Madrid ha aportado el 30% del fondo de solidaridad regional en una década


La financiación autonómica lleva años siendo la protagonista de un pulso tributario que quedó aplazado por enésima vez con la llegada del coronavirus. Caducado desde 2014, el Gobierno espera ahora el dictamen del comité de expertos fiscales para poner en marcha una reforma del sistema de financiación que amenaza con incluir
también la armonización tributaria entre regiones. Pero entre tanto, la polémica sigue subiendo de revoluciones en la arena política. Dirigentes socialistas como el presidente valenciano, Ximo Puig, han abanderado estos meses una cruzada contra Madrid, acusando a la región de ‘dumping’ fiscal y de ser una suerte de aspiradora de recursos, teoría a la que se han sumado también ministros del Gobierno de coalición, como María Jesús Montero

 o Nadia Calviño.

Los datos, sin embargo, reflejan otra realidad. Desde la entrada en vigor del actual modelo de financiación aprobado por el Gobierno de Zapatero y hasta 2019, último ejercicio liquidado, Madrid ha aportado al fondo que financia los servicios públicos esenciales más de 36.000 millones de euros, el 27% del total. Esto es, prácticamente, el triple que Cataluña, que ha contribuido con 12.637 (el 9% del total), según datos del Ministerio de Hacienda. Una cifra que queda a mucha distancia de la otra comunidad aportadora de recursos a este fondo de solidaridad entre comunidades, Baleares, que ha ingresado 2.619 millones, el 2% del fondo desde el año 2009. La aportación del Estado, con más de 83.000 millones, completaría el 62% restante del total del fondo.

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En el lado de los beneficiados por esta caja común del sistema de financiación destaca Andalucía, que ha recibido más del 32% del total del fondo, hasta 43.415 millones ingresados desde 2019. Le sigue Canarias, con 26.431 millones de euros (el 19,7% del total), Galicia con 13.425 millones (el 10% del total) y Valencia con 11.792 millones (8,8%). Teniendo en cuenta que las aportaciones no van de una comunidad a otra sino a un fondo común, podría decirse que Madrid ha aportado casi el 27% del dinero que ha recibido Valencia para mantener sus servicios públicos.

La herencia de Zapatero

El modelo de financiación heredado de la era Zapatero se implantó tras complejas negociaciones y con un resultado que no logró convencer a nadie. La principal fuente de ingresos de las arcas de las comunidades se nutre de los impuestos cedidos parcial o totalmente por la Administración central. Pero además,
el modelo cuenta con algunas palancas de nivelación con las que se busca redistribuir los ingresos por el territorio y reducir la brecha fiscal entre los mismos.

La más importante de ellas es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, cuyo objetivo es que todas las comunidades ofrezcan un nivel similar de los servicios públicos esenciales. Supone el 80% de los recursos del sistema y se financia con una aportación del 75% de los ingresos tributarios de las comunidades y un 5% adicional del Estado. El total se distribuye después en función de la población y otros criterios demográficos y del propio territorio. Además, está el Fondo de Suficiencia Global, que pretende contribuir a la financiación de todas las competencias transferidas y mantener el ‘status quo’ de las regiones para que no pierdan en cada reforma del sistema.

Pugnas por el sistema

Las diferencias que provoca el sistema de financiación llevan prácticamente desde su puesta en marcha generando fricciones entre las regiones. Según el último informe sobre ‘La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2019’, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que actualiza las series de financiación homogénea de las comunidades autónomas de régimen común,
Cantabria es la comunidad con una mayor financiación por habitante ajustado.

Según este análisis, la región que preside Miguel Ángel Revilla ostenta un índice de 116,9 sobre un promedio de 100, seguida de Canarias (con un 114,5) y La Rioja (113). Les siguen Baleares (110,0), Extremadura (108,6), Castilla y León (103,6), Madrid (101,2), Cataluña (100,9), Asturias y Aragón (100,3 ambas regiones) o Galicia (100,2). Por debajo del índice 100, lo que indica una situación de infrafinanciación, hay cuatro comunidades: Castilla-La Mancha (96,8) Andalucía (95,6), Murcia (92,5) y la Comunidad Valenciana (92,1).

El estudio, elaborado por el director de la Fundación, Ángel de la Fuente, utiliza los datos de «población ajustada», que corrige el padrón aplicando los criterios de reparto del propio sistema de financiación, de modo que tiene en cuenta por ejemplo que los costes por habitante de los servicios públicos son mayores en las regiones más envejecidas o más extensas, por citar sólo dos de los factores relevantes.

En todo caso, la petición de revisión del sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 es un clamor, especialmente entre las regiones peor paradas, como Valencia, que ahora tira con dardo hacia Madrid y busca, como también Cataluña, forzar un alza tributaria para la región por la vía de la armonización tributaria que Montero proyecta ya para 2023. Ese año se espera que los países que hayan disparado los gastos, como España, se vean obligados a realizar ajustes. Y es por ello que el Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit estructural con una importante subida de impuestos, entre las que se incluye la citada la armonización de la tributación patrimonial. El impuesto está cedido a las comunidades y algunas lo tienen bonificado, como es el caso de Madrid, lo que ha sido tachado por otras regiones como competencia fiscal desleal.
Ximo Puig llegó a pedir a Pedro Sánchez la creación de un impuesto para las rentas altas en la comunidad madrileña que fue apoyado por el ministro José Luis Escrivá. «Solo puede pretender ocultar su enorme fracaso», contestó entonces a Puig el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido.

La región que preside Isabel Díaz Ayuso ha hecho bandera de su política de bajos tributos en Madrid, con el respaldo del mundo empresarial, y desde 2014 ha exprimido la autonomía fiscal que tiene, junto a las comunidades de régimen común,
para subir o bajar impuestos como Patrimonio o Sucesiones al nivel que deseen. El manejo de esta competencia es lo que ha distinguido a la autonomía madrileña de otras regiones; ha permitido a los ciudadanos pagar menos y ha logrado atraer a empresas de todas las partes del mundo, a diferencia, por ejemplo, de Cataluña, región que no solo cuenta con uno de los Impuestos sobre la Renta más elevados de España, también es la autonomía con más impuestos propios.

‘Infierno fiscal’

Los siguientes pasos tributarios del Ejecutivo se esperan en forma de armonización en impuestos como Patrimonio y Sucesiones, dos tributos que en Madrid están bonificados al 99% en el primer caso y al 100% en el segundo caso, lo que hace que no existan en la práctica. En un paso más, la presidenta Díaz Ayuso ha eliminado los dos impuestos propios que quedaban en la región, sobre instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y el que actuaba sobre el depósito de residuos. Con esta decisión, el Gobierno regional es el primero del régimen común que ya no tiene ningún tributo específico en su territorio. Es uno de los atractivos para la inversión que ofrece esta comunidad y que su presidenta ha explotado en su reciente viaje a Estados Unidos, en los encuentros que mantuvo con los principales fondos de inversión, que observan con preocupación el ‘infierno’ fiscal que está tejiendo Pedro Sánchez.


Fuente: ABC.es .

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