Cuenta atrás para las empresas españolas en Cuba. Melià, Iberostar y Barceló están a un paso de tener que defenderse en los tribunales de Miami. La semana próxima comienzan a caducar los plazos, unos treinta días, que tenían para presentar alegaciones o llegar a un acuerdo con los demandantes de origen cubano, que les demandan dinero por enriquecimiento ilegal en sus viejas propiedades, decomisadas por el gobierno castrista en 1959.
Donde se cuece esta ofensiva legal sin precedentes es en el despacho Rivero Mestre. En la planta número diez de un edificio moderno de oficinas con ventanales acristalados, Ana Malave, letrada de origen venezolana es la que regula las demandas colectivas, si bien todo el bufete está implicado en el caso. “Nadie de estas empresas nos ha contactado, cuando lo mejor sería que se llegase a un pacto y eludir el pleito”, acepta Malave.

Hoy en día, Melià administra más de treinta hoteles en Cuba; Iberostar, unos veinte, y Barceló, otros 3. ¿A qué se encaran específicamente las hoteleras? Podrían verse obligadas a pagar un monto llamado “daño triple”, esto es, 3 veces el valor actual de la propiedad en la que hacen sus negocios. Aún no se ha hablado de importe a la espera de un peritaje, mas el dinero puede ser notable. Va a haber que ver si el juez se restringe a valorar solo el terreno o bien aun los inmuebles que allá se han construido durante los años. En ciertos casos, los demandantes tienen quilómetros de costa en la isla de Cuba, con lo que hay ingentes sumas de dinero en juego.

La base jurídica de la batalla es la entrada en vigor del llamado título III de la ley Helms Burton, una regla que fue aprobada a mitad de los años noventa, con la meta de desincentivar las inversiones extranjeras en la isla. Dicho título prevé que los ciudadanos que tenían la nacionalidad estadounidense cuando se aprobó la ley pueden demandar en los tribunales de USA compensaciones económicas a aquellas empresas que hicieron negocios sobre los terrenos de su propiedad en Cuba que perdieron, tras la expropiación de la revolución cubana, sin cobrar ni un centavo. Hasta este año, todos y cada uno de los presidentes suspendieron esta una parte de la ley. En el mes de mayo, Trump, con la meta de ahogar el régimen cubano, afirmó basta tras más de 30 años.

Si bien las propiedades no son de las compañías privadas y pertenecen al estado cubano, son las que las explotan desde el punto de vista económico. La única condición para interponer la demanda es que estas empresas tengan activos en USA. Es la forma que hay de cerciorarse de que los demandantes puedan valerse con algo, en tanto que el Estado cubano en cualquier caso no está en condiciones de abonar. O sea, caso de que se les reconozcan sus derechos, podrían ejercer alguna acción sobre las propiedades que tienen, por poner un ejemplo, las hoteleras españolas en suelo de Norteamérica. Asimismo se demanda a los demandantes un pago de seis.500 dólares estadounidenses ya antes de comenzar el litigio, para eludir colapsos en los juzgados.
Conforme estimaciones oficiales estadounidenses, podría haber más de seis.000 personas con derecho a demandar indemnizaciones a Cuba, estimadas en ocho.500 millones de dólares estadounidenses. “Es un juicio largo y que no tiene antecedentes”, acepta Malave. La citada ley afirma que los demandantes pueden cobrar a las compañías por el empleo, con lo que no solo se trata de recobrar las ganancias incorrectas de las últimas décadas, sino hay que discutir de las futuras, si las compañías desean proseguir operando.

Tensa calma

Las firmas españolas sostienen un silencio total a la espera de los sucesos

Múltiples familias de origen cubano, como los Mata, Grutas Angulo y los Sánchez Hill han comenzado a moverse, mas las previsiones del bufete es que vayan incrementando en las próximas semanas. “Animamos a todos que se decidan, por el hecho de que ahora hay una ventana abierta”. Caso de que la ley Helms Burton sea anulada por el próximo presidente, las demandas que hasta ese momento se hayan presentado, proseguirán adelante.
Mas el culebrón que viven las firmas españolas no termina acá. Nick Gutiérrez, letrado y asesor y un veterano sobre estos temas, llega a su cita con La Vanguardia en el bar Carajo, un establecimiento en una estación de servicio donde, como su nombre señala, solo se habla de España. Explica que estuvo entretenido con el Departamento de Estado, que estudia emplear otro as en la manga: el título IV de la Helms Burton.
Este apartado –en vigor mas jamás aplicado–, del que ahora se ha hablado poquísimo, prevé que USA tenga la posibilidad de anular los visados a los trabajadores extranjeros residentes en USA de estas compañías que se están enriqueciendo en Cuba. Esto significa, por poner un ejemplo, que un directivo de España de una de estas cadenas hoteleras en la ciudad de Miami podría, a título de represalia, verse obligado a desamparar el país. En verdad, fuentes bien informadas ya comentan que en estas empresas son siendo conscientes del riesgo y ya se habla de la posibilidad de trasladar sus trabajadores de USA a México.

Para complicar todavía más las cosas, Melià debe defenderse asimismo en España, por el hecho de que en el momento en que entró en vigor la ley Helms Burton en su totalidad, presentó en el mes de junio una demanda conforme el código civil de España por enriquecimiento ilegal en un juzgado de Palma de Mallorca y los demandantes, una familia de origen cubano, solicitan daños de hasta 10 millones de euros, lo que corresponde a las ventajas conseguidos en múltiples hoteles en territorio cubano durante estos años. Está por ver si esta demanda proseguirá de pie o bien se va a tratar de reunir todo en los juzgados de USA.
Por su lado, las compañías españolas sostienen silencio. Se restringen, como Melià, a rememorar que no han usurpado ninguna propiedad y que solo administran el negocio. “Puede desencadenarse una ola de demandas ahora, quizá centenares”, acusa Gutiérrez. “Mis clientes del servicio no son especuladores. Lo hacen por el hecho de que es justo. Sus progenitores vinieron acá en USA con la ropa puesta. Es gente que lo perdió todo y desea que se les compense por el sufrimiento de una vida”, concluye Malave.

Las firmas estadounidenses, en la diana

Si bien no fueran la meta inicial del título III de la Helms Burton, empresas estadounidenses, como el gigante de los cruceros Carnival y los buscadores turística Trivago, Expedia y Booking, corren el peligro de ser procesadas. El razonamiento es que Carnival empleó el puerto de la ciudad de Santiago sin tener los derechos –formalmente pertenecían a una vieja familia cubana–, al paso que los buscadores han ganado comisiones y honorarios al promocionar activos decomisados como, por poner un ejemplo, hoteles. “Me afirmaban que era una pérdida de tiempo y de dinero, mas acá estamos”, declaró Javier García Bengoechea, ciudadano estadounidense, heredero de una familia cubana, que ha denunciado a Carnival. La Helms Burton ha abierto la veda y múltiples nacionalidades están involucradas: hay demandas contra la mexicana Posada, la francesa Accor y el banco Société Generale. Europa está molesta y todavía no sabe ni de qué forma ni en qué momento recurrir al llamado “estatuto de bloqueo”, previsto en la Helms Burton, que anula el efecto en la Unión Europea de las resoluciones previstas en la ley. La petrolera estadounidense Exxon ha demandado al Gobierno de Cuba al mantener que las 2 compañías cubanas que operan en la isla le expropiaron las refinerías, cuando se llamaba Estándar Oil.

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