La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha clausurado su XXIV Congreso en Zaragoza con un mensaje clarísimo en defensa de los jueces destinados en Cataluña. En una petición, la agrupación mayoritaria en la carrera -con en torno a 1.400 asociados- demanda el “clima de presión intolerable” en el que deben ejercer su trabajo a diario “en defensa del Estado de Derecho y de las libertades públicas”. Tras sopesar el “esfuerzo extraordinario” que efectúan, la APM demanda a los responsables políticos que se ocupen de asegurar que puedan desarrollar su función jurisdiccional “sin coartes ni violencias dirigidas a quebrar la independencia judicial”. Al lado de Cataluña, en las conclusiones sobre medidas para agilizar la Justicia la APM que se sostenga a cargo de los jueces la instrucción de las causas. Y solo horas una vez que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, soliviantara a la carrera fiscal al sostener que la Fiscalía “depende” del Ejecutivo, la asociación esgrime exactamente “la independencia de jueces y jueces, sin otro sometimiento ni obediencia que no sea el que debe a la ley”, para demandar que la instrucción no pase a manos de los fiscales, una incesante reclamación del Ministerio Público. Además de esto, la APM recuerda que el juez, con la Constitución en la mano, es “el garante de los derechos y también intereses lícitos de todos y cada uno de los ciudadanos”. La asociación judicial asimismo da un paso al frente en un tema siempre y en todo momento delicado: la relación de los jueces con los medios. Y tras poner de relieve la existencia de una “notable carencia”, la comunicación, la APM plantea la creación del juez portavoz en todos y cada Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que los jueces puedan “recibir capacitación concreta en materia comunicativa” y prosperar la comunicación entre los gabinetes de prensa de los TSJ y los jueces. Las conclusiones tampoco eluden una de las primordiales rémoras de la Judicatura, el colapso de los juzgados. Y para calmar esa sobrecarga de trabajo, defiende que el número de temas repartidos a cada órgano judicial se adapte “a su capacidad objetivada de respuesta”, articulando al unísono mecanismos para dar “satisfacción urgente a las materias que lo precisen”. En la jurisdicción civil, entre otras muchas medidas la APM considera “inaplazable” la reforma “en profundidad” de la Ley de Planta y Demarcación y prosperar la situación de los jueces de adscripción territorial, insinuando una posible reorganización como “tribunales de instancia”. Y en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, la asociación asegura sostener una postura “abierta” a su empleo en beneficio de una Justicia eficiente y de calidad. Mas se protesta al tiempo de la existencia de “sistemas diferentes” de administración procesal en las comunidades autónomas con las competencias transferidas, lo que complica la coordinación entre diferentes instancias. Por eso demanden que se unifique el Expediente Judicial Electrónico “para que sea único en todo el territorio nacional”. En el congreso ha sido reelegido como presidente de la APM el juez Manuel Almenar, ex- vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y actual presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Pontevedra.

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