El impuesto sobre ciertos servicios digitales (IDSD) va a crear barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y start-ups, al resultarles más costoso acceder a los servicios de las plataformas digitales, y repercutirá de manera negativa en el bienestar de los usuarios españoles, particularmente en las rentas bajas. Esta semana se presentaba el estudio «Who will bear the Burden of DSTs?», del que se desprende, como apunta Paul MacDonnell, director de la Fundación Digital Global, –una plataforma para el diálogo entre los responsables políticos, académicos y otros stakeholders, en apoyo a políticas para la sociedad digital que tienen su razón de ser o bien justificación en datos empíricos–, que «el IDSD actúa como una tasa basada en el empleo de datos de usuarios y ciudadanos. De esta forma, es previsible que el costo lo acaben aguantando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -en especial aquellos con rentas bajas-, organizaciones no lucrativo o bien organismos públicos. Todos conforman la una parte de mayor desarrollo de la economía digital». Entre los efectos de la aplicación en un largo plazo del IDSD se encuentran la menor productividad de las compañías perjudicadas, menor competitividad y una contracción del desarrollo económico a nivel nacional y también internacional. Por ende, la «tasa digital» va a tener un efecto distorsionador sobre el mercado, creando injustas ventajas a nivel competitivo de ciertas empresas sobre otras, y reducirá la capacidad de la economía para producir trabajo y riqueza. El informe examina el efecto económico del impuesto sobre ciertos servicios digitales en Europa y sus consecuencias para los usuarios y pequeñas empresas, la «tasa digital» planteada por el Gobierno de España afectará a un mayor número de compañías de las previstas en un inicio (plataformas digitales con determinado género de servicios y ciertos umbrales de ingresos). Muchas son las pequeñas empresas que se crean merced a las plataformas digitales y otras tecnologías de internet y que se van a ver perjudicadas por el impuesto. El campo tecnológico es uno de los empujes de la creación de empleo y riqueza, y pese a que la Unión Europea considera a la tecnología digital una palanca de mejora de la productividad económica, la creación del IDSD va a frenar su empleo y desarrollo. Además, el planteamiento del impuesto, gravando los ingresos y no las ventajas, contraría el tradicional principio de fiscalidad internacional de gravar las ventajas corporativos. Entre los razonamientos esgrimidos en favor del IDSD está que las compañías digitales son más tendentes a aplicar estrategias para reducir el pago de impuestos que las que no lo son. Sin embargo, MacDonnell apunta que no existen patentizas que apoyen esta aseveración. En verdad, una comparativa de las tasas eficaces de impuestos corporativos (ECTR en sus iniciales en inglés) de las compañías digitales con las no digitales confirma que las primeras emplean menos las estrategias para eludir el pago de impuestos. A este respecto, resalta que la ECTR en el campo tecnológico está sobre el 26%, equiparable con las tasas eficaces en campos como nutrición o bien automovilístico, entre otros muchos, y bastante por encima que el campo bancario, que se ubica su ECTR bajo el 20%. Francisco Hortigüela, directivo general de AMETIC, ha trasmitido la preocupación de la patronal por la «tasa digital», puesto que «penalizará a la industria digital, el primer campo generador de desarrollo y empleo. Además de esto, este impuesto va a hacer que España se perciba como un sitio dudoso y costoso para hacer negocios, desanimando la inversión en nuevas empresas españolas». MacDonnell concluye que «si las plataformas digitales trasfieren el costo del IDSD a sus clientes del servicio y usuarios de pago, van a ser las pequeñas empresas y las rentas más bajas las que se van a ver afectadas».

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