El guion del fraude de los ERE comenzó a escribirse en un Consejo de Gobierno encabezado por Manuel Chaves el nueve de noviembre de 1999. El capítulo cero arranca con un pacto del máximo órgano ejecutivo por el que daba autorización al Instituto de Promuevo de Andalucía (IFA), un organismo de la propia administración, para entregar un «préstamo-puente» de cinco,83 millones de euros a la compañía Campocarne Andalucía S.A., filial del conjunto Campofrío, a fin de que los invirtiese en la adquisición de la factoría de Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), propiedad del IFA desde el momento en que en 1995 tomara su control para eludir el cierre de la primordial industria cárnica andaluza.

Chaves y 5 de sus consejeros, figuras tan relevantes de la historia de la autonomía como Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, Francisco Vallejo, José Antonio Viese y Antonio Fernández, terminan de ser encausados por «la presunta ilicitud de la concesión del préstamo», conforme expone el auto del juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, que ha abierto otra causa penal contra ellos. Atiende de este modo una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que aprecia en la actuación de los viejos responsables socialistas rastros de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El precedente Gobierno conducido por Susana Díaz (Partido Socialista) jamás mandó al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla el expediente completo de dicha operación de ingeniería financiera que ha ocasionado un menoscabo de cuando menos tres con siete millones de euros (la cuantía pendiente de amortizar) en las cuentas públicas. Hasta el pasado dos de diciembre, la letrada de la Junta Victoria Gálvez -exactamente la misma letrada que solicitó el fichero de la pieza política del caso ERE-, no registró en el Juzgado un escrito acompañado de documentación oficial sobre el «falso préstamo» que no había sido remitida ya antes. Esta ayuda enmascarada fue el proyecto conduzco del sistema ilegal de ayudas, el renombrado «fondo de reptiles», que se preparaba en la sala de máquinas del Ejecutivo socialista para auxiliar con recursos públicos a otras industrias en crisis y apagar de este modo las quejas de los miles y miles de trabajadores que se quedaban en la calle.

Entre la documentación entregada ahora al juzgado por el nuevo Ejecutivo del Partido Popular y Ciudadanos están el acta de la asamblea del Consejo de Gobierno -documento escondo desvelado por ABC- y 2 convenios más, uno anterior y otro siguiente al convocado pacto, conforme ha podido comprobar este periódico, que ha tenido acceso a una parte del sumario de la causa. Específicamente, no había sido facilitado a la Justicia un acuerdo subscrito el seis de mayo de 1999 por el consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, y el presidente del IFA, Salvador Durbán, por el que el consejero confiaba al instituto que anticipase ayudas de «hasta un máximo de 1.100 millones de pesetas» (seis,61 millones de euros) para reflotar la planta que Campocarne iba a adquirir.

Enigmática desaparición
El otro acuerdo, fechado el dos de diciembre de 1999, desarrolla el pacto ratificado prácticamente un mes ya antes por el Consejo de Gobierno. Había desaparecido de los ficheros de la Consejería de la Presidencia. A través de este documento, que lleva la rúbrica del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el asimismo secretario general del Partido Socialista de Jaén «adquiere el compromiso de abono completo» a Campocarne de las cuantías estipuladas en un pacto anterior de adquiere hasta lograr los dos,83 millones de euros (471 millones de pesetas). El 22 de diciembre de 1999, día de la Lotería de Navidad, se formaliza el préstamo frente a un notario y la Junta a través del IFA entrega 2 talones bancarios a la compañía de cinco,1 millones de euros y 721.000 euros (850 y 120 millones de las viejas pesetas).

El acuerdo que comprometía a Zarrías había desaparecido de los ficheros de la Consejería de la Presidencia. Por fortuna, todavía quedaba una copia en los archivos de la agencia IDEA (heredera del IFA). El precedente directivo de IDEA, Julio Coca, lo mandó al juzgado en el mes de enero de 2019, un día antes que se formara el nuevo Gobierno andaluz.

En el mes de febrero de 2018, exactamente el mismo alto cargo había dirigido un escrito al tribunal que estaba enjuiciando a Chaves y Zarrías por la pieza política del caso ERE en el que negaba su existencia: «No hay perseverancia de ningún convenio» en la base de datos, adujo. Había un fallo en la fecha: el acuerdo era del dos de diciembre de 1999 en vez del día 22, mas este descuido no impidió que el exdirector supiese lo que se le pedía. En verdad, lo mandó, un año después, al juzgado. Para entonces, el juicio ya había concluido y la prueba ya no podía ser valorada por el tribunal que dictó la sentencia.

Aquel préstamo «nunca tuvo pretensión de ser cobrado» y era un mero artificio, una «simulación» -de este modo lo llama la Fiscalía-, un trampantojo, valga el símil culinario para una planta insigne por sus chorizos. La Junta daba un crédito como un «anticipo» de las subvenciones futuras que le iba a entregar, conforme figura en el pacto adoptado el 29 de octubre de 1999 por el consejo rector del IFA, ratificado once días después en el Palacio de San Telmo.

No pasó por el consejillo
El pacto jamás pasó por el «consejillo», la Comisión General de Viceconsejeros que prepara las resoluciones que entonces adopta el Consejo de Gobierno. A fin de que el consejillo le diese trámite debía contar con los preceptivos informes de la Intervención de la Junta, el Gabinete Jurídico y la Dirección General de Presupuestos, como cualquier pacto de tan elevada cuantía. Mas la operación carecía de tales documentos y se «coló» en la sesión del Consejo por «la vía de urgencia».

Al Gobierno le acuciaba buscar una salida a Hamsa que aplacara los caldeados ánimos de su plantilla, que habían protagonizado huelgas y escraches a sus dueños. El comité de empresa de Hamsa procuró como negociador al líder de la federación agroalimentaria de Unión General de Trabajadores Juan Lanzas, quien años después haría una fortuna que la Guarda Civil cifró en siete con cuatro millones como conseguidor de subvenciones para ERE de empresas.

Con el falso préstamo, la Junta vendía la factoría y se quitaba un inconveniente que conminaba su paz social. Asimismo puso el dinero. Los fondos no salían de manera directa de la Consejería de Trabajo, sino más bien de un ente externo, el IFA, pues en el mes de febrero de 1999 la Comisión Europea había declarado ilegales los más de 54 millones de euros en ayudas con los que había regado el Gobierno andaluz a la compañía. Bruselas le forzó a explorar una nueva vía. El Ejecutivo disponía y el IFA pagaba sus compromisos políticos, al no estar sometido a exactamente los mismos controles.

La vieja Cárnicas Molina se transformaba de este modo en un laboratorio del sistema ilegal de los ERE. Este procedimiento se institucionalizó por medio de las partidas presupuestarias 22E y 31L. La Consejería de Empleo alimentaba fondos al IFA (entonces reconvertido en la agencia IDEA), a través de trasferencias de financiación y el ente externo abonaba las ayudas de empresas elegidas de forma antojadiza o bien arbitraria para «eludir los procedimientos establecidos para la concesión de subvenciones».

La factoría pasó por otros dueños. Tras Campocarne llegaría Primayor. Mas el declive persistía. A fines de 2007 Zarrías se reunió en su despacho oficial con José María Ruiz Mateos para mediar en su adquiere. La operación fracasó. El conjunto del empresario jerezano, Dhul, entró en concurso de acreedores a inicios de 2010. Tras cientos y cientos de millones gastados, una nave en ruinas es el día de hoy el único testimonio que queda de la cárnica que más desvelos ocasionó al Gobierno de Chaves.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *