La libertad de educación ha sido la piedra angular sobre la que ha girado el XXI Congreso y Vida Pública, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas en cooperación con el CEU. Y no podía estar de más actualidad, tras la polémica generada con las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, cuando afirmó que el derecho de los progenitores a escoger centro o bien enseñanza religiosa no mana de forma directa de la Consistución. En una de las conferencias, se presentó un informe elaborado desde una encuesta en la que se puso de manifiesto el descontento de gran parte de la población está preocupada frente a lo que consideran un ataque al pluralismo. Conforme este sondeo elaborado para la plataforma GFK para la plataforma YoLibre.org, el 64% de los españoles estima que no hay suficiente libertad de enseñanza y educación y un 29% piensa que la libertad de educación debería suponer el derecho de las familias a escoger el centro de educación donde formar a sus hijos. El estudio, que se efectuó en el mes de abril del año vigente con un total de 1.000 encuestas de veinte minutos cada una por persona, apunta, además de esto, que el 80% de los encuestados considera «muy relevante» el derecho a la libertad de educación. El secretario general de la CEU UCH, José Manuel Amiguet, recogió estos datos para confirmar que «todavía el derecho a una auténtica libertad de educación prosigue en espera. Conforme advirtió, «el fin único de la educación es servir en la lucha de clases y que afeó que para «universalizar la educación, la única forma es fabricar en serie». Además de esto, Amiguet resaltó que para asegurar la igualad, la «única opción es el monopolio», como que el principio de igualdad «obliga a un solo referente de calidad». «La única forma de prosperar la calidad es acrecentar la inversión», agregó el secretario general de la CEU como la quinta razón. «Así es como la madrastra de lo único desea arrinconar en un obscuro sótano a la Cenicienta de la pluralidad», concluyó Amiguet en la conferencia que ha dado juntamente con el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, quién criticó que el modelo de educación que fomentó la II República –una única escuela pública, laica y gratuita– «iría contra principios esenciales de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico». En este sentido, el rector de la CEU insistió o bien en que la escuela laica «choca de bruces» con la Constitución De España por el hecho de que pretende «que nuestra legislación fomente un estado laico, violenta y vulnera la voluntad de los constituyentes». Además de esto, resaltó que el papel de la familia como «la primordial responsable» de la educación de los hijos y, «solamente cuando los progenitores hacen dejación de sus obligaciones, atañería al Estado resguardar a esos menores abandonados por sus progenitores». Subsidiaria de la pública Lo que está claro es que en el ámbito educativo aún retumban de forma fuerte las declaraciones de la ministra en el congreso de Escuelas Católicas (EC) que se clausuró el día de ayer en la capital de España. Conforme el secretario general adjunto, Luis Centeno, Celaá deja claro 2 mensajes. El primero de todos es que «la concertada es subsidiaria de la pública», Esto quiere decir que, si hay suficientes plazas en un instituto público, hay que cerrar los concertados, cosa que ni tan siquiera contempla la ley educativa actual, que establece que la red pública y la concertada son complementarias. El segundo de los mensajes que lanzó la ministra es que «la libertad de la elección de las familias está supeditada a la programación de los puestos escolares que haga la Administración», afirma Centeno. De esta manera, en vez de crear plazas en centros concertados, si es lo que demandan las familias, es la Administración la que planea el número de forma unilateral de manera que los progenitores deberán escoger entre lo que haya.

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