pedido pues coincidieron con el confinamiento general del estado de alarma y a reemplazarlas por otro periodo vacacional.

La sentencia, que estima una demanda de la sección sindical de Unión General de Trabajadores en el Ejecutivo autonómico, aclara que la trabajadora pidió a inicios de año 4 días de vacaciones, del 13 al 17 de abril, y que tras dictaminarse el estado de alarma que se alargó hasta el 21 de junio, mandó un whatsapp el 24 de marzo para cancelarlas por coincidir con el confinamiento general y volvió a pedirlo el dos de abril.

El fallo judicial afirma de forma textual que si la trabajadora «no puede salir de su casa por confinamiento forzado no van a ser vacaciones, no se corresponderá ese periodo con un lícito y constitucional derecho al reposo anual que todo trabajador debe tener».

La sentencia equipara el caso con la situación generada por una incapacidad temporal y matiza que «cuando un trabajador cae en situación de incapacidad temporal ya antes o bien a lo largo del disfrute de las vacaciones, conserva el derecho a gozar sus vacaciones en un periodo ulterior», con lo que «parece razonable y lógico que si se ve perjudicado por una causa de fuerza mayor que condicione de manera directa sus vacaciones, conserve su derecho a disfrutarlas».

«Obviamente todo disfrute de vacaciones acarrea la posibilidad de que el trabajador pueda reposar de la prestación anual de servicios para un tercero, esto es, que pueda desplazarse, salir de su domicilio, tener su ocio particular, visitar familiares, practicar deporte, etc…», añade la sentencia.

Además de esto, aclara que, si bien el Gobierno de Cantabria adujo en el juicio que el centro donde trabaja la demandante (un instituto de enseñanza secundaria) tuvo a lo largo del confinamiento «una actividad administrativa mínima» y que si no se la convocó a trabajar fue pues estaba de vacaciones, «no tiene culpa o bien responsabilidad alguna en que su periodo de vacaciones coincidiese con una pandemia y, además de esto, se comprueba que el 24 de marzo la trabajadora advirtió que su periodo de vacaciones coincidiría con el confinamiento, recordatorio que repitió el dos de abril; este proceder impide calificar como maliciosa o bien fraudulenta la actitud laboral de la demandante».

La sección sindical de Unión General de Trabajadores se congratula de esta sentencia del Juzgado de lo Social número tres y destaca que «el estado de alarma no puede ser justificación a fin de que los trabajadores pierdan unos derechos laborales contemplados en el acuerdo colectivo».

«Durante el estado de alarma se han tomado medidas que rayaban el incumplimiento, se han establecido jornadas y horarios sin negociación anterior con el comité de empresa y se han generado multitud de enfrentamientos laborales que no pueden justificarse solo por el hecho de estar viviendo una pandemia», añade el sindicato en un comunicado de prensa.

Unión General de Trabajadores agrega que estas situaciones de enfrentamiento laboral se han producido aun en cuestiones de conciliación familiar y laboral, donde el plan MeCuida no ha dado contestación a una necesidad social y su ampliación hasta el 31 de enero de 2021 sin llenarlo con un permiso remunerado, prosigue sin dar solución a las situaciones de cuidado.

El sindicato resalta que en esta sentencia subyace la imposibilidad de efectuar trabajo a distancia para casi todo el personal laboral del Gobierno de Cantabria, y destaca que la interpretación de vacaciones gozadas de la Consejería de Educación «no tiene sentido alguno» cuando coincide con un cierre nacional de centros de educación y con unos trabajadores a los que se no se dio opciones de trabajo a distancia.

Fuente: ABC.es

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *