Las administraciones públicas españolas aguardan con preocupación la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará a fines de septiembre o bien principios de octubre sobre las posible situación de ilegalidad jurídica de miles y miles de funcionarios temporales y también interinos españoles, tanto estatales como autonómicos y municipales. La resolución judicial responderá a más de cinco.000 demandas contra el Gobierno que fueron presentadas frente al TJUE con la meta de acabar con años de ignorancia pública frente a la «discriminación laboral» que padecen hasta 800.000 funcionarios, denunció el día de ayer en conferencia de prensa Javier Aráuz, letrado de la mayor parte de los denunciantes, sobre los que Alto Tribunal europeo va a decidir si fuerza a España a hacerlos fijos. En ciertos casos, llevan hasta 35 años enlazando contratos temporales. Aráuz está a la espera de que el letrado general del TJUE eleve su informe sobre 2 cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales madrileños al respecto -–los casos de 3 trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años en sus puestos encadenando contratos temporales–. El dictamen estaba previsto para el 11 de julio, mas se ha aplazado hasta el cinco de septiembre. Esto no dejará contar con una sentencia hasta en 2 o bien 3 meses. Si esta fuera conveniente a los demandantes, sería «un esencial golpazo al Gobierno español» por infringir la directiva europea 199/70/CE, que solicita combatir la temporalidad en el uso público, con lo que tendría la obligación de transformar en funcionarios públicos a todos aquellos trabajadores temporales que presenten una demanda contra la administración pertinente. La Justicia europea va a deber valorar si los miles y miles de interinos que encadenan contratos temporales a lo largo de años están discriminados por el hecho de que no cuentan con exactamente la misma protección social que los fijos –ya sea en excedencias, licencias o bien salarios – y se les puede despedir sin compensación económica alguna –como marcan los estatutos de las administraciones públicas–, algo que no puede hacerse en el campo privado por el hecho de que es ilegal. «Es incomprensible que el Gobierno demande a las compañías del campo privado que contraten a empleados estables, se controle la carencia de estabilidad y haya instaurado los registros horarios y en las administraciones públicas sostienen un régimen discriminatorio de trabajo», denunció el letrado. En esta situación de temporalidad continuada se hallan cerca de 800.000 funcionarios, en torno al 30% de los trabajadores del campo público, aunque en ciertos ámbitos alcanza porcentajes muy elevados, como los servicios sanitarios de Emergencias de la Comunidad de la villa de Madrid (90%), la Oficina Nacional de Trasplantes (88%) o bien municipios como el de Sevilla (70%) o bien el de Sevilla (60%). En otras instituciones, como el Servicio de Empleo Público (SEPE), resulta todavía más grave, por cuanto el servicio que desempeñan es el de la busca de colocaciones. La temporalidad de sus trabajadores se ubica en el 70%. Los demandantes asimismo han puesto su punto de atención en las ofertas públicas de empleo, que deben convocarse anualmente y «en ciertos casos llevan 20 años sin efectuarse. Ahora se quiere revertir esta situación, lo que puede suponer la salida de trabajadores que llevan años en el puesto». El TJUE va a tener en el mes de octubre la última palabra.

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