Más de un millón de usuarios españoles vieron el día de ayer de qué forma sus esperanzas de ganar una batalla a las entidades de finanzas eran alentadas. El letrado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) abrió la puerta a que los juzgados españoles puedan declarar nulos los contratos hipotecarios vinculados al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarias (IRPH). El letrado estima que una cláusula de esta clase «no está excluida del campo de aplicación» de la legislación europea, que resguarda contra posibles abusos. Este fue el resolución del letrado general que, si bien no es vinculante, adelanta en 4 de cada 5 casos la sentencia terminante, para la que va a haber que aguardar durante 2020. Mas mientras que la alegría cundía el día de ayer entre los perjudicados, las entidades de finanzas padecieron el aguardado castigo en bolsa en el comienzo de la sesión en el Ibex 35, si bien lograron remontar y apuntarse buenas ganancias al final del día. No semeja haber influido en los inversores el golpazo que puede suponer una sentencia en favor de los demandantes, que podría suponer entre siete.000 y 44.000 millones de euros para el ámbito –Goldman Sachs tiene presente el peor de los escenarios; Asufin, cifra el fracaso en 25.000 millones, y Morgan Stanley lo reduce a siete.000 millones en un panorama positivo– y poner bajo riesgo los cómputos de sus cuentas a fin de año. A pesar de lo que pueda parecer, las entidades aceptaron con optimismo la contestación del Letrado General, en tanto que en su contestación no explicita que considere nulo el IRPH y remite la competencia sobre futuras sentencias a los tribunales españoles, algo que, comprender, les favorece merced a una sentencia que emitió el Tribunal Supremo, que se manifestó en su favor. El IRPH es un índice oficial elaborado por el Banco de España, que se calcula conforme la media de los modelos de interés de las hipotecas que conceden los bancos a más de 3 años y se ubica, tras el Euríbor, como el índice más empleado en los contratos a tipo variable en España. Empezó a aplicarse en el año 1994 y su puesta en marcha tenía como objetivo –al menos en la teoría– resguardar a los clientes del servicio frente a las oscilaciones de los mercados financieros y potenciales encarecimientos de las hipotecas. Mas todo cambió con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y la crisis en el conjunto de la zona euro. Como modo de contestar a la recesión, el Banco Central Europeo emprendió una bajada pertinaz de los modelos de interés, lo que llevó al euríbor a tipos prácticamente cero. Los clientes del servicio que habían subscrito sus hipotecas con el IRPH verificaron, no obstante, de qué forma sus contratos variables proseguían encareciéndose y no se favorecían de esta rebaja extendida, en un instante de máxima debilidad de la economía de España. Este caso llegó al alto tribunal de Luxemburgo en tanto que un cliente del servicio de Bankia con una hipoteca de esta clase solicitó que su contrato fuera cancelado, al estimar que esta cláusula era exagerada. Ya antes de pronunciarse de forma terminante, el juzgado de primera instancia número 38 de Barna decidió preguntar al alto tribunal europeo dentro un procedimiento conocido como cuestión prejudicial, si bien el juzgado de España ya estimaba que esta cláusula no había sido comercializada de forma «clara y transparente», como demanda la ley. Este tribunal de primera instancia calcula que los usuarios pagaron entre 18.000 y 21.000 euros anuales suplementarias en comparación con resto de los clientes del servicio cuyo valor de referencia era el euríbor. No obstante, el Tribunal Supremo aseguró en el año 2017 que la utilización de esté índice no implicaba falta de trasparencia ni ningún género de abuso por la parte de las entidades de finanzas y que, al no estar comprendido en la legislación comunitaria, no cabía el control judicial». El TJUE, al negar esto último, enmienda la plana al alto tribunal de España. La directiva europea demanda que esta clase de cláusulas sean redactadas de forma «clara y comprensible», con independencia de que las contrapartes del contrato sean justas o bien no. De este modo, la corte europea no entra a valorar la legalidad de este índice, mas sí tiene en su poder decidir sobre si estos contratos pueden ser cancelados por los tribunales españoles y los clientes del servicio terminar recibiendo algún género de compensación. Si bien el letrado general, Maciej Szpunar, no llega a calificar como desmesuradas estas cláusulas, sí apunta que el procedimiento de cálculo es «complejo y poco transparente» para un cliente del servicio medio. Además de esto, en su informe defiende que no resultaba imperativo para las entidades de finanzas la comercialización de las hipotecas de tipo variable mediante este índice, en tanto que tenían otras alternativas encima de la mesa. De este modo, Bankia –y por lo tanto, el resto de las entidades que recurrieron al IRPH – «tenía la capacitad de delimitar el género de interés variable de cualquier otro modo, siempre y cuando resultase claro, específico y entendible por el prestatario y fuera de conformidad con Derecho». No obstante, el letrado no se pronuncia sobre si el IRPH habría de ser declarado nulo y eleva al juez nacional la obligación de revisar si el contrato exponía de forma transparente el procedimiento de cálculo del género de interés, de tal modo que el consumidor «pudiese valorar sus consecuencias económicas basándose en criterios precisos y también inteligibles».

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