El Estado ya ha hecho el cálculo de lo que considera debe abonar por la quiebra de las 8 autopistas radiales que se edificaron a lo largo del Gobierno de José María Aznar. Y es mayor de la que de entrada se afirmó. Conforme su estimación, los fondos acreedores están en su derecho a percibir 3.305 millones de euros. De este modo lo ha establecido con arreglo al nuevo sistema de cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) impulsado por el Ministerio de Promuevo y publicado el día de hoy por el Folleto Oficial del Estado. La compensación, sin embargo, puede cambiar respecto a esos tres.305 millones de euro. Como asegura la resolución del BOE, quedan aún pendientes de determinar los costos derivados de modificaciones y obras auxiliares. No obstante, de la cantidad de obras y expropiaciones no amortizadas (vía peajes) se quitarán las inversiones que se consideran precisas para la «puesta a cero» de estas autopistas o bien costo de reposición. Conforme una auditoría encargada a la compañía de ingeniería pública Ineco, las autopistas salvadas requerían inversiones de, por lo menos, 317,6 millones hasta 2022, tanto para su puesta a punto para hacer en frente de nuevas actuaciones. La cantidad es sensiblemente superior a los 1.800 millones de euros que el Gobierno comunicó a Bruselas que costaría la indemnización por la resolución adelantada de los contratos de concesión de estas vías. Y pese a ello, prosigue estando muy lejos de lo que demandan los fondos de inversión que adquirieron la deuda a la banca y que se han transformado en las acreedoras del Estado. Estos fondos la cifran en unos cuatro.500 millones de euros, de los que 400 millones corresponderían a intereses de demora. Esta diferencia tan esencial, y la carencia de voluntad que, conforme los fondos, ha mostrado el Gobierno para lograr algún pacto, es lo que, de entrada, abocará a un largo proceso. El dinero que el Estado deba por último abonar a estos fondos va a ir de forma directa a engrosar el déficit público, lo que complicará aún más la consecución de los objetivos de déficit. Las autopistas que quebraron son la R-dos (la capital de España-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-tres (la capital de España-Arganda del Rey), la R-cuatro (la capital de España-Ocaña), la R-cinco (la capital de España-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (la capital de España-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. La indemnización más voluminosa establecida corresponde a las autopistas R-tres y la R-cinco, 637 millones, a los que va a haber que sumar los costos de modificaciones y obras auxiliares. Las dos se licitaron de manera conjunta en una concesión. Para la R-cuatro se han establecido una compensación de 559,6 millones. Para la Cartagena Vera, 526,8 millones; para la AP-36, 487,2 millones; para la Circunvalación de Alicante, 398,6 millones; para la la capital de España-Toledo, 348,8 millones; y para la M-12, 305,3 millones. Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde el instante en que las concesionarias que las administraban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca nuevamente a licitación su explotación y mantenimiento.

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