Gobierno y País Vasco apuran los días para su próxima sesión del 20 de febrero, en la que la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Carolina Darias, comunicará el calendario de traspasos comprometidos al Ejecutivo vasco. La trasferencia de Cárceles va a ser «inmediata», por el hecho de que ya estaba prácticamente a punto con Meritxell Batet antes que el devenir electoral lo paralizara todo. La relativa a la Seguridad Social, que entonces optó por estacionarse, todavía se negocia. En Moncloa aseguran que no hay nada decidido aún mas que el «entendimiento está avanzado». En Ajuria-Enea dan por sentado las dos competencias, una vez que Pedro Sánchez prometiese al PNV en su alegato de investidura cumplir con el desarrollo terminante del Estatuto de Gernika. El Ejecutivo central daría de esta manera al de Iñigo Urkullu el mejor cartel electoral con el que concurrir a los comicios adelantados del cinco de abril. El PNV va a poder exhibir frente a la ciudadanía vasca que su entente en la villa de Madrid –permitiendo la investidura y apoyando la supervivencia del Gobierno asimismo con los Presupuestos– produce ventajosos intereses para la zona. Mas el terreno del PNV se ve conminado desde la órbita abertzale por Bildu, y es ahí donde entrarían los presos de ETA.El primer paso, en este sentido, ha sido la progresión de grado de 61 de ellos, que han conseguido el segundo grado penitenciario. Esto les da derecho, entre otros muchos beneficios, a 36 días de permiso por año. Lo han logrado sin enseñar arrepentimiento, cooperar con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes cuya autoría se ignora (350) y sin haber abonado a las víctimas las cantidades de dinero en término de responsabilidad civil subsidiaria. En instancias oficiales se sostiene que, si han progresado de grado, y han pasado del primero al segundo, es por el hecho de que han admitido la «legalidad penitenciaria», lo que se considera un paso adelante; y por el hecho de que esta medida no va contra la normativa en vigor. Otros 155 presos se sostienen en el primer grado, el más riguroso, y entre ellos están los que discrepan claramente de la estrategia penitenciaria que marca Sortu, el partido de Arnaldo Otegi. Solo un preso ha alcanzado el tercer grado y se halla hoy en día en la prisión de Pamplona.Los 61 presos en segundo grado, con la citada aceptación de la «legalidad penitenciaria», se podrían transformar, conforme fuentes soluciones, en los primeros que serían trasladados a la prisión de Zaballa, en Álava, donde, según lo que parece, ya están preparados unos módulos en los que serían internados. Se trataría de un paso más allí, una medida amparada por la «legalidad» y que dejaría a los socialistas, de forma especial a los vascos, que están preocupados con este tema por los efectos que pueda tener en su electorado, salir del paso. El tema de los presos etarras está encima de la mesa de las relaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus asociados del PNV y EH Bildu. Los primeros, por medio de Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Colaboración del Ejecutivo vasco, dieron a conocer un plan de acercamiento; los segundos, han dado un plazo apremiante de 6 meses a fin de que se adopte esta medida para procurar que los jeltzales no rentabilicen en exclusiva la medida, sobre todo en vísperas de las elecciones.La convocatoria adelantada de los comicios vascos, que van a tener sitio el cinco de abril, transforma a los presos terroristas en una baza electoral a la que los nacionalistas no van a renunciar; y, para Pedro Sánchez, en un motivo de preocupación, puesto que se verá obligado a hacer algún ademán esencial en este terreno, con las lógicas reacciones de las víctimas del terrorismo y de las formaciones políticas que están contra los acercamientos. Exactamente, para eludir este género de concesiones a los etarras, el PP, en su programa electoral, incluyó un apartado, a solicitud de las víctimas, en el que se planteaban modificaciones legislativas con el objetivo de que el «acceso a un nuevo grado demande, no solo renegar de la violencia, sino más bien la cooperación eficaz para aclarar los crímenes que todavía quedan impunes».En cualquier caso, los presos que han ante este paso lo han hecho por el hecho de que la dirección del EPPK (el colectivo que los reúne) se lo ha tolerado, con el objetivo de aprovechar los resquicios que tiene la ley y conseguir beneficios sin cumplir las condiciones ya antes citadas.Para el Ejecutivo social-marxista podría ser esa baza que desean los separatistas vascos, que, de esta forma, la podrían presentar como un logro, uno más, «arrancado» a la villa de Madrid, a lo largo de la campaña electoral. Además de esto, Sánchez cuenta con el apoyo incondicional de Podemos, que se ha manifestado claramente en favor del acercamiento al País Vasco y Navarra de los presos etarras.

Fuente: larazon.es

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