La subida del salario mínimo da la puntilla a autónomos, agricultores y familias


El nuevo alza del salario mínimo hasta 965 euros llega en plena pandemia, con la economía aún en la pista de despegue y el empleo sin recuperar los niveles prepandemia. Y llega envuelta en la polémica. Ha sido fruto de un pacto entre Yolanda Díaz y los sindicatos del que se apearon, por decisión propia, los empresarios y, de forma forzada, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha visto como la titular de Trabajo se ganaba al presidente e imponía sus criterios en contra de los suyos.

La decisión ya está tomada. El indicador subirá según los criterios de Díaz, 15 euros y de forma retroactiva desde el 1 de septiembre. ¿Cómo afectará a los trabajadores? En torno a 1,5

 millones de ocupados percibe el salario mínimo en estos momentos, y la mayor parte está concentrado en el sector servicios, uno de los más machacados por la pandemia, y es percibido, sobre todo, por trabajadores con baja cualificación. Son de forma mayoritaria pymes y autónomos los que pagan a sus empleados teniendo como referencia el SMI, que también sirve de referencia para el campo y es el que aplican las familias en sus contratos a las cuidadoras y empleadas del hogar.

Para los autónomos el alza del SMI lleva aparejado un aumento de las bases mínimas de cotización de entre tres y doce euros, un incremento previsto para este 2021 que se iba a girar en febrero pasado pero que se pospuso hasta que subiera el salario mínimo tras un acuerdo entre el ministerio que dirige José Luis Escrivá y las tres organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae). Un nuevo coste se añade, por tanto, para el colectivo en un momento crítico, en el que afrontan facturas disparadas de luz, carburantes un 25% más elevados y prácticamente vetado el acceso a las ayudas directas.
«Es una pena que se suba el SMI en contra de la opinión de quien tiene que pagarlo», denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Nuevos riesgos para las empleadas de hogar

Las empleadas del hogar también verán como su salario aumenta tras la decisión del Gobierno, aunque el colectivo, como los autónomos, está temeroso de que el encarecimiento de su trabajo pueda volverse en su contra. El alza primero, y el Covid después, han puesto contra las cuerdas al colectivo y ha hecho más complicado a las familias en muchos casos afrontar las facturas. Como ya informó ABC las trabajadoras del hogar que cotizan a la Seguridad Social siguen en su nivel más bajo desde 2012. Este año estas empleadas pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema; antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos. Para hacer frente al alza del SMI hasta 950 euros, en 2020 algunas familias, que o bien no pudieron o no quisieron asumir el incremento, optaron, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortaron la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. En el peor de los escenarios, despidieron. Este último es el camino elegido por otras tantas familias durante la pandemia por el miedo al contagio. Pensar en una nueva subida es un quebradero de cabeza para muchas de ellas y para pensionistas que tienen contratadas a cuidadoras.

Golpe para el campo

Y si hay otro colectivo directamente afectado por el SMI y su evolución son los agricultores. El alza llega tras una caída del empleo de casi 4.600 puestos de trabajo en un año y de 15.406 en el mes de agosto, según datos de la Seguridad Social.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, aseguraba hoy que se «asesta otro duro golpe» al sector agrario. Recuerda que la subida, sumada a las anteriores, supondrá un incremento de cerca del 40% del coste salarial mínimo, algo que resulta «inadmisible». «Esta es la gota que ha colmado el vaso en este año de fuertes incrementos de costes de luz, carburantes, fertilizantes, abonos y piensos, máxime si tenemos en cuenta que la nueva PAC recortará las ayudas que reciben los profesionales de la agricultura». Barato recuerda que se producirá también un crecimiento de las indemnizaciones que es «absolutamente inasumible», ya que llega en un momento de grave crisis de rentabilidad por los bajos precios en origen y los crecientes costes de producción.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha unido a las críticas empresariales que temen daños para el empleo. Destaca que el momento que vive la economía, con una «recuperación heterogénea» de la actividad, una subida del SMI es contraproducente para los sectores en los que la recuperación está más retrasada. En su opinión, en las economías desarrolladas el salario mínimo puede ayudar reducir algunas desigualdades sociales, pero que, a la vez, también tiene «efectos secundarios» sobre las personas más vulnerables, como los jóvenes o los parados mayores de 45 años.

El riesgo de la economía sumergida

Desde la patronal su presidente Antonio Garamendi, ha rechazado de forma rotunda el alza pactadas entre Díaz y los sindicatos y ha alertado de que fomentará la economía sumergida y la destrucción de empleo. «Nuestra posición es que en estos momentos no. En otras ocasiones hemos dicho que sí a subir el SMI, pero ha crecido un 30% en los últimos tres años. Con la que está cayendo es muy delicado», ha defendido. En el mismo sentido Lorenzo Amor cree que «desgraciadamente la subida puede traer de nuevo economía sumergida y hacer daño al empleo».

Para conocer el impacto que las nuevas alzas previstas por el Gobierno tendrán en el empleo habrá que esperar, pero lo que ya está cuantificado es cuáles fueron los efectos de la subida del 22% aplicada en 2019. El Banco de España realizó un estudio en el que calcula que el incremento, aprobado sin acuerdo con los agentes sociales, pudo costar a la economía española entre 83.000 y 180.000 puestos de trabajo. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos destacaba en su estudio cómo se vio afectado negativamente el empleo de los jóvenes y el trabajo de los mayores de 45 años que tienen como referencia el salario mínimo. Y todo en un momento en el que la economía destruye empleo.


Fuente: ABC.es .

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