Y el guion se desarrolló conforme lo previsto, si bien en ciertas latitudes lo más lógico no siempre y en todo momento sea lo más frecuente. Las juntas de tratamiento de las 3 prisiones catalanas en las que cumplen condena los líderes secesionistas concluyeron el día de ayer que aún no es el instante de concederles el tercer grado; esto es, la «semilibertad». Estiman que, cuando menos de momento, lo recomendable es clasificarlos en segundo grado (régimen ordinario). Se trata, de todas y cada una formas, sencillamente de una propuesta que la segregaría de Medidas Penales, dependiente de la Consejería de Justicia de la Generalitat, va a deber acreditar, algo que sucede en más o menos un 95 % de los casos.

El anuncio lo hizo el día de ayer en conferencia de prensa el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, que, para intentar ofrecer una imagen de neutralidad, optó por quitarse el nudo amarillo que acostumbra a lucir aun en actos oficiales en favor de quienes considera «presos políticos», y que ahora cumplen condena por sublevación en las prisiones de las que es encargado. Quizás de ahí que, y asimismo por los roces entre Esquerra -que dirige la Consejería de Justicia- y Junts per Catalunya (JpC) sobre la clasificación de los presos, Calderó procuró sacudirse responsabilidad señalando lo evidente: «Las penas las imponen los jueces; la Generalitat no dicta las sentencias, solo le toca ejecutarlas». ERC daba por sentado que se iba a plantear un segundo grado, mientras que los posconvergentes afirman estar «decepcionados» por esta renuncia a la «semilibertad». Para comprender este 9 episodio de la sempiterna guerra «esquerroconvergente» no hay que perder de vista que el calendario de la clasificación de los presos se atropella en el tiempo con las negociaciones de Esquerra y el Partido Socialista Obrero Español para la investidura de Pedro Sánchez.

Las juntas de las 3 cárceles, que conforman médicos, sicólogos y educadores, mas en las que el directivo de la cárcel tiene voto de calidad, optaron por el régimen ordinario para los 9 presos. Mas la resolución no se adoptó por «unanimidad» sino más bien tras «un intenso debate», conforme aseguró el día de ayer Calderó, que, en cualquier caso, se negó a dar más detalles sobre las votaciones excudándose en la protección de los profesionales de las cárceles. Tras estas propuestas de las juntas de tratamiento, la segregaría de Medidas Penales tiene ahora un par de meses para aprobar o bien no esta clasificación, si bien fuentes penitenciarias explican que van a tratar de no agotar el plazo; en cualquier caso, no sería ya antes de Navidades. Entonces, en un máximo de 6 meses, las juntas de tratamiento van a deber repasar esta clasificación inicial y van a poder hacer cambios.

La data del aval, clave
La data del aval de esta segregaría de la Generalitat a la propuestas de las juntas es un factor central, puesto que hasta ese momento ni los abogados de los presos ni la Fiscalía van a poder recurrir contra este régimen penitenciario. Hasta ese instante, además de esto, no se les podría aplicar a los presos el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que dejaría flexibilizar este segundo grado asemejándolo en la práctica a las condiciones de «semilibertad» que tendrían en un tercer grado. Se trata de una posibilidad legal, que, en cualquier caso se aplica a una minoría de presos (lo tienen 472 internos en Cataluña de entre más de ocho.000), mas se utilizó en el caso de Oriol Pujol, avalado entonces por la Audiencia Provincial de Barna. A la Fiscalía, en cualquier caso, le resta la posibilidad de recurrir la clasificación de los líderes secesionistas, primero frente al juez de vigilancia penitenciaria y después frente a la Audiencia Provincial.

Permisos ordinarios
Mas alén de la posible flexibilización de la estancia carcelaria de los políticos a través del 100.2 -o bien del 117, aplicado a Urdangarin, que deja salidas mas más ceñidas-, la data en que pronuncie la Generalitat va a ser esencial en lo que se refiere a los permisos ordinarios que dejaría a los presos salir muy puntualmente de cárcel. Y es que estos permisos ordinarios tampoco se les van a poder otorgar hasta ese momento. Para gozar de los permisos ordinarios, los presos tendrán que haber cumplido una cuarta parte de la pena a la que fueron condenados. Los primeros adjudicatarios serían los «Jordis», puesto que en su caso a mediados de enero va a haber trascurrido ya para ellos un 25 % de la condena. Si la Generalitat, por último, acredita pronto estos segundos grados, los líderes de las entidades secesionistas podrían salir ciertos días desde ese instante. El régimen de segundo grado deja un máximo de 36 días por año de permisos ordinarios, al tiempo que con el tercer grado se podrían favorecer de hasta 48. Todo ello, a mayores de las salidas cada día que los presos dispondrían desde una hipotética aplicación del artículo 100.2.

El último en poder beneficiarse de estos permisos ordinarios sería el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a quien de entre los 9 presos, el Tribunal Supremo impuso la condena más alta (13 años). No va a poder conseguir permisos hasta febrero de 2021.

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