Con todas y cada una de las encuestas apuntando como ganador al Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez se juega el 10-N la magnitud de esa victoria –mejorar los 123 miembros del Congreso de los Diputados del 28 de abril– y el margen que esta le dé para solucionar el rompecabezas de la gobernabilidad. Fuentes próximas al aspirante reconocen el «laberinto» en el que se halla inmerso, puesto que riña por sostener el resultado del 28-A para garantizar que su estrategia de reiterar los comicios no fue un fallo. En su entrecierro el optimismo es total y se aspira a superar los 130 escaños y el 30% de los votos. La campaña del Partido Socialista Obrero Español ha estado enfocada en cautivar a la «mayoría cautelosa» que demanda un Gobierno estable y fiable, mas los excesivos guiños al centro de Sánchez no han servido para captar tanto votante titubeante como se aguardaba y sí han hecho que desatendiera al de izquierdas. Esto ha obligado a extremar los sacrificios en la recta final para amarrar su tradicional nicho electoral, sobre todo, tras el tropiezo de cuestionar la autonomía de la Fiscalía. Los socialistas advirtieron una fuga de voto por la izquierda, que creían cegada, cara un Pablo Iglesias con permanente mano tendida al pacto y que el Partido Socialista Obrero Español no ha admitido. Esto ha obligado a dar un nuevo giro a la izquierda, anunciando que se va a llevar al Constitucional la proposición aprobada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Reunión de la capital de España que prevé la ilegalización de los partidos separatistas. Idéntico instrumento al que se ha usado contra los soberanistas en el Parlament de Cataluña. No obstante, el «laberinto» de Sánchez no termina el día de las elecciones, sino comienza tras el escrutinio electoral. Los números son testarudos y adelantan un nuevo bloqueo que, aunque puede salvarse de cara a una investidura –para eludir una tercera cita con las urnas–, volvería a reactivarse en el cada día de la gobernabilidad, toda vez que los socialistas deban aprobar una iniciativa o bien, en el escenario más inmediato, los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el plan de Moncloa es mirar a izquierda y derecha. Respaldarse en Unidas Podemos y los independentistas para sacar adelante su ambiciosa agenda social y recurrir a la solvencia de los partidos constitucionalistas –en esencia Partido Popular y Ciudadanos– para los grandes temas de Estado. La intención prosigue siendo regir a solas y van a ser las urnas quienes certifiquen esta capacidad. En el entrecierro del aspirante no esconden que la llave del desbloqueo va a estar a cargo de Pablo Casado y en las 48 horas siguientes a las elecciones se le remitirá a él, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera una oferta adaptada para fomentar la capacitación de Gobierno. El peso de cada una de ellas se corresponderá con los resultados que las urnas les den, mas en el Partido Socialista Obrero Español piensan que si ganan por tercera vez las elecciones, deberán ser estos partidos los que se muevan para dar cumplimiento al orden que los españoles han reiterado en las urnas. La llamada a la movilización que los socialistas han hecho a lo largo de la campaña se ha apoyado en la ocasional pujanza de Vox. El partido de la ciudad de Santiago Abascal puede representar las 2 caras de una misma moneda. Por una parte, entendido como amenaza puede servir como elemento movilizador de la izquierda, no en balde, Sánchez da verosimilitud a los sondeos que les sitúan como tercera fuerza, si la caída de Podemos y Ciudadanos se torna real. Los socialistas han encontrado en la capacitación de ultraderecha el mejor acicate para gastar a Partido Popular y Cs, a quienes da un rol subalterno, y fomentar la división de la derecha. No obstante, nutrir a Vox, con la meta de que adquiera unas dimensiones que hagan que «el Partido Popular tenga imposible regir en el futuro», puede asimismo complicar que la solución al desbloqueo venga de Pablo Casado, si tiene a Abascal pisándole los talones.

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