3 peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado han echado por tierra las tesis de las defensas de los acusados en el juicio del «procés» sobre la inexistencia del delito de malversación. Las 4 funcionarias -que han comparecido a propuesta de la Fiscalía y la Abogacía del Estado- han ratificado que «el gasto se considera efectuado en el instante de la prestación del servicio», produciéndose desde ese momento el perjuicio al tesoro público «con independencia de que esté o bien no pagado», y han cuantificado en 917.648 euros «la suma de todos y cada uno de los importes» de la presunta malversación. Las 4 especialistas han remarcado que esos desembolsos se contabilizan aparte de que, como sucedió en ciertos casos, se renunciara al cobro por la parte de los distribuidores, se anularan los pagos por los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) prohibiendo los actos preparatorios del referédum o bien se devolviesen las facturas. Las 3 peritos de Hacienda han rebatido las primordiales tesis de los acusados para negar el delito de malversación. Por ejemplo, que Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña que contrató a los «observadores» internacionales (por un costo que han cifrado en 176.000 euros) sea una corporación privada al lado de la Generalitat. «Desde cualquier punto de vista que se mire, Diplocat es parte de la Hacienda Pública catalana», ha asegurado la perito de Hacienda Sara Izquierdo, que formó una parte del equipo de especialistas constituido en el primer mes del año de 2018 para inspeccionar los gastos de la Generalitat tras la intervención de sus cuentas. Un equipo que dirigía María del Carmen Tejera, quien ha remarcado que «jamás nunca» recibieron instrucciones de sus superiores para este cometido. Estas 3 funcionarias comparecieron para ilustrar al tribunal sobre la «organización, preparación, logística, financiación y ejecución» del 1-O bien, al paso que la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega, lo ha hecho con relación a un informe de 29 de octubre de 2018 elaborado a solicitud del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barna que estudia el referendo soberanista. Con respecto a la Empresa Catalana de Medios Audiovisuales, que emitió por encargo de la Generalitat el anuncio de las vías ferroviarias que llamaba a participar en la consulta independentista, las peritos han dicho que se trata de una entidad del ámbito público catalán financiada en su mayoría por la Generalitat, que en 2017, por poner un ejemplo, le inyectó 231 millones de euros. «Los servicios públicos no son gratuitos: los financia la Administración o bien los financian los ciudadanos», ha subrayado Tejera. Su compañera Teresa Hernández Guerra se ha referido a la campaña de registro catalanes en el exterior puesta en marcha por la Generalitat y ha constatado que el servicio «se efectuó» y produjo múltiples facturas entre marzo y mayo de 2017 por el diseño del anuncio y su inserción en prensa escrita, redes sociales y también internet, si bien «no se llegó a abonar» puesto que las facturas se emitieron contra el Departamento de Presidencia, mas la Generalitat acordó la suspensión del pago. «No es el procedimiento frecuente», ha reconocido. En conjunto, 220.253 euros, ha ratificado la perito de Intervención General del Estado. Maltrecho ha resultado de esta pericial el ex- conseller, y ahora miembro del Congreso de los Diputados del Congreso, Jordi Turull, puesto que las peritos han ratificado que desde el departamento de Presidencia que dirigía se solicitaron tres,4 millones a la Consellería de Economía en el mes de agosto de 2017 por razones de emergencia (ante «necesidades inevitables y también improrrogables») para la «campaña civisme», que conforme el acusado pretendía fomentar valores civiles, la paz y la solidaridad y para la Fiscalía fomentar el 1-O bien. El contrato se adjudicó a una compañía que renunció «una vez consultados sus servicios legales por los peligros en los que podrían incurrir», y su substituta hizo lo mismo horas después. Por eso no se llevase a efecto, si bien Hacienda considera ese compromiso de gasto suficiente para incurrir en la malversación. Si por causas extrañas al distribuidor, ha explicado Izquierdo, se interrumpe la prestación del servicio y este hecho no es imputable al contratista, la Administración «tiene la obligación de indemnizarle» con un porcentaje del tres al seis% de los servicios no prestados. Cuando ha llegado el turno del interrogatorio de las defensas, las peritos se han visto obligadas a aclarar que no efectúan una investigación. «No somos Policía judicial, sino más bien técnicos de Hacienda. Nuestra fuente de conocimiento es la documentación que nos remite la interventora general (de la Generalitat)». El presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha visto obligado a intervenir. «No examinemos a la perito, por favor», ha reconvenido a los letrados.

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