Después de Volkswagen en el mes de mayo y Renault el martes, Peugeot y Citroën han sido encausadas por «fraude» en Francia en la investigación sobre el escándalo del «dieselgate», desbloqueando de esta manera un expediente que llevaba años atascado y que asimismo podría desembocar en la acusación de Citroën y Fiat-Chrysler.

En un comunicado, Stellantis, matriz de Peugeot y Citroën, anunció la imputación de su filial «por acusaciones de fraude sobre la venta de automóviles diésel Euro cinco que tuvo lugar en Francia entre 2009 y 2015».

«Nuestras filiales están de manera firme persuadidas de que sus sistemas de control de emisiones cumplían todos y cada uno de los requisitos aplicables en ese instante y los prosiguen respetando en la actualidad, y aguardan con impaciencia la ocasión de demostrarlo», agregó el conjunto.

Una fuente judicial confirmó el miércoles la imputación de Peugeot por el cargo de «fraude que acarrea un riesgo para la salud del humano o bien del animal».

Un informe de la DGCCRF (Dirección General de Competencia, Consumo y Opresión del Fraude), trasmitido a la justicia en el mes de febrero de 2017, mentaba una «estrategia global destinada a fabricar motores fraudulentos, y después a comercializarlos».

Conforme los estudiosos, PSA (Peugeot-Citroën) vendió entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015 en Francia unos uno con nueve millones de automóviles diésel de generación Euro5 (regla en vigor hasta 2015), «cuyo motor marcha conforme estrategias fraudulentas».

Frente a las infracciones observadas, la DGCCRF calculaba que la compañía incurría en una multa máxima de cinco.000 millones de euros (seis.000 millones de dólares americanos). Una suma gigante mas 4 veces menor que la multa máxima, 19.700 millones de euros (24.000 millones de dólares americanos), evaluada por la DGCCRF para Volkswagen.

El fabricante fue encausado el seis de mayo por «fraude sobre las cualidades substanciales de una mercadería que acarrea un riesgo para la salud del humano o bien del animal», notificó a la AFP una fuente judicial.

El gigante alemán dio cuenta el miércoles de su imputación en Francia en un comunicado en el que impugna que haya «perjuicio» para los usuarios en este país.

Al tiempo, el expresidente directivo de Volkswagen Martin Winterkorn fue acusado de falso testimonio en Alemania frente a una comisión parlamentaria de investigación sobre este escándalo de motores manipulados, conforme la fiscalía alemana.

El dieselgate, que ha desencadenado acciones legales en numerosos países, ya le ha costado a Volkswagen 30.000 millones de euros (36.500 millones de dólares americanos), en una gran parte en E.U., donde el conjunto alemán se declaró culpable de fraude en 2017.

En 2015 Volkswagen reconoció haber pertrechado 11 millones de sus automóviles diésel con un software capaz de esconder emisiones que en ocasiones superan 40 veces las reglas autorizadas. Desde ese momento, las ventas de vehículos diésel se han desplomado.

En Francia, las investigaciones de la DGCCRF asimismo dejaron patente «el carácter deliberado del fraude» de Volkswagen. Aseveran que el conjunto alemán vendió prácticamente 950.000 automóviles diésel, pertrechados con el dispositivo fraudulento, en territorio francés.

Volkswagen ya ha impugnado
Aparte de estar encausadas, todas y cada una estas empresas son objeto de un control judicial acompañado de copiosas garantías para el ocasional pago por daños y multas: hasta 20 millones de euros (24 millones de dólares americanos) para Renault, y fuertes garantías bancarias para indemnizar los posibles perjuicios y hasta 60 millones de euros (73 millones de dólares americanos) para Renault y Volkswagen.

«Todos los elementos semejan confirmar las infracciones cometidas por los diferentes fabricantes. Los dueños de los automóviles perjudicados no comprenden que no se celebre un juicio lo ya antes posible», reaccionó este miércoles François Lafforgue, letrado de las asociaciones «Ecologie sans frontières», «Respire» y cien dueños de automóviles.

El escándalo del «dieselgate» es objeto de diferentes informaciones legales en Francia. Las investigaciones sobre este escándalo se han visto frenadas a lo largo de un buen tiempo por una batalla legal frente al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El martes, Renault fue el primero en anunciar que había sido acusado. En la lista quedan múltiples posibles objetivos auxiliares, como Fiat-Chrysler, asimismo perteneciente al conjunto Stellantis. La imputación es un paso preliminar para un posible procesamiento en Francia.

Fuente: ABC.es

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