En el momento en que un trabajador pretende adelantar el instante de su retirada laboral ya antes de la edad legal debe cumplir unas determinadas condiciones, cuyos requisitos se han embrutecido con las últimas reformas en las pensiones. Las nuevas obligaciones se centran en llenar 35 años de cotización para acceder a la jubilación adelantada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la obligatoria. No obstante, la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha puesto en duda ciertos apartados de esta normativa al estimar que la ley de España que enmarca la jubilación adelantada es contraria al derecho europeo. La causa es que la legislación actual no deja computar las pensiones de otros Estados miembros para calcular el importe mínimo preciso que da derecho al cobro de la prestación. De esta forma lo hace constar en su escrito final elevado al TJUE sobre el caso de 2 trabajadores españoles que desarrollaron una parte de su actividad profesional en Alemania y a los que la Seguridad Social de España les rechazó una pensión adelantada por no haber alcanzado el importe mínimo demandado legalmente en España al no admitir sus cotizaciones en otro país. El Letrado General apunta que la normativa de España es contraria al marco regulativo europeo al no admitir que compute una pensión del mismo género de otro Estado miembro para calcular el importe mínimo preciso para percibir una pensión por jubilación adelantada en el país de origen. Si bien sus conclusiones no son vinculantes, el TJUE acostumbra a tomar nota de ellas en el momento de dictar sus sentencias, con lo que si al final admite que la ley de España no debería discriminar a los trabajadores que ejercitan su derecho a la libre circulación por otros países de la Unión Europea, su sentencia podría provocar un cambio en los estatutos de la jubilación adelantada de España. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declararon a LA RAZÓN que se estudia este informe pues “mantiene ciertas aseveraciones que no quedan claras. Nuestro departamento jurídico ya está estudiando el caso, con lo que hasta el momento en que no hagan un dictamen no podemos expresar ninguna conclusión. Mas según parece hasta el momento ciertos puntos no se corresponden con la realidad”. Conforme la legislación de España, el importe de la pensión por jubilación adelantada ha de ser superior al importe mínimo de la pensión que correspondería al interesado en función de su situación familiar en el instante de cumplir 65 años. Cada Estado miembro tiene libertad para instituir el derecho a una pensión mínima y establecer los requisitos que crea convenientes a fin de que una persona se favorezca de una pensión adelantada. No obstante, el Letrado General advierte que este derecho puede chocar con la normativa europea, que fuerza a derruir cualquier obstáculo a la libre circulación de los trabajadores. El inconveniente radica en la forma en que este requisito se aplica en España a los trabajadores que han ejercido su derecho al trabajo en otro Estado miembro de la Unión Europea. El jurista comunitario comprende que debe respetar el principio de asimilación de las prestaciones, de los ingresos y de los hechos contemplados en el Reglamento de Coordinación de los sistemas de la Seguridad Social, con la intención de no penalizar a los trabajadores que ejercitan su derecho a la libre circulación. Por este motivo, la pensión adelantada prevista por la legislación de España y las pensiones de jubilación que perciben los 2 trabajadores a los que se refiere el auto “son posibilidades equiparables o bien equivalentes a efectos del convocado Reglamento. En consecuencia, las pensiones de jubilación en España deben añadirse a las posibilidades equiparables o bien equivalentes percibidas de otro o bien otros Estados miembros”, apunta en sus conclusiones. En sus conclusiones, el Letrado General del TJUE plantea al Alto Tribunal europeo que en su futura sentencia sobre el caso declare que la normativa de España “es contraria al derecho europeo por no computar una pensión del mismo género de otro Estado miembro para calcular el importe mínimo preciso para percibir una pensión por jubilación anticipada”.

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