Ni los votantes socialistas aprueban en su mayor parte el acuerdo con ERC en el que trabajan en La Moncloa para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez. Esta situación es frágil en lo político y en lo sensible, por el hecho de que ya hay señalados líderes del Partido Socialista que han apreciado que comienzan a padecer duros reproches en la calle, cuando hasta el momento siempre y en toda circunstancia se habían movido con normalidad absoluta, como mismos reconocen. Este lamento que se escucha en las filas socialistas coincide, y se explica, en el rechazo mayoritario en el imaginario popular a la cesión al independentismo, y con eso se identifica la negociación con Esquerra, como refleja un sondeo de NC Report. No se aprueba la opción de la reforma constitucional para dar satisfacción a Cataluña, cuestión que es cierto que niegan los negociadores del Partido Socialista, mas tampoco se admite una nueva reforma del Estatuto catalán para otorgar más poder, y si cabe más autonomía, a esa comunidad, salida media que sí proponen desde el Gobierno en funciones.La Constitución, que el día de hoy se memora en el Congreso, está totalmente actual para el 66% de los encuestados. El trabajo se efectuó entre el 13 y el 15 de noviembre, inmediatamente después de la reiteración electoral y cuando aún no se había caldeado tanto el entorno por la negociación de la investidura con el partido de Oriol Junqueras. En congruencia con ese porcentaje, hasta un 69,8% se pronuncia contra que haya cambios constitucionales para reemplazar el modelo autonómico por un modelo federal. Les da la sensación de que va demasiado lejos, y para el secesionismo, no obstante, se les queda corto. Un tema clave para valorar qué contenido verdaderamente se le puede dar a una nueva reforma estatutaria que actualice el encaje de Cataluña en España y en el marco constitucional. El Partido Socialista lleva años discutiendo sobre la España federal como forma de integrar a los nacionalismos. El Estado federal, que la mayor parte de los españoles rechaza, plantea un sistema de poder descentralizado en el que las distintas autonomías tengan todavía más independencia que en nuestros días, mas obedeciendo a una Constitución federal, en la que se establece de qué forma se distribuyen las competencias.La lectura de la encuesta de NC Report asimismo confirma el distanciamiento general de la mayor parte de los españoles, no solo del centro derecha, respecto al discute sobre esa supuesta necesidad de reconsiderar el modelo territorial para abrir nuevos espacios de diálogo para solucionar el «conflicto político», dialéctica de los independentistas, y que fruto de la negociación ha asumido el Partido Socialista en su alegato. El 77,4% rechaza alterar la Constitución para autorizar un referendo en Cataluña. El 73,6% rechaza que la Constitución deba reconocer a España como un Estado plurinacional y a Cataluña como nación. Y el 73,6% se opone a un nuevo Estatuto de Cataluña que dé más competencias a la Generalitat.Está confirmado demoscópicamente que Podemos es el partido más cómodo en este tablero, y que sus votantes pueden ser los más comprensivos, y no todos, con la idea de que se encaren reformas en el modelo territorial que favorezcan a Cataluña y agudicen la diferencia entre comunidades autónomas. Con el añadido, no poco relevante, de que ni tan siquiera los más jóvenes son entusiastas de que se avance por ese camino de dar más poder a Cataluña para mitigar al independentismo. En más de un 60% las nuevas generaciones de votantes se oponen asimismo al Estado federal y a autorizar un referendo en Cataluña. Y en los menores de 34 años, que es donde hay más división, más del 54%rechaza la España plurinacional o bien un nuevo Estatuto catalán con más competencias.Para el 66% de los encuestados la Constitución, que el día de hoy se memora, está totalmente vigenteDe los datos de la encuesta llama la atención que este «no» mayoritario a avanzar cara una mayor descentralización a favor de la Generalitat catalana coincida con una división de creencias sobre el interrogante de si marcha el Estado de las Autonomías. Apuesta por el «sí» el 54,7%. Al paso que el 34% se apunta al «no». Cuando ya en la etapa de orden de José Luis Rodríguez Zapatero se encaró el discute de la reforma constitucional, el Gobierno de entonces recibió un informe del Consejo de Estado que se pronunciaba en favor de comprobar el reparto competencial, mas para fortalecer el poder del Estado central y reordenar competencias que están a cargo de las comunidades. Aquello no fue del gusto del tripartito catalán del que dependía entonces La Moncloa y la resolución fue guardar aquel informe en un cajón. Que ningún Gobierno siguiente se atrevió a desempolvar.Los resultados de este sondeo de NC Report explican los profundos recelos que la negociación del Partido Socialista con ERC produce en sus baronías. Saben que la penalización de sus electorados va a ser altísima si avanzan por ese camino de justificar una investidura en la cesión al independentismo, y ciertos ya han comenzado a sacar el pie del tiesto, prudentemente, por el hecho de que la perspectiva del poder siempre y en toda circunstancia acalla bastante la disidencia. Mas si se específica un acuerdo que contradiga sus intereses, que coinciden con el respeto a lo que mayoritariamente solicitan los españoles, entonces se terminará la protesta prudente y Sánchez deberá buscar otras fórmulas paralelas para sosegar a los presidentes autonómicos si no desea que el «conflicto político» le reviente en casa.

Reformas contra el bloqueo político

Los españoles están cansados del bloqueo político y ven con buenos ojos las propuestas de reformas legales que han circulado como solución para sacar a España de la parálisis en la que lleva instalada desde abril del año pasado. Si bien poco se ha movido verdaderamente desde las elecciones de 2015, que debieron repetirse en el mes de julio de 2016. Ahora lo que falta es que la mayor parte parlamentaria convierta en hechos los anuncios de reformas que no han llegado a concretarse. De este modo, el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ya propuso en su primer alegato de investidura errada una oferta de acuerdo de Estado a todas y cada una de las fuerzas para reformar el artículo 99 de la Constitución de España, con el objetivo de eludir futuros bloqueos políticos en el momento de formar gobierno si las fuerzas políticas eran inútiles de lograr acuerdos. El artículo 99 es el que regula el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno de España, y hasta el 71,7 por ciento de los encuestados por NC Report se declara partidario de esa modificación. Mas asimismo la mayor parte ve bien que rija la lista más votada, hasta un 84,9 por ciento. Un principio que los partidos vienen defendiendo aproximadamente en función de sus intereses. Cuando les ha convenido, se han apuntado a él, y se han desdicho de ese apoyo cuando ha dejado de favorecerles. El Partido Popular fue el enorme portaestandarte de que rigiese siempre y en toda circunstancia la lista más votada por el hecho de que debía batirse contra un mapa de coaliciones de la izquierda que si no lograba mayoría absoluta le dejaba siempre y en toda circunstancia fuera de las instituciones. Ese criterio fue válido hasta el momento en que la división del centro derecha encaró a los populares a la realidad de que o bien llegaban a pactos en su bloque ideológico, con Ciudadanos y con Vox, o bien no podrían regresar a regir en prácticamente ninguna esencial alcaldía ni tampoco en comunidades autónomas. La realidad de las últimas elecciones autonómicas y municipales refleja de manera perfecta esta situación. Y lo mismo puede decirse del Partido Socialista, contrario al gobierno de la lista más votada por el hecho de que lograba con sus pactos poselectorales lo que no le habían concedido las urnas. Hasta el momento en que ahora la demanda por el hecho de que se encara a un escenario nacional de clara ingobernabilidad después de ser por un par de veces la fuerza más votada. En lo que no hay pacto es en aplicar la fórmula de primar al partido ganador de las elecciones con 50 escaños más. El 47,2 por ciento lo apoya frente al 35,8 por ciento que lo rechaza. Para finalizar, hasta un 58,5 por ciento de los encuestados rechaza que el Gobierno del Partido Socialista con Podemos pueda ser considerado como «un peligro» para la democracia.

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