La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pasa por ser uno de los pactos estrella del acuerdo de Gobierno firmado por el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. El propósito de los dos partidos es subirlo de forma progresiva hasta lograr el 60% del sueldo medio en España, lo que, de manera previsible, lo elevaría hasta los 1.200 euros en 14 pagas al final de la legislatura. Los empresarios ya han advertido de que otra brusca subida del SMI sin pacto anterior con las compañías tendría consecuencias deplorables para la utilización. De ahí que, la patronal (CEOE) y los autónomos han pedido al Gobierno que negocie con los que verdaderamente pagan los salarios y que, además de esto, arrime el hombro. Por el hecho de que, como afirman, las administraciones públicas son las primeras que se han puesto de perfil ante la enorme subida del SMI de 2019. A inicios del pasado ejercicio, el sueldo mínimo registró el mayor incremento de su historia, un 22,3%, hasta los 900 euros en 14 pagas. Un aumento que las compañías que tienen contratos con las administraciones públicas han debido aceptar en su totalidad sin contemplar las graves repercusiones para sus negocios. «El ámbito público no ha corregido en alza el aumento de los costos laborales», aseguran los empresarios. Conforme explican, las compañías que concurren a los concursos públicos presentan unas ofertas conforme a unos ciertos costos laborales aproximadamente previsibles. En general, los márgenes que calculan acostumbran a estar ajustadísimos, y más si se trata de pequeñas compañías o bien autónomos que contratan con municipios asimismo pequeños. De ahí que, un brusco incremento de costos no programado impacta, y mucho, en esos márgenes. Es lo que, conforme los empresarios, ocurrió el pasado ejercicio frente al mareante incremento del sueldo mínimo y el inmovilismo de las administraciones. El colectivo lamenta la falta de voluntad pública para renegociar las condiciones de los contratos y amoldarlos a la nueva realidad salarial de las compañías. A muchas de estas empresas, esta rigidez de las administraciones, que se remiten sin más ni más a los contratos firmados, las ha condenado a tener pérdidas en estos trabajos puesto que, legalmente, están atrapadas. «No puedes parar de prestar el servicio pues, si no, incurres en incumplimiento del contrato y terminas denunciado», lamentan fuentes empresariales. La peor parte, agregan, se la han llevado aquellos que en 2018 firmaron contratos en un largo plazo y deberán aguantar en sus cuentas el orificio provocado por el esencial incremento del SMI.De instante, la pretensión del Gobierno socialcomunista de acrecentar de forma unilateral el sueldo mínimo semeja aparcada. Sánchez semeja que se lo quiere tomar ahora con más calma. Sin embargo, en la conferencia de prensa siguiente al Consejo de Ministros del pasado martes, el presidente del Gobierno reafirmó que su pretensión es subir el Sueldo Mínimo Interprofesional hasta el 60% del sueldo medio neto de España, como establece la Carta Social Europea. «El horizonte está clarísimo: el 60% del sueldo medio a final de la Legislatura y va a haber que hacerlo en el marco del diálogo social, con empresarios y sindicatos», repitió.

Incrementos

El incremento de 2019 rompió la tendencia de los últimos tiempos de acrecentar el sueldo mínimo de forma paulatina mas más moderada. En 2018, por servirnos de un ejemplo, subió un tres,9%, hasta los 735 euros. Si bien instituciones como el Banco de España alertaron de que un aumento tan brusco afectaría al empleo, el Gobierno socialista defendió que no había patentizas experimentales de que fuera de esta manera. No obstante, el Ministerio de Trabajo debió reconocer en el mes de noviembre «problemas» en ciertos campos como la utilización familiar o bien la agricultura, donde el aumento de sueldo real se ubica entre el 11% y el 15%, lejos del 22,3% establecido por decreto hace prácticamente un año, debido al incremento de los trabajadores irregulares y las horas extra no pagadas frente a la incapacidad de aceptar la subida del SMI. El servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha cifrado esta semana en unos 45.000 los trabajos que se han dejado de crear por el aumento del sueldo mínimo del pasado ejercicio. En una reciente comparecencia pública, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, advirtió de que otra subida brusca del SMI daría pie a más economía sumergida y a inconvenientes para los pensionistas y las familias. Un sueldo mínimo de 1.200 euros se transformaría en un costo de 1.700 euros mensuales incluyendo las cotizaciones sociales. «Con estos costos, ¿qué familia puede sostener una empleada a lo largo de 8 horas en su casa?», se preguntó Amor.

Fuente: larazon.es

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