La alianza electoral Lliures per Europa (Junts) encabezada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado una querella en los juzgados de la villa de Madrid por presunta prevaricación administrativa contra los vocales de la Junta Electoral Central (JEC) Carlos Vidal y Andrés Betancor por la resolución del órgano de excluirle a él y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista a las elecciones europeas. En la demanda recogida por Europa Press, la alianza ha aducido que se dirige la acción contra Vidal y Betancor pues los 2 «son integrantes de la JEC a propuesta de los 2 partidos que presentaron rutas protestas ante dicho órgano, a fin de que fuesen excluidos», en referencia a Partido Popular y Cs, respectivamente. Y ha recordado que los dos demandados ya «se habían pronunciado en público contra el Sr. Puigdemont, el partido que lidera y también, aun, la opción política que los 3 aspirantes, entonces excluidos, representan en términos muy concluyente y desfavorables» en medios y en Twitter. Sobre la resolución de excluirles del 28 de abril –que fue más tarde anulada por un juzgado contencioso de la villa de Madrid el seis de mayo–, ha indicado que fue «dictada por los 2 querellados, contaminados anteriormente por sus respectivas situaciones ideológicas y políticas como por su proximidad a los partidos que instaron la exclusión de los 3 primeros aspirantes de la alianza demandante» y que era contraria a las disposiciones legales. «Para cualquier operador jurídico medio, no puede sino más bien desprenderse que este [el acuerdo de la JEC de excluirles] se fundamenta en una argumentación jurídica patentemente absurda y también irracional» y que no cumple con la regulación del proceso electoral, ha señalado. Y ha añadido: «Es realmente inaudito, asimismo peligroso en términos democráticos, que, aprovechándose de su infinito poder en periodo electoral, los demandados, animados por su deseo de aniquilar a sus contrincantes políticos, como se aprecia en el presente caso, dictasen una resolución claramente arbitraria y peculiar a fin de impedir que los 3 aspirantes excluidos usaran su derecho de sufragio pasivo». Argumentos Para argüir la «concida y evidente contradicción con la legislación actual» del pacto de la JEC que les excluyó, la alianza ha recordado que hubo un voto particular del presidente del órgano, Santiago Menéndez; su vicepresidente, Eduardo Pelado, y las vocales Ángela Figueruelo y también Inés Olaizola. Además de esto, ha considerado que puntos del pacto como la demanda de estar en el censo electoral para poder presentarse a las elecciones y que la situación de rebeldía procesal que adujo la JEC como causa de inelegibilidad no se corresponden con lo que establece la ley. Sobre el primer punto, ha aducido que citaron fragmentos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de forma «torticiera» suprimiendo ciertos fragmentos para, a su juicio, sostener el presunto requisito de ser residente en territorio de España para poder presentarse a las elecciones. Y sobre la situación de rebeldía aducida por el pacto de la JEC anulado, ha apuntado que «no es en ningún caso una causa de inegibilidad ni puede privar a absolutamente nadie de su condición de votante» y que es de manera directa imputable a la resolución del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de retirar las órdenes de extradición.

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