un arma electoral de 100.000 millones



Los impuestos, como prácticamente todo, asimismo tienen color político. En la España tradicional del colorado o bien azul (si bien recientemente han aparecido más colores como opción alternativa), aun el fisco tiene ideología, transformando a los tributos en un arma electoral poderosísima. Tanto que las comunidades autónomas colectan impositivamente todos los años unos 100.000 millones de euros, dinero suficiente para abonar todas y cada una de las pensiones contributivas de jubilación a lo largo de un año entero. Si bien una parte de esta cantidad llega a las arcas regionales procedente del Estado y sin que que las autonomías tengan nada que decir sobre esos impuestos (Impuesto sobre el Valor Añadido, sobre todo), otras figuras sí dependen de los propósitos del Gobierno regional de turno. Es el caso por servirnos de un ejemplo del Impuesto sobre la Renta de los Personas Físicas (IRPF), Sucesiones, Donaciones o bien Patrimonio. Esto provoca una España a múltiples velocidades fiscales, en las que unas zonas optan por impuestos más altos o bien más bajos que sus vecinos, y donde el signo político marca la pauta. A apenas unas horas de que en 3 cuartas unas partes de España se festejen elecciones autonómicas y un mes tras las generales, las propuestas de los partidos adelantan meridianamente por dónde van los tiros en materia tributaria. Resumiendo, más impuestos con Partido Socialista Obrero Español y Podemos, en frente de bajadas extendidas con Partido Popular y Ciudadanos. En verdad, los datos mandados por Pedro Sánchez a la UE apenas un par de días tras ganar las elecciones del 28 de abril contemplan subir la presión fiscal hasta su máximo histórico de acá por año 2022, sacando del bolsillo de los españoles 26.500 millones de euros auxiliares en la nueva legislatura. Un «sablazo» del que nada charló el líder del Partido Socialista Obrero Español a lo largo de la campaña ni en las 300 páginas de su programa electoral, mas que aun se queda corto para Podemos. La prueba del 9 que los impuestos son un arma arrojadiza en las comunidades autónomas se halla de manera fácil al equiparar los diferentes usos que hace cada zona de las figuras tributarias propias o bien compartidas con el Estado. El caso más esencial es el del IRPF, cuya colecta está cedida a la mitad a las autonomías y por el que se embolsaron el año pasado más de 40.000 millones de euros, teniendo además de esto voz y voto en su configuración. Hacienda fija un tipo mínimo del nueve con cinco% y un máximo del 22,5%, a los que hay que sumar los tramos que decida cada uno de ellos de los 15 Gobiernos autonómicos de la llamada «caja común». País Vasco y Navarra van por libre en este sentido y fijan la totalidad del tipo impositivo. Así, el tipo mínimo del IRPF va desde el 18,5% de la Comunidad de la capital de España y de Canarias hasta el 21,5% de Cataluña. En el tipo máximo, la capital de España es asimismo la que tiene un impuesto más bajo (43,5%), frente al 48% de Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja y Comunidad Valenciana. En País Vasco llega hasta el 49% y en Navarra, hasta el 52%. Conforme los datos de 2018 del Consejo General de Economistas de España, el tipo máximo medio en las 15 zonas «comunes» es del 46,6%. En las 7 comunidades regidos por el Partido Socialista Obrero Español al cierre del año pasado (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mácula, Extremadura y Comunidad Valenciana) la cantidad media del IRPF máximo sube hasta el 47,3%. En las 5 regidos por el Partido Popular (Castilla y León, Galicia, la capital de España, Murcia y La Rioja), la media del IRPF máximo es del 45,2%, 2 puntos bajo las socialistas. Las únicas que se salen del guion de sus partidos son Castilla-La Mácula (bajo la media) y Murcia y La Rioja (por encima). Para un impositor medio que declare 20.000 euros anuales (el salario más usual en España es de 16.500 euros), la tarifa del IRPF va desde los dos.269 euros de la capital de España (la más baja) a los dos.511 de Cataluña (la más alta). En las comunidades socialistas, la media es de dos.364 euros, en frente de los dos.326 de las populares. Para un impositor de 30.000 euros anuales, las diferencias medran, siendo asimismo los extremos la capital de España (cuatro.795 euros de tarifa) y Cataluña (cinco.103). En un caso así, la media socialista es de cuatro.985 euros y la del Partido Popular, de cuatro.900 euros. Uno de los puntos más controvertidos es el Impuesto sobre Sucesiones, donde los diferentes reinos de Taifas autonómicos lanzan diferencias de centenares de miles de euros para una misma herencia. El Partido Socialista Obrero Español desea desde hace ya tiempo armonizar esta tributación, medida que podría incluir en la próxima reforma de la financiación autonómica. Ángel Gabilondo, aspirante socialista a la Comunidad de la capital de España, propuso hace algunos días recobrar este impuesto en la zona, que hasta el momento se ha mantenido como uno de los oasis fiscales de España, herencias incluidas. Un soltero de 30 años que hereda recursos de su padre de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la residencia del fallecido, pagaría por esta herencia 103.135 euros en Asturias. En Cantabria y en Andalucía no pagaría ni un euro, en Canarias abonaría 134 euros y en la capital de España, 1.586 euros. Hasta 2017, Andalucía era la zona que más gravaba estas herencias, circunstancia que cambió Susana Díaz demandada por Ciudadanos como condición para aprobar sus presupuestos. En verdad, para una donación en vida de 800.000 euros, con exactamente las mismas circunstancias que en la herencia expuesta previamente, en Andalucía habría que abonar 208.159 euros en impuestos, la cantidad más alta de toda España. Solo en Cantabria no se pagaría nada, al tiempo que en Canarias serían solo 200 euros y en la capital de España, dos.000 euros. En el caso del Impuesto sobre Patrimonio, unos activos de 800.000 euros (excluidos 300.000 euros de la residencia frecuente), tendrían una carga impositiva de 1.164 euros en Aragón, 1.099 en Extremadura y 769 en Cataluña. En la capital de España, en cambio, no habría que abonar nada, que este tributo está bonificado para todos y cada uno de los niveles de patrimonio.

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