Las empresas españolas se ajustaron todavía más el cinturón en 2019. Hasta dos.169 compañías aplicaron expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectaron a 88.927 trabajadores, un 22% más que en 2018, conforme datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El repunte general se debe al incremento de los despidos colectivos, que se dispararon un 54,7% en tasa internanual, hasta sumar 30.871 trabajadores perjudicados. Por género de procedimiento le prosiguen las suspensiones de contrato, que afectaron a 55.285 trabajadores, un 12,1% más, al paso que los perjudicados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 23,dos%, hasta los 2.771 trabajadores.Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un cuatro,5% entre enero y diciembre de 2019 (hasta un total de dos.169), en tanto que los expedientes aumentaron un tres%, hasta tres.220 procedimientos. De todos de procedimientos registrados en el año pasado, el 90,4% contaban con pacto entre las partes, frente al nueve,6% que lo hizo sin pacto, conforme los datos del Ministerio de Trabajo. Por campos, industria y servicios concentraron el mayor número de perjudicados por ERE en 2019, con 52.175 y 33.680 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 15,9% en el primer caso y del 33,8% en el caso de los servicios. La construcción, por su lado, registró dos.243 trabajadores perjudicados por regulaciones de empleo (+42,1%), en la medida en que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 829 trabajadores, un 27,5% menos que en 2018.Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores perjudicados por regulaciones de empleo en 2019 fue la Comunidad Valenciana, con 27.494 trabajadores implicados, cifra un 52,6% superior a la del mismo periodo de 2018. Prácticamente todos los trabajadores perjudicados en esta zona se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (24.458). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se aplicaron a lo largo del año pasado en la fábrica de Ford en Almussafes.Tras la Comunidad Valenciana resaltan la villa de Madrid, con 13.498 perjudicados por ERE a lo largo de del año pasado (+13,8%); Cataluña, con 11.898 (+78%), y Andalucía, con cinco.289 perjudicados (+32,2%). El número de trabajadores perjudicados por ERE bajó en 2019 en un total de 5 comunidades y subió en 12 y en Ceuta y Melilla. Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-77,3%) y La Rioja (-38,4%), al paso que los mayores ascensos correspondieron a Cantabria (+183%), Castilla y León (+88,4%), Canarias (+85%) y Cataluña (+78%).

Los EREs más numerosos

Dentro de esta sangría, resaltaron los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto afectaron a más de seis.000 empleados, y las suspensiones de contracto en la fábrica de Ford en la localidad valenciana de Almussafes. Unión General de Trabajadores denunció la reducción de gastos por la vía del empleo. En el caso del Banco Santander, consideró equivocadas las formas y el tratamiento recibido por ciertos empleados, que se vieron “forzados” a adherirse al plan de bajas voluntarias. Unión General de Trabajadores asimismo es el sindicato mayoritario en Vodafone, en tal caso estimó “innecesario y equivocado” el recorte de personal, en tanto que “la situación que atraviesa la compañía no es responsabilidad directa de la platilla”, resaltó en un comunicado.Entrado 2020, el grupo de infraestructuras Abertis ha comunicado a los sindicatos su pretensión de hacer un ERE en las compañías de autopistas Acesa, Aucat y también Invicat que supondría el despido de 175 trabajadores de Cataluña. Conforme Unión General de Trabajadores, la dirección de Abertis ha justificado el ERE por causas técnicas, organizativas y productivas, aduciendo, por servirnos de un ejemplo, la minoración del volumen de transacciones en efectivo y la consolidación de la automatización de los peajes. Los sindicatos rechazan los despidos y han constituido una sola mesa para la negociación para proteger de forma conjunta los intereses de los trabajadores.

Fuente: larazon.es

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