CSIF advierte del aluvión de demandas de los profesionales, que se niegan a atender a pacientes inficionados por no contar con el material conveniente y son conminados con expedientes. Los funcionarios solicitan la paralización de las actividades no esenciales del país

La precariedad de medidas de protección con las que están encarando los profesionales sanitarios la pandemia del coronavirus, que ha transformado a la primera línea de combate en la más castigada por los contagios, amenaza con castigar la supuesta inacción del Gobierno en los tribunales. En este sentido, frente a las incesantes demandas del personal médico del Servicio Nacional de Salud, el sindicato de funcionarios CSIF ha anunciado que estudia acciones jurídicas y cientos de demandas frente a la Inspección de Trabajo o bien aun a la Fiscalía, “para que tomen cartas en el tema frente a la situación de desprotección a la que se ve expuesto el personal de viviendas de mayores y de la Sanidad en muchos centros de salud que, obligados por sus superiores, deben atender a pacientes con coronavirus sin contar con de los materiales de protección convenientes, como mascarillas seguras, EPIs o bien lentes protectoras”. En un comunicado, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, demanda que la carencia de este material “está provocando un elevado número de bajas entre celadores, TCAEs y enfermeras, médicos y normalmente de todo el personal que trabaja en la Sanidad (mantenimiento, limpieza, administración)”. En verdad, y conforme los datos oficiales, España es el día de hoy el país con el porcentaje mayor de sanitarios inficionados, 4 puntos porcentuales más que Italia. Conforme CSIF, empieza a instalarse entre el personal sanitario una “rebelión”, puesto que muchos se niegan a atender a pacientes inficionados debido a la alta exposición al virus por contar, por poner un ejemplo, con mascarillas quirúrgicas, que no sirven para eludir contagios, y no con las pertinentes FFP2. Esta situación está provocando amenazas de los superiores, que advierten de la incoación de expedientes, conforme CSIF. Esta división entre los profesionales en el peor instante de la expansión de la pandemia, queda reflejada en el caso de una jefe médica en el Centro de salud Álvaro Junqueiro (Vigo), que ha sido depuesta tras criticar la carencia de medidas de protección. El sindicato asimismo ha denunciado la actuación de la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que “en una comparecencia inverosímil ha responsabilizado a los propios profesionales de sus contagios”. CSIF advierte de que está tomando nota de estos mandos intermedios y equipos directivos para, cuando pase esta crisis, denunciarlos frente a las instancias pertinentes y solicitar su cese por poner bajo riesgo la salud de los trabajadores.Estas amenazas de apertura de expedientes se dan en el centro de salud Ramón y Cajal de la capital de España, en el que un conjunto de unos 50 sanitarios, entre enfermeras, TCAEs, celadores y médicos, se han plantado frente a los mandos intermedios, puesto que estos les niegan las mascarillas que son obligatorias para atender a pacientes inficionados.

Cierre de la actividad laboral no crucial

Asimismo, CSIF ha dirigido una carta al Ministerio de Sanidad a fin de que el Gobierno proceda al cierre de la actividad laboral de todas y cada una de las compañías excepto las que por su actividad estén consideradas como servicio básico esencial al amparo del estado de alarma, para combatir la pandemia. Asimismo se demanda que los trabajadores que por su actividad profesional deban asistir a su puesto, sean considerados de alto peligro y por este motivo dotados inmediatamente de protección individual suficiente y conveniente, prestando singular atención al personal de la sanidad.

Fuente: larazon.es

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