El Partido Socialista, como adelantó LA RAZÓN esta semana, ha registrado una proposición de ley en el Congreso para eliminar los títulos nobiliarios que exalten los valores de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La propuesta del partido de Pedro Sánchez amenaza la continuidad de hasta 37 distinciones, entre ellas el Ducado de Franco. La proposición de ley socialista plantea, además de esto, otras cuestiones como el establecimiento del 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas de Franco y la articulación de un nuevo régimen legal para el Val de los Caídos para separar a la Fundación de la Santa Cruz. En reacción a esta iniciativa, que supondría en la práctica una reforma de la presente Ley de Memoria Histórica, más de doscientas personalidades, entre catedráticos, historiadores y profesionales de diferentes campos de la sociedad, han impulsado un «Manifiesto por la Historia y la Libertad». Este documento mantiene que «no se puede imponer por una ley un solo relato de la historia, puesto que ninguna ley debe o bien puede cambiar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos todavía por razones ideológicas». Los firmantes lamentan que el Partido Socialista «pretenda ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria Ley de Memoria Histórica» que «ataca de forma directa los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o bien cualquier otra condición o bien circunstancia personal o bien social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre en el respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu». Con el apoyo de Stanley Payne, Octavio Ruiz-Manjón, Luis Suárez, Fernando Savater, entre otras decenas y decenas de intelectuales, el manifiesto defiende que «los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios y también investigaciones de exactamente los mismos deben generarse en conjunto y plena libertad para el discute y la confrontación abierta de las ideas, mas nunca bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático». Agrega este escrito que «ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, puesto que de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado». Concluyen los firmantes que «estamos frente a una ley de tipo soviético que no habría de ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde entonces, jamás habría de ser aprobada en una nación como España». La proposición de ley del Partido Socialista confía en su artículo cinco al «ministro eficiente en materia de memoria histórica o bien, por delegación, el órgano designado por aquel» la preparación del catálogo en el que se incluirán los «títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, como de concesión siguiente, que representen la ensaltación de la Guerra Civil y Dictadura, y se procederá a su supresión». En el de ser aprobada, se suprimirá más de treinta títulos nobiliarios todavía actuales como los de condesa del Jarama, duque de Pelado Sotelo, marqués de Dávila o bien conde del Alcázar de Toledo. El conjunto socialista ha cuidado al límite la redacción de la futura ley para poder incluir en este catálogo al Ducado de Franco, debido a las circunstancias particulares de este título. No fue concedido por Franco sino más bien por Juan Carlos I por medio de un decreto firmado el 26 de noviembre de 1975, 4 días tras su proclamación, a favor de Carmen Franco Polo. La clave ¿Consejo de la Memoria o bien Comisión de la Verdad? La proposición de ley del Partido Socialista contempla en su artículo nueve la creación de un Consejo de la Memoria como «órgano consultivo» encargado de realizar informes y propuestas dirigidas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. De igual modo, este Consejo deberá informar del proyecto del plan de fosas para efectuar informes de seguimiento y evaluación del mismo. El «Manifiesto por la Historia y la Libertad» carga contra esta propuesta al estimar que «la implantación de una “Comisión de la Verdad”» por conminar «a quienes sostengan creencias discordantes a la verdad única».

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