La UE ha puesto en su punto de atención a ciertos de sus estados miembros. La razón: que usan una «legislación fiscal beligerante y poco solidaria» para atraer grandes empresas a cambio de unas laxas obligaciones tributarias. El Comité Europeo de las Zonas (CdR) –el organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de la UE, que encabeza el alemán Karl-Heinz Lambertz– estima que los presupuestos nacionales pierden entre 50.000 y 70.000 millones de euros debido a estrategias de evasión fiscal por la parte de las compañías, una cantidad que aumenta hasta entre 160.000 y 190.000 millones si se le agregan los acuerdos fiscales para las grandes multinacionales, por culpa de los pactos a los que llegan los gobiernos con las grandes corporaciones para darles un trato más provechoso. Para el CdR, una coordinación más potente en este campo a nivel europeo no solo dejaría fomentar la lucha contra los delitos fiscales y la planificación fiscal beligerante, sino asimismo asistiría a progresar las administración y la implantación a las compañías que operan en múltiples países. Las zonas apoyaron la propuesta de la Comisión Europea (CE) para suprimir la necesidad de unanimidad en temas de política fiscal y mudar el criterio a la mayor parte cualificada, en tanto que ahora puede quedar bloqueado cualquier pacto con el veto de un solo Estado. El pleno del Comité Europeo de las Zonas (CdR) apoyó la semana pasada este cambio que Bruselas planteó en el primer mes del año del presente año, con vistas a impulsar ideas que dejarían progresar la colecta, eludir bloqueos en la lucha contra la evasión fiscal o bien facilitar cambios legislativos y fiscales globales, y que, hasta el momento, legalmente requieren la unanimidad de todos y cada uno de los miembros. Hasta un billón de euros De las 14 ideas en política fiscal presentadas desde 2014, 7 quedaron bloqueadas en el Consejo por la oposición de ciertos países. Este es el enésimo intento de Bruselas para poner coto a los abusos legislativos y sobre fiscalidad que apartan a los países de la Unión. El mes pasado de marzo, el pleno de la Eurocámara sacó adelante una propuesta no vinculante para demandar a instituciones y países miembros a que adoptasen medidas específicas contra la elusión fiscal, el fraude y el blanqueo de capitales. Y fue más allí, acusando de manera directa a ciertos países comunitarios por favorecer tratos de favor en las obligaciones contributivas para facilitar la implantación de grandes compañías en sus territorios. Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre y Hungría fueron señalados con el dedo como estados «con peculiaridades de paraísos fiscales» y con una «planificación contributiva agresiva». La Unión Europea eleva aun las cantidades denunciadas por el CdR hasta el billón de euros por delitos evasión y elusión fiscal –incluyendo empresas, particulares y grandes corporaciones en todos y cada uno de los territorios europeos– y en 50.000 millones el fraude con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Su pretensión es atajar de raíz esta sangría y poner punto y final a la «carrera a la baja» en la que se han embarcado ciertos países de la Unión Europea para captar compañías a base de rebajar, por poner un ejemplo, su impuesto de sociedades. Asimismo critican que muchas multinacionales pagan cantidades mínimas de impuestos en comparación con empresas de menor tamaño merced a ventajas fiscales de «dudosa legalidad». La pretensión de Bruselas para solventar estos inconvenientes pasa por aprobar una legislación común del Impuesto de Sociedades, con vistas a asegurar que las compañías pagan esta tasa de forma justa allá donde producen beneficios, y la aprobación del régimen terminante del Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión Europea, que aún se rige por reglas con más de 2 décadas de antigüedad. La Eurocámara asimismo demanda crear una nueva «policía financiera» dentro de Europol y una Unidad de Inteligencia Financiera en la Unión Europea, al paso que aboga por fortalecer las reglas contra el blanqueo y crear una autoridad que vigile estos delitos en toda la Unión. Un enfoque común para colectar más El socialista francés Christophe Rouillon, portavoz del CdR, estima que la fiscalidad «no habría de ser el link más enclenque de la integración europea», y critica que el requisito de la unanimidad ha hecho «imposible» cualquier reforma «sustancial en materia fiscal». Para el eurodiputado, «los estados miembros deben comprender que un enfoque europeo deja una mayor recaudación».

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