Los altercados vividos la semana pasada en Cataluña, y singularmente en Barna, no han salido sin coste. Conforme el ministro de Promuevo, José Luis Ábalos, la factura que han dejado los actos salvajes protagonizados por los jóvenes secesionistas radicales han tenido un costo de unos siete con tres millones de euros en estropicios en aeropuertos, carreteras y trenes. A esta cantidad habría que sumar otras no cuantificadas como las incidencias en el uso o bien los costos de ocasión perdidos, conforme ha explicado Ábalos en el foro de discusión «El Ágora», organizado por el diario económico «El Economista». En un informe del departamento dirigido por Abalos al que ha tenido acceso Servimedia, se estima que los pasajeros perjudicados superan ya los 190.000. Estos pasajeros han sufrido 166 cancelaciones de vuelos, 243 de trenes y de 4 escalas de cruceros, aparte de los retrasos generados por los cortes en las infraestructuras. Por este motivo, el informe apunta que las incidencias que se están generando en Cataluña en internet de infraestructuras y los servicios de transporte, alén de otras cuestiones que son bastante difíciles de valorar (por servirnos de un ejemplo, imagen exterior), tienen una afección directa muy relevante tanto a los usuarios como en su vertiente económica. En lo que se refiere a la vertiente económica, especifica que los costos derivados de las reparaciones motivadas por actos salvajes superan los dos con uno millones de euros, de los que uno con dos millones se han perdido en el aeropuerto Josep Tarradellas Barna-El Prat, singularmente en las instalaciones del parking. Además de esto, se han provocado pérdidas por un valor de cerca de 600.000 euros en la infraestructura ferroviaria y de más de 360.000 euros en carreteras y autopistas. Sobre el resto de pérdidas, Promuevo estima que, a consecuencia de los compromisos de servicio y puntualidad en materia ferroviaria, Renfe deberá hacer en frente de más de uno con dos millones de euros en indemnizaciones. Finalmente, calcula pérdidas de prácticamente 4 millones de euros por ingresos que no se han producido por la parte de las compañías del Conjunto como Adif, Renfe, Puertos del Estado, Aena y Enaire. Alén de los daños materiales causados, al Gobierno le preocupa asimismo que la imagen trasmitida por Barna la semana pasada pueda tener una incidencia negativa en la inversión y el turismo. En verdad, el día de ayer, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró que “la situación social catalana no atrae ni inversión ni turismo”. En una visita a la factoría de Isover de Azuqueca de Henares (Guadalajara), Valerio no vaciló en aseverar que “la estabilidad a nivel político y social son completamente esenciales para invertir en un territorio. Y obviamente lo que pasa en estos instantes no es bueno ni para Cataluña ni para el resto de España”. Conforme explicó a la agencia Efe, todo cuanto sean perturbaciones del orden público y alteraciones no asisten a la economía, como a su modo de ver ya se vio a causa del 1 de octubre, «cuando hubo empresas que decidieron mudar su sede social fuera de Cataluña», con lo que ha insistido en que «desde entonces, lo que ocurre no sirve ni para atraer empresas ni tampoco el turismo». Los precedentes económicos tras lo ocurrido en 2017 tras el 1-O bien no invitan al optimismo. Solo el campo turístico perdió más de 300 millones de euros por la cancelación de reservas y la caída de visitantes. Fuentes empresariales calculan que el costo total del nuevo reto secesionista podría irse sobre los 600 millones de euros.

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