La trasparencia se puede acotar de muchas formas, mas quizás una de las formas más gráficas de hacerlo sea la próxima. «La trasparencia es como la sinceridad: se demanda la extraña mas se restringe la propia», comenta Miguel Ángel Blanes, uno de los mayores especialistas en la materia de España. Y a juzgar por los hechos, no le falta razón, cuando menos al contemplar de qué forma marcha en España. Hace algunos días Pedro Sánchez encomió «el ejercicio de transparencia» de la Casa Real al anunciar la marcha de Don Juan Carlos solo una semana una vez que trascendiese que el comité de especialistas que el Gobierno afirmó haber creado para valorar los cambios de fase de las zonas en plena pandemia no existía o bien, cuando menos, no se había creado formalmente.

«La Trasparencia ha sido otra de las grandes víctimas del coronavirus», lamenta Blanes, quien a continuación cuenta inconvenientes como la carencia de cifras sólidas de fallecidos, la contabilización de los test efectuados o bien que el Portal de Trasparencia quedase atado de pies y manos a lo largo de la crisis sanitaria para argüir su crítica. «Se ha mostrado y constatado la complejidad que hay para acceder a la información o bien que las resoluciones del Consejo de Trasparencia se cumplan», agrega el especialista para abrir el discute sobre si en España los políticos y la Administración se toman de verdad este derecho de los ciudadanos.

«Uno de los inconvenientes que tiene la trasparencia es que no dar la información sale sin coste, por infringir no pasa nada»

Toma el testigo Isaac Martín, titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mácula y asimismo buen conocedor de este cosmos. «La trasparencia brotó como una moda, mas en el momento en que ha pasado el tiempo, si bien se haya asentado, no está en la agenda política», diagnostica el maestro, a quien completa Roser Andreu, una estudiosa que últimamente ha elaborado una tesis sobre el acceso a la información pública en España: «A nivel político, la trasparencia interesa mucho, se les llena la boca, mas vale hasta un punto. Puedes producir crítica social, mas no sirve a fin de que no se cometan irregularidades futuras».

«Uno de los inconvenientes que tiene la trasparencia es que no dar la información sale sin coste, por infringir no pasa nada», censura Martín, quien emplea una caricaturiza para ejemplarizar sencillamente la situación que se vive en la Administración cuando no interesa dar un dato al ciudadano: «Lo primero que hace quien tiene la información es ver quién se la solicita y para qué exactamente la quiere. Después piensa por qué razón debe trabajar para esta persona y, para finalizar, busca un artículo legal para poder rechazar la información».

En exactamente la misma línea profundiza Blanes, quien estima que hoy día en España hay una «falta de voluntad pura y dura» en el momento de contestar a los principios de la ley de Trasparencia desde los poderes políticos, bien tratándose de facilitar información. «Existe una consigna de no darla», clama el especialista, que asimismo tiene claras ciertas causas por las que desde el Congreso o bien el Gobierno se aparca una reforma de la ley o bien aun el refuerzo de instituciones como el Consejo de Trasparencia, garante de que se cumplan los derechos de los ciudadanos en esta materia: «La falta de interés político deja entrever que igual la ley se aprobó cara la galería».

«Están incrementando las solicitudes, las reclamaciones, mas por poner un ejemplo el Consejo de Trasparencia prosigue actuando con exactamente los mismos medios que al principio» .

Y por todo ello existen diferentes «puntos negros» en el sistema que son aprovechados por la Administración en menoscabo de los ciudadanos. «Hay veces que presentas una petición, pasa el tiempo, no te afirman nada y no sabes si se debe al silencio administrativo o bien si no ha llegado la petición», empieza Andreu. En esta línea, Martín demanda que poco a poco más, los actores interpelados abusan de ese «silencio administrativo como forma de resolución». O sea, callan ante preguntas incómodas aguardando que se agoten todos y cada uno de los plazos, el ciudadano no reclame y el tema muera.

Andreu asimismo critica que el plazo para lograr la información se transforma muy frecuentemente «en una lotería». Al hilo, Martín alarma sobre el peligro de colapso que sobrevuela sobre el sistema de trasparencia por culpa de la carencia de medios: «Están incrementando las solicitudes y las reclamaciones mas por poner un ejemplo el Consejo de Trasparencia prosigue actuando con exactamente los mismos medios que al principio» .

Mas la resolución de fortalecer o bien no el sistema de trasparencia, que no supondría una inversión estratosférica, está a cargo de los políticos. Por esta razón, Martín ve bastante difícil que vaya a haber cambios substanciales cuando menos en el corto plazo: «El cambio radical no se marcha a generar de la noche a la mañana». Hasta el momento en que ese instante llegue, y como expone Blanes, el ciudadano se va a ver abocado a una situación de «indefensión absoluta cuando pida información a la Administración. Si se trata de un dato molesto o bien que ponga bajo riesgo la continuidad del político, no lo conseguirá; si es algo más afable que verdaderamente no moleste a absolutamente nadie, la cosa cambiará. Al final estás en sus manos», concluye Blanes.

Fuente: ABC.es

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *