El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha cancelado la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en las zona mixta y no váscofona de la Comunidad Foral y los puestos de los servicios centrales de la Administración cuando el ingreso se realice por concurso oposición. La Ley Foral que regula el empleo del euskera en Navarra establece una zonificación lingüística, distinguiendo entre las zonas vascófona, mixta y no vascófona. El litigio tiene su origen en el recurso presentado por la Unión General de Trabajadores y el Sindicato de Personal Administrativo contra el Decreto Foral por el que se regula el empleo del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de Derecho Público dependientes. En la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, se comprende que la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales acarrea una discriminación que «no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en la valoración del idioma con relación a los puestos en los que este mérito pudiese no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística». También los jueces han cancelado los artículos referentes al empleo del euskera por la parte de los servicios centrales con relación a las notificaciones y comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, en los impresos y escritos oficiales, en los rótulos de oficinas y despachos, en los uniformes y automóviles, en los avisos, folletos, anuncios y publicidad, como en los elementos informativos de la señalización viaria de la red de carreteras. A este respecto mantienen que en los servicios centrales con relación al empleo del euskera para la determinación del régimen legal de la lengua «se debe estar no al criterio del régimen dominante en el sitio donde se sitúa la sede del órgano administrativo, sino más bien al criterio, de forma conjunta, del sitio de vivienda del receptor con relación al contenido de la actuación administrativa de que se trate». Y es que, agregan, «la lengua es un derecho del ciudadano y el órgano administrativo debe acomodarse a tal derecho, no al contrario». Sobre los artículos cancelados referentes a la valoración del euskera como mérito en las zonas mixta y no vascófona, explican que la demanda imperativa contenida en el decreto excluye «una valoración personalizada, racional, proporcionada y conveniente en función de las peculiaridades del puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística que debe atender». Por esta razón, apuntan que tal previsión debe reputarse «discriminatoria» con relación a la provisión de puestos y «desmedida», en tanto que vulnera los artículos 14 y 23 de la Constitución y también viola el régimen jurídico de las diferentes zonas lingüísticas, con lo que, en consecuencia, resultan nulos. En lo que se refiere a la cancelación de los artículos sobre las relaciones con la ciudadanía y los que regulan la rotulación, avisos y publicaciones, destacan que la lengua es un derecho del ciudadano, no de la Administración, y resaltan que los preceptos cancelados imponen una redacción políglota por el simple hecho de venir manados de los servicios centrales y estar dirigidos al conjunto de la población. La sala rechaza la intención de los recurrentes de cancelar por completo el decreto, y, subsidiariamente, otros artículos sobre definiciones, objetivos esenciales, delimitación de las zonas lingüísticas, planificación lingüística, acreditación del nivel lingüístico, derechos adquiridos y otras cuestiones relativas a la zona mixta, como sobre el número y peculiaridades de los puestos políglotas.

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