La Fiscalía ha pedido una pena de un año y 8 meses de prisión para una mujer acusada de un delito de apropiación incorrecta, tras aparentemente quedarse con objetos de artistas como Joaquín Sabina, Carlos Santana, Manolo García y Loquillo, entre otros muchos, que decoraban un bar de la capital cordobesa y que eran de su asociado en este negocio, valorados todos en 151.350 euros. El juicio se prevé festejar el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Conforme recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el mes de octubre de 2006 la procesada formó una sociedad al lado de otras 5 personas y a ella le confiaron la administración de exactamente la misma, al unísono que alquilaron un local para destinarlo a bar cafetería.

A este respecto, uno de los asociados era dueño de una compilación privada de fotografías, guitarras, prendas de vestir y otros objetos relacionados con el planeta del espectáculo, puesto que era directivo artístico, de forma que cuando se abrió el convocado local prestó todo a fin de que sirviese de decoración.

Uno de los asociados prestó al negocio su compilación privada de objetos de artistas

Concretamente, el perjudicado cedió un total de 16 discos de oro o bien de platino que le habían cedido diferentes grupos; guitarras de Julieta Venegas, Andrés Calamaro, Carlos Santana, Bryan May, El Canto del Ido, Estopa, Rosendo, Nacho García Vega, Hombres Gancho, Los Ronaldo, Pureza y Enrique Urquijo.

Asimismo había una pintura al carboncillo de Antonio Flores firmada por Rodrigo Solar, una camiseta de Nacho García Vega, una chaqueta y una pintura de Joaquín Sabina, una pintura de Manolo García, una chaqueta de Loquillo, un monolito de disco de diamantes de Hombres G y fotografías originales de diferentes artistas.
Entre enero del año 2007 y hasta la actualidad, se han producido modificaciones estatutarias, como la venta de diferentes participaciones sociales entre los asociados que en un inicio formaron la sociedad.
A consecuencia de que la coyuntura económica de la sociedad no era positiva, teniendo pérdidas, se acordó una ampliación de capital, aunque al no solventarse “los inconvenientes de precariedad económica” que presentaba, se decidió arrendar el local en el que se hallaba el bar.

En este sentido, la acusada, que era la administradora, lo arrendó en modalidad de alquiler de industria a una persona y lo entregó incluyendo la referida compilación con la que se había decorado, propiedad del convocado perjudicado, quien comunicó al inquilino que iba a retirarla del local.
Sin embargo, dicha persona comunicó al mismo que “no le podía devolver los objetos”, pues la administradora de la sociedad era la procesada. Aunque, una vez resuelto el contrato y tras dar las llaves el inquilino a la acusada, esta aparentemente se apropió de los objetos de la compilación, “trasladándolos a una localidad fuera de Córdoba”, sin que conste cuando se ha efectuado esta calificación que la mujer los haya devuelto a su dueño.

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