La situación política en Cataluña, donde las presiones de los ámbitos independentistas radicales no cejan, afecta no solo a la economía y a la convivencia generalmente, sino más bien asimismo a uno de los poderes del Estado. Concretamente, al Poder Judicial, a quienes lo encarnan en esa comunidad autónoma. Un año tras otro, desde el instante en que se comenzó la deriva secesionista y los jueces debieron aceptar las responsabilidades intrínsecas a su cargo, actuando contra quienes se brincaban la legalidad actual, la situación ha llegado a tal extremo que son cada vez más quienes desean desamparar sus destinos en los juzgados catalanes por otros más «cómodos» para ellos y sus familias. Y, consecuencia de lo precedente, aumentan de forma paulatina las sedes judiciales que no cuentan con un juez titula al frente. La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja de qué forma a fines del pasado año las plazas libres superaban las 90, si bien hoy esta cantidad es superior, «pero marca meridianamente una tendencia», apuntan fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Este hecho se ha constatado muy últimamente en el último concurso de ascenso de jueces a jueces, donde prácticamente el 40 por ciento de las plazas –el porcentaje se ubicaría en torno al 37 por ciento– que salieron en el convocado concurso estaban establecidas en Cataluña. ¿El motivo? Quienes ocupaban esos destinos habrían optado por trasladarse, en no pocos casos tras múltiples décadas, al estimar que la situación, para ellos mismos mas sobre todo para sus familias, hacía recomendable un cambio de destino a otra comunidad y dejar atrás una gran parte de su vida. «En Cataluña siempre y en toda circunstancia ha habido movilidad, mas jamás a los niveles de ahora y esto hay que reconocerlo. Ahora, hay jueces que están abandonando Cataluña tras 25 años en los juzgados o bien tribunales de Cataluña», aseveran a LA RAZÓN fuentes del CGPJ. Y que, se incide a este respecto, si bien es verdad que el cuerpo de opositores catalanes a judicatura es bajo, «siempre llegaban un buen número de aprobados que procedían de otras comunidades y se quedaban un buen número de años, cuando no de forma definitiva». No obstante, la situación en nuestros días ya no es así: «Ahora, prefieren ir destinados a un juzgado de un pueblo y aguardar ahí un par de años hasta el momento en que pueda ascender a juez y mudar de destino, pues prefieren vivir en un pueblo ya antes que en una enorme urbe como puede ser Barcelona». «Situación insoportable» Este es el resultado, se agrega a este respecto, «de la situación prácticamente insoportable» en que deben vivir» los jueces y jueces destinados en la comunidad de Cataluña, «especialmente en los últimos 4 o bien 5 años»: «Han visto de qué forma se tiran excrementos a las sedes e inclusive se ha debido demandar un plan de vigilancia para resguardarlas y soportando continuas quejas, ciertas de ellas con el Gobierno de la Generalitat al frente». El Consejo General del Poder Judicial estima que es completamente preciso estimular a los jueces a pedir destino en Cataluña y eludir que los que ejercitan en ese territorio opten por un traslado a otra comunidad. Para esto, una de las medidas que podría contribuir a conseguir esos objetivos es estimular con un «plus» económico esos destinos, igual que sucede, por diferentes motivos, con los destinados en País Vasco, Navarra, Val de Arán, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esta intención fue planteada por el CGPJ al Ministerio de Justicia en la última asamblea de la Mesa de Remuneraciones. No obstante, la parálisis política que padece este país hace que esa alternativa, donde el Ministerio de Hacienda asimismo tendría algo que decir, sea prácticamente imposible con un Gobierno en funciones y donde la actividad parlamentaria es más bien escasa. A fin de que se pudiese aprobar ese incentivo económico sería preciso que el Ejecutivo lo plantase por medio de un proyecto Ley o bien que cualquiera de los conjuntos la presentase como iniciativa para su tramitación. Esta situación se específica, conforme fuentes judiciales, en el hecho de que en los 2 últimos años han sido unos 60 jueces y jueces los que han optado por dejar sus destinos en Cataluña y ejercer en otras sedes judiciales fuera de ese territorio (en 2018 fueron 48); al paso que, por contra, el número de los que han pedido plazas en Cataluña ha sido mucho menor. De este modo, la memoria del actual año del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja estadísticamente todo lo precedente. En este sentido, la plantilla orgánica de jueces y jueces en 2018 (datos a los que hace referencia la citada memoria) es de 820 plazas, mas los titulares nombrados eran de solo 774. Este hecho ha producido que se haya debido recurrir a 116 jueces sustitutos y jueces suplentes para atender todas y cada una de las sedes judiciales y que se haya debido implantar un sistema de «retenes» en los juzgados para eludir el atasco de las causas .

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