Pedro Sánchez oficializó el día de ayer la composición de su nuevo Gobierno, que va a tener una dimensión clave en el campo de la Justicia en lo referente a su orientación cara Cataluña.En qué sentido se resuelvan las numerosas causas abiertas que afectan a la activa catalana, como la situación que adopten las instancias dependientes o bien que representan al Estado, van a tener una implicación directa sobre las relaciones a dos bandas que tanto Gobierno como Generalitat se han propuesto fortalecer en esta legislatura. El compromiso de Sánchez –en el acuerdo de investidura firmado con Esquerra Republicana– de «no judicializar la política» va a tener un efecto inmediato en la renovación de puestos clave de estas instancias.Una vez que Juan Carlos Campos se transforme oficialmente el día de hoy en el nuevo ministro de Justicia, el nombramiento que más se espera es el de quién reemplazará a María José Segarra al frente de la Fiscalía General del Estado. Su continuidad sería una sorpresa mayúscula para toda la carrera, donde se da por seguro un relevo. La actuación de Segarra en todo lo relacionado con el «desafío independentista» catalán no ha dejado sitio a dudas: desde el primer instante apoyó el criterio de los fiscales asignados a esa causa. No vaciló en acreditar la acusación por rebelión y en oponerse a todos y cada uno de los recursos de los líderes del «procés» e inclusive solicitar que tuvieran que cumplir la mitad de la pena antes que pudieran acceder al tercer grado.En ningún instante se dejó atemorizar por absolutamente nadie y los «tiempos políticos» no le han influido lo más mínimo. Ello le mereció no pocas críticas desde el independentismo catalán. Si este aguardaba algún ademán se ha dado de bruces una y otra vez. Como mantiene Cristina Dexeus, presidente de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), «pese a no compartir con ella muchas de sus resoluciones, sí debo resaltar que no ha interferido en la actuación de los fiscales de la causa singular del ‘procés, lo que ha sido relevante para la institución».La resolución de quién le relevará –o si por último se opta por sostenerla, algo verdaderamente complicado– se va a conocer en poquísimo tiempo, en días. En verdad, en el Consejo General del Poder Judicial están en «alerta» para festejar un Pleno excepcional a fin de que emita el preceptivo informe de que cumple los requisitos para acceder al cargo. Así, si la resolución se hiciese pública mañana, el Consejo podría informar el miércoles o bien jueves y procederse a la oficial en el Consejo de Ministros del viernes. Si se retrasa la propuesta, el nombramiento se generaría el viernes 24 de enero.

Semilibertad

Y, como toda vez que se marcha a generar un relevo empieza el baile de aspirantes. En este punto aparecen 3 nombres sobre la mesa: la juez del Tribunal Supremo Ana Ferrer y las fiscales Almudena Lastra y Gabriela Bravo. Ana María Ferrer, quien sostiene una buenísima relación con Cándido Conde-Pumpido, fue la primera juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo y ha formado una parte del tribunal que condenó por sublevación a Oriol Junqueras los otro líderes del «procés».Almudena Lastra, por su lado, es una fiscal de clara tendencia «progresista» que, como el nuevo ministro Juan Carlos Campos, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo en el CGPJ y en exactamente el mismo orden que Lastra, estuvo Gabriela Bravo, actual consejera de Justicia de la Generalitat de Valencia y muy vinculada a la Unión Progresista de Fiscales. Bravo siempre y en toda circunstancia ha estado en las últimas quinielas para ocupar bien la Fiscalía o bien aun el Ministerio de Justicia, mas al final siempre y en toda circunstancia se caía.Uno de los grandes desafíos a los que deberá hacer frente el nuevo responsable de la Fiscalía General, y que formará la «prueba» del algodón, va a ser la situación que sostenga el Ministerio Público en todo lo relacionado con la situación penitenciaria de los condenados del «procés», de manera especial si les otorga el 100.2 o bien una progresión de grado, o sea, si recurrirá esas resoluciones – se trata de un segundo grado que introduce el llamado principio de flexibilidad, adoptando con respecto a cada penado un modelo de ejecución en el que puedan conjuntarse aspectos propios de cada uno de ellos de los grados de clasificación. Ello deja agregar progresivamente al Medio Abierto penados clasificados en segundo grado de tratamiento–.Junto a ello, va a haber que estar atentísimo a la política de nombramientos, algo que resulta definitivo. Mas, quizá, y por encima de todas las cosas, está el reto de conseguir una genuina independencia de la Fiscalía General del Estado respecto del Poder Legislativo. Como mantiene la representante de la Asociación de Fiscales, hay que «potenciar la independencia de la Fiscalía General del Estado, demandar la autonomía presupuestaria y de administración respecto del Ministerio de Justicia y la competencia exclusiva en materia de capacitación de los fiscales».En cuanto a lo que puede derivarse de todo lo relacionado con el «procés» y lo que pueda generarse de ahora en adelante, Dexeus lo tiene claro: «Si se generan hechos que recubran carácter delictivo y existen pruebas de su autonomía, debemos perseguirlos, sin que cuestiones extrañas al campo jurídico penal interfieran en esta tarea y el cargo del fiscal general del Estado asimismo está vinculado a estos principios».

Fuente: larazon.es

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