«Un marco regulativo y también institucional que configure los incentivos convenientes para los diferentes agentes económicos favorecerá la asignación y acumulación de capital en proyectos de inversión rentable, productivos y también innovadores». De esta manera lo recoge el informe «Las buenas prácticas regulatorias», elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El análisis resalta que hay una angosta relación entre el empleo de buenas prácticas regulativas y el desarrollo de los países. Y es que estas tienen un impacto positivo en la productividad y, por consiguiente, en el desarrollo en un largo plazo de la economía. A juicio del IEE, cuando se quebranta la seguridad jurídica se produce un ambiente de inseguridad en el que las compañías perjudicadas postergan o bien paralizan sus resoluciones de inversión, con el consecuente impacto asimismo en concepto de empleo. Las consecuencias negativas se dejan apreciar asimismo en el lado de la financiación de estas inversiones, al acrecentar la prima de peligro demandada por los inversores y, por lo tanto, acrecentando los costos de capital para estas empresas.Este informe sale a la luz en la mitad de las críticas al regulador en España (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por mala práctica al haber obviado una consulta anterior con el campo energético sobre la normativa que establecerá la nueva remuneración para diferentes actividades a lo largo de los próximos 6 años. En verdad, el análisis hace hincapié, exactamente, en que la participación de los agentes del campo es uno de los principios básicos para conseguir esta buena regulación. «Es recomendable que las resoluciones que se vayan a adoptar sean antecedidas de consultas, y seguidas de un diálogo participativo, tanto a las compañías como a las organizaciones empresariales, de forma que se puedan contrastar los distintos puntos de vista y se examinen con trasparencia las consecuencias que un posible cambio regulativo pueda tener sobre la actividad», destaca el informe.En sentido, el estudio recuerda que el marco institucional en España por lo que respecta a los indicadores de gobernanza relacionados con la calidad regulativa y el cumplimiento de la Ley ha sido analizado últimamente por el Banco Mundial en su publicación «Worldwide Governance Indicators». Por bajo la UE Si bien la situación en este país está on line con el nivel demandado por la corporación de crédito supranacional, sí advierte de que está algo bajo el promedio de la UE. De esta manera, el análisis de los indicadores cualitativos relativos a la calidad regulativa y la seguridad jurídica patentiza que, para lograr las cotas de los países europeos con mejores prácticas, es preciso avanzar en estos aspectos nuestra política económica, para añadir, como objetivo explícito, la mejora de la calidad regulativa y la seguridad jurídica. En este contexto, IEE insta a este país a apostar por un marco institucional que garantice el cumplimiento de lo que se consideran los principios de las mejores prácticas regulativas, que se concretan en seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad. Esto no quiere decir que las reglas no puedan y deban evolucionar en el tiempo para amoldarse a las realidades de cada instante, sino estos cambios han de ser graduales, eludiendo procedimientos de emergencia..Además, las actuaciones han de ser previsibles en el sentido de que no supongan cambios radicales con respecto a la regulación previamente existente. También, conforme el IEE, el análisis y la preparación de nuevas reglas deben hacerse como contestaciones a una necesidad anteriormente detectada. En ese sentido, un seguimiento continuado y colaborativo en el campo puede asistir a identificar las necesidades existentes, presentes y futuras, que pueden dar sitio a posibles cambios normativos. La consistencia, verosimilitud, simplicidad y trasparencia son otros de las aspectos esenciales que garantizan una adecuada regulación. «Las nuevas reglas regulativas que se realicen, como las resoluciones de los órganos de regulación, han de ser congruentes entre sí y eludir contradicciones con otras reglas ya existentes. Además de esto, la legislación hubiera de ser fácil, ordenada y transparente con la intención de facilitar su conveniente entendimiento por la parte de todos y cada uno de los agentes. Por ende, es recomendable eludir la dificultad excesiva o bien la exuberancia de reglas que compliquen el comprensión de las mismas», apunta. Para finalizar, el IEE remarca que la seguridad jurídica es uno de los primordiales pilares del Estado de Derecho, con lo que está protegida por la Constitución de 1978, y se incluye en las garantías del individuo contra la arbitrariedad de los poderes públicos y se fundamenta en 3 principios: conocimiento de la normativa en vigor, calidad técnica en la preparación y estabilidad del ordenamiento jurídico. A ello hay que agregar la protección del derecho comunitario a través del principio de protección de la confianza lícita. Este ha sido desarrollado por diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea aseverando que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las resoluciones de aquella, y en función de las que los particulares han adoptado determinadas resoluciones. Y es que la seguridad jurídica pretende afianzar un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es esencial para el progreso económico.

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