El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado que conste en el registro de la propiedad que el Pazo de Meirás, situado en el ayuntamiento coruñés de Sada, está inmerso en una causa judicial. De este modo lo han informado este lunes fuentes judiciales tras aceptar a trámite el pasado 12 de julio la demanda presentada por la Abogacía del Estado para demandar a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás. Ese día, el juzgado instructor acordó la adopción de las medidas cautelares pedidas que se refieren, específicamente, a la «anotación precautoria de la demanda en el registro de la propiedad», señalan exactamente las mismas fuentes judiciales. Esa medida se genera a causa de que el Gobierno central ha presentado una demanda judicial contra la familia Franco para demandar la devolución del Pazo de Meirás. El escrito demanda la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración a través de fondos y personal públicos, y el empleo que se le dio a lo largo de la dictadura franquista. La familia Franco había puesto en venta el Pazo de Meirás mediante una inmobiliaria cantabria, en la que se ofertaba el histórico inmueble localizado en el ayuntamiento de Sada, que fue empleado como vivienda de verano por Francisco Franco, por una cantidad de ocho millones de euros, exactamente la misma cifra que se solicitaba en el primer anuncio que se había publicado unos meses ya antes. Demanda La demanda contra los herederos del dictador ha sido presentada el miércoles pasado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña por la Abogacía del Estado, argumentando que la adquisición del inmueble por la parte del dictador en 1941 fue «simulada y fraudulenta», ha explicado el Ministerio de Justicia. El estudio jurídico efectuado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que prueba que Francisco Franco «falseó el título con el que anotó el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad», notificó el Ministerio de Justicia. Los hechos en los que se fundamenta la demanda se remontan al tres de marzo de 1938, data en la que se formó la llamada ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, que estaba integrada por el gobernante civil y múltiples alcaldes de A Coruña, entre otras muchas autoridades, con la intención de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a predisposición del autoproclamado jefe del Estado para su utilización como vivienda veraniega. El tres de agosto de 1938 se dio la escritura de compra y venta entre la entonces dueña del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, por un coste de 406.346 pesetas. Esta escritura, ignota hasta el instante, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos. «La financiación de la adquisición se propuso en un inicio mediante una subscripción popular, mas, al no dar esta el resultado aguardado, se comenzó un proceso de colecta forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, como la aportación de fondos de las administraciones locales», han protegido. Desde la data de la adquisición, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del circuito, como otra serie de reformas que «fueron ejecutadas y financiadas en conjunto por la Administración General del Estado». Simulación de adquiere Si bien desde la venta a la ‘Junta pro Pazo del Caudillo’ el inmueble ya se empleaba como vivienda veraniega oficial de Franco, el 24 de mayo de 1941 se da una segunda escritura pública «en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo» por la parte de Manuela Esteban Collantes -que 3 años atrás se lo había vendido a la Junta- en favor de Francisco Franco, por un supuesto coste de 85.000 pesetas. «Con esta escritura como título, Franco anotó a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, derivada de una compra y venta falsa, es la que dejó que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciera una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó por su parte, a sus hijos y herederos», defiende el Gobierno. En los prácticamente 40 años en los que fue empleado como vivienda oficial de verano, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, «con exactamente el mismo empleo público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de abundantes actos y audiencias, administrándose únicamente con fondos y funcionarios públicos», abunda la demanda. «Aun tras el fallecimiento de Franco, el inmueble prosiguió a lo largo de múltiples años bajo la vigilancia de la Guarda Civil», apunta el Ministerio de Justicia. Inconvenientes con la familia Las Torres de Meirás fueron declaradas BIC con categoría de lugar histórico en el año 2008, con el Gobierno del bipartito de PSdeG y BNG. Los herederos del dictador recurrieron a la justicia para procurar inmovilizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que fuera abierto al público. El Gobierno gallego llegó a formalizar un acuerdo con la familia Franco con la obligación de abrirlo un mínimo de 4 días por mes. El trayecto guiado por el Pazo de Meirás se estableció teniendo presente su declaración como BIC. Pese a ello siguieron los incumplimientos de apertura del inmueble por la parte de los herederos de Franco, y la Xunta llegó a comenzar un expediente en el tercer mes del año de 2017 tras comprobarse que el teléfono habilitado para administrar las peticiones de visitas no estaba operativo. Proceso de restauración Galicia decidió arrancar el proceso de restauración del Pazo de Meirás en el año 2017. El Parlamento gallego impulsó una comisión de especialistas, constituida en el mes de noviembre de ese año, para investigar esta posibilidad, encabezada por el maestro Xosé Manoel Núñez Seixas y formada por 11 miembros del planeta académico, jurídico y patrimonial. Más tarde, la Diputación da Coruña encargó un informe jurídico con exactamente el mismo fin. Los participantes en estos conjuntos de investigación lanzaron conclusiones afines y que sirvieron de base para los trabajos de la Abogacía del Estado: que hubo una «venta simulada» de este inmueble a Francisco Franco, lo que acredita la «nulidad» de este contrato, y que el Pazo había sido empleado como sede de la Jefatura del Gobierno a lo largo de un buen tiempo. También, la Cámara gallega llegó a solicitar hasta en un par de ocasiones unánimemente, una en el mes de julio de 2018 y la segunda el mes pasado de junio, para instar a la Xunta a demandar al Gobierno del Estado que comience «de forma urgente» las acciones legales «pertinentes» para la restauración del Pazo de Meirás. El mes pasado de octubre el Gobierno central encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar la fórmula conveniente para devolverlo a la ciudadanía, con todas y cada una de las garantías, y eludiendo que puedan mejorar posibles reclamaciones de la familia Franco.

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