Montse SerradorVALLADOLID
Actualizado:17/09/2020 08:30h
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Control «extremo» para el cumplimiento de las cuarentenas en Valladolid y Salamanca
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La Consejería de Sanidad va a facilitar a los alcaldes de León, Valladolid y Salamanca (como primeras urbes) la lista de las personas que deben cumplir la cuarentena en sus domicilios por ser positivo de Covid-19 o bien, todavía siendo negativo, ser un contacto «estrecho» de un contagiado y también, aun, estar pendiente de la prueba PCR. De esta manera lo aseguró el día de ayer a ABC el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien garantizó que esta medida no supone una transgresión de la Ley de Protección de Datos al destacar que un regidor municipal es considerado autoridad sanitaria. Es más, conforme explicó, la vigilancia, que empezará a efectuarse esta semana, cuenta con el visto bueno de los Servicios Jurídicos de la Junta que acreditan la medida.
Así, van a ser lo agentes de las policías locales de cada ayuntamiento los que se ocupen de contrastar que las personas a las que se ha pedido que continúen apartadas en sus domicilios, lo están a lo largo de los preceptivos 14 días.
«Queríamos contar con del informe jurídico y tenerlo todo bien atado», apuntó Igea, para quien «está claro que lo podemos hacer». Reconoció, sin embargo, que es una ingente tarea puesto que son miles y miles de personas las que están en cuarentena. En Valladolid llegan a las tres.000, en Salamanca a dos.000 y en León son unas 1.200, cifras que, sin embargo, cambian día tras día. Por esa razón, el vicepresidente de la Junta traslado a los municipios que «a absolutamente nadie le solicitamos lo imposible; solo cooperación por el hecho de que saben hasta dónde pueden llegar y sabemos lo que es estar escasos de plantillas». Recordó, sin embargo, que «esta situación demanda esfuerzos». Sobre la necesidad de que se diseñe un protocolo de actuación, advirtió de que «no hace falta mucho protocolo», solo que se cumpla la Ley, si bien sí anunció que se van a dar ciertas pautas de actuación.
Exactamente, las multas por no hacer la cuarentena están de manera perfecta recogidas en el Decreto de la Junta que recoge el régimen sancionador por infringir las medidas de contención frente al Covid. De esta manera, la multa va de 100 a tres.000 euros (infracción leve) por saltarse el aislamiento habiendo dado negativo en Covid; de tres.001 a 60.000 euros (graves), si se es positivo, y de 60.001 a 600.000 (muy grave) cuando aparte de ser positivo se ha infringido la cuarentena repetidamente.

Recelos municipales

Los municipios de León y Valladolid mostraron serias dudas sobre la manera de hacer el control que se demanda a las policías locales para el cumplimiento de las cuarentenas. Inseguridad tanto por la carencia de medios suficientes para efectuar esta tarea como por el hecho de que se pueda vulnerar la Ley de Protección de Datos, puesto que habría que facilitar no solo el nombre sino más bien asimismo la dirección de las personas que se hallan apartada en su domicilio.
De esta manera, el regidor de León, José Antonio Diez, advirtió de «la imposibilidad de la administración local y de la Policía Local de tener un seguimiento de las personas en cuarentena». Por esta razón, demandó «protocolos específicos que dejen a nuestros agentes efectuar de alguna forma esas tareas de vigilancia». Diez lamentó que «hasta hoy, la competencia es de la Junta, que nos solicita rigor a los municipios cuando han sido inútiles de hacer nada».
Asimismo en el Municipio de Valladolid reina el desconcierto por de qué forma se debe supervisar los aislamientos y, sobre todo, por la carencia de medios suficientes y la duda de que exista un soporte legal para la actuación de la Policía Municipal que puede llegar a vulnerar la protección de datos. El concejal de Salud Pública y Seguridad ciudadana, Alberto Palomino, aseguró que «la plantilla de policías locales es la que es», de manera que se pregunta «cómo podré supervisar a tres.000 personas en cuarentena». Se supone, apuntó, que se van a hacer «catas» y que se va a facilitar una lista con las personas que están recluídas, algo que consideró puede no ser legal.
En todo caso, explicó que el Municipio está a la espera de conocer el protocolo en el que se explique la manera en la que van a deber actuar los agentes que, recordó «se van a ver obligados a hacer más horas que va a deber abonar el Ayuntamiento». Además de esto, advirtió de que a estos profesionales públicos cada vez se les asignan más cometidos, como los de sancionar por no emplear mascarillas o bien por el mal empleo de las terrazas. «Nos dejan toda la responsabilidad sin medios materiales ni humanos», denunció Palomino para quien la Junta «no sabe de qué forma actuar».
En Salamanca, en cambio, no ponen reparos a la cooperación en forma de vigilancia policial. Es más, ya hace unas semanas que la Policía Local de esta urbe participa en la ubicación de las personas que deben hacer cuarentena y a las que Sanidad no consigue localizar, conforme recordó el concejal de Protección Ciudadana, Fernando Carabias. Aunque hasta el momento era una medida inusual, desde esta semana «será un trabajo extra, deberemos hacer un esmero y reordenar las plantillas mas el fin lo justifica dada la situación actual», explicó.

Protocolo

La cooperación entre la Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno sí va a contar con un protocolo concreto que firmarán dentro de poco el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el encargado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo. Este, exactamente, informó el día de ayer de que si se infringe una cuarentena hay una sanción administrativa, mas si hay una resolución judicial, «se puede generar un delito de desobediencia a los tribunales y tiene consecuencias de orden penal».
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Fuente: ABC.es

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