La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha comenzado a controlar si las empresas cumplen con la nueva carta válido sobre el registro de la caminata gremial de sus trabajadores. El objetivo es confirmar que las horas trabajadas se corresponden con las que están contratadas y evitar así el fraude en el empleo parcial y, de paso, cuantificar el número de horas extras para que sean cobradas y cotizadas. En el registro debe constar la hora de entrada y de salida del puesto de trabajo de cada empleado de forma diaria, no siendo válida una contabilización de las horas extras a fin de mes. En España, cada semana de 2018 se realizaron una media de 6,45 millones de horas extraordinarias, de las que al menos el 46% no fueron abonadas ni cotizadas en la Seguridad Social, 2,96 millones. Si tenemos en cuenta que las horas extras tienen una cotización idéntica que las ordinarias, – por contingencias comunes del 28,3% (el 23,6% por cuenta de la empresa y el 4,7% por parte del trabajador), y las denominadas de fuerza viejo, con un tipo del 14% (el 12%, la empresa y el 2%, el trabajador)– podemos hacernos una idea de la magnitud del seísmo que puede producir la puesta en marcha de la nueva regulación horaria. Si este año se mantuvieran unas cifras similares a las del adiestramiento pasado, al final del año se habrían contabilizado 338 millones de horas extras, de las que más de 152 millones serán sin contabilizar, el 46%. Atendiendo a esta signo y aplicando la almohadilla de cotización ordinaria, la estimación de ingresos rondaría los 500 millones de euros, a los que habría que restar la parte correspondiente a los cuatro primeros meses de este año, que no computan. La Seguridad Social lograría así un ingreso extra para aliviar sus maltrechas arcas. De momento, las previsiones para 2019 mantienen esta tilde, ya que, según datos de la EPA actualizados al primer trimestre, más de 735.000 trabajadores han realizado cada semana de lo que llevamos de año casi seis millones de horas extra, de las que más de 2,7 millones, realizadas por más de 346.000 empleados, no han sido cobradas ni cotizadas. Los datos aportados por la Tutela Común de la Seguridad Social muestran que los ingresos generados por estas cotizaciones han ido oscilando al ascenso desde que tocaron fondo en 2013, con 232,45 millones de euros de cobranza. Así, la previsión hecha para 2019 se había establecido en 346,9 millones de euros. Pero ahora, con la entrada en vigor de esta nueva reglamento, habría que sumarle una signo similar por las horas que antaño no se contabilizaban. Las horas extraordinarias, según la reglamento válido, son aquellas que se realizan cuando se ha superado la hora de salida de la caminata gremial ordinaria. Su acotación es de ochenta al año y deben ser excluidas aquellas que son compensadas con horas libres durante los siguientes cuatro meses a su realización. Las horas extras correspondientes a trabajadores a tiempo parcial sólo pueden ser compensadas cuando suceden por causa de fuerza viejo. Con este control de presencia quedarán registradas tanto el número de horas trabajadas como su distribución a lo generoso de la caminata, la entrada y la salida del superficie de trabajo, así como las horas extraordinarias y las que no se han realizado. La aplicación de esta nueva carta ha provocado inquietud y temor entre el patronal en presencia de la imposibilidad de no poder cumplir con ella, sobre todo pequeñas empresas, que no han podido instalar los dispositivos de control exigidos o no saben cómo. Por ello, Trabajo ha tenido que conceder un periodo de garbo en el que no se harán efectivas las sanciones económicas a las empresas que no cumplan con el decreto –de 626 a 6.250 euros, en función del número de trabajadores afectados o del masa de negocio de la compañía–, siempre y cuando demuestren que la implantación del registro gremial está en marcha. Esta moratoria sancionadora podría echarse hasta el verano.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *