Los agentes de tráfico de Policía, Guarda Civil y fuerzas de seguridad autonómicas con competencias en esta materia tienen permiso desde este viernes 19 de julio para efectuar un examen a conductores que muestren síntomas de haber consumido drogas, como el análisis de la pupila o bien de capacidad de reacción y percepción, como a grabarlos para dar perseverancia de los síntomas descritos. Los resultados de este análisis se recogen en un acta elaborada por la Fiscalía de Seguridad Vial que este jueves se ha entregado a todos y cada uno de los cuerpos implicados. Por medio de este documento se va a poder determinar los niveles de consumo de drogas al volante y, por ende, la posible derivación de un caso a la vía penal. Conforme ha explicado el fiscal de Sala de Seguridad, Bartolomé Vargas, este resolución se ha tomado, «tras años de trabajo», por el hecho de que la ciencia todavía no ha podido establecer una tasa numérica, como ocurre con el alcohol, que puede determinar el nivel de consumo de estas substancias y las consecuencias penales de exactamente las mismas. «La ciencia todavía no lo deja», ha lamentado Vargas, que, no obstante, ha indicado que este test que deben efectuar ahora los agentes se fundamenta en estudios científicos y en pruebas que se hacen en Europa y E.U.. Además de esto, ha recordado que los responsables de Tráfico de los diferentes cuerpos están formados para realizarlas. Las actas que tienen desde este viernes los agentes incluyen un examen de signos externos, como el dominio del idioma, la cooperación de investigado, su agresividad, su alegría o bien si está adormecido. Asimismo se detallará si el conductor tiene una sudoración inadecuada, esnifa continuamente, huele a alguna substancia o bien lleva las ropas desarregladas. DIFERENTES NIVELES DE AFECTACIÓN El reconocimiento asimismo detallará de qué manera es la expresión verbal del conductor a lo largo del test, su orientación espacial, temporal y personal, aspectos motóricos o bien su percepción visual y auditiva. Además de esto, se le efectuará una análisis de su pupila: tamaño, seguimiento de la luz y otras pruebas que, tal como está comprobado a nivel científico, determinan la intoxicación por droga. Con estos datos, el agente va a poder levantar un atestado haciendo una «valoración conjunta» del mismo. Para esto, la Fiscalía ha unificado, asimismo, los criterios que deben proseguir los agentes. De esta manera, la combinación amontonada de signos que afectan a la desorientación, a la coordinación a la capacidad de reacción y a la percepción visual entraría en los presuntos en los que la repercusión es «indiciariamente máxima». Caso de que se de una combinación de 3 de estos signos, la repercusión sería «grave o bien muy grave», al tiempo que la unión de 2 señalaría que el caso habría de ser «refinado en sede judicial». Además de esto, y como ocurre con el alcohol, los agentes van a poder dar una parte de los signos detectados cuando se genere alguna falta o bien una conducción expresamente irregular, si bien no haya un positivo anterior en la prueba de saliva, o bien si el conductor se niega a hacerla. GRABAR PARA EL JUICIO Vargas ha explicado que con los datos conseguidos en estos test, los agentes van a decidir si se abre un expediente administrativo o bien si se presenta un atestado por delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la repercusión de las drogas. Si esto último ocurre, advierte Vargas, «no quiere decir que vaya a haber una condena», sino, como cualquier otro caso, se abre una investigación forense. Frente a la posibilidad de que el juicio se genere mucho más tarde del acontencimiento, los agentes tienen el permiso de grabar a los examinados para dar prueba de lo que se incluye en los exámenes de síntomas y pueda ser utilizado en el proceso. El fiscal de Sala de Seguridad Vial desea que este procedimiento sirva de «concienciación» para los ciudadanos tras los datos que la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) hicieron públicos esta semana: el 44% de los fallecidos en carretera en 2018 habían consumido droga. A pesar de estos números que, además de esto, suponen un incremento respecto a años precedentes, Vargas ha explicado que los procesos por consumo de drogas al volante son un bajo porcentaje respecto a los del alcohol: de 53.170 condenas solo 200 fueron por estas substancias. «Hasta el momento prácticamente no llega nada al juzgado, se queda todo en una sanción administrativa», lamenta el fiscal. Su objetivo, conforme ha comentado en conferencia de prensa, es que así como la prevención y la educación, estas pruebas sirvan de disuasión para los conductores y que se conciencie a la sociedad del riesgo del consumo de estas substancias cuando se viaja por carretera. «Deseamos que se genere exactamente el mismo rechazo social que hay con el alcohol y eludir que la droga se transforme, que lo es, en un factor relevante de la siniestralidad del país», ha concluido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *