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Actualizado:17/12/2019 12:48h
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El juez imputa a Rafael Delgado y Begoña Hernández por el caso de la «Perla Negra» y Portillo
La Junta de Castilla y León, mediante sus Servicios Jurídicos, pide para los diez encausados en el caso de adquiere de las construcciones de Riachuelo -conocido como Perla Negra- y del polígono de Portillo, 2 de ellos exaltos cargos, de los que afirma que actuaron a título personal, penas de cárcel que suman un total de 20 años, multas por 22.500.000 de euros y una responsabilidad civil de los acusados a abonar a la Administración Autonómica de 16.300.000 euros.

Tras la personación de la Junta de Castilla y León en mayo de 2016, ahora la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia ha dado cumplimiento al auto de febrero de 2019 del Juzgado de apertura de juicio oral frente a la Audiencia Provincial de Valladolid, elaborando las conclusiones temporales de acusación.

Los hechos objeto de investigación engloban desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y esencialmente han sido 2, sin conexión en lo que se refiere a la materia o bien objeto, mas en los que sí semeja que han intervenido exactamente las mismas personas investigadas, especifica la Junta en un comunicado de prensa recogido por Ical.

Primeramente, apunta que se han investigado los hechos de la Agencia de Desarrollo Económico y de la compañía pública Gesturcal en el proceso de adquiere del Edificio Administrativo de Arroyo de la Confía- conocido como Perla Negra- como sede de diferentes entidades públicas, y seguidamente, los hechos de exactamente la misma empresa pública sobre el proceso de adquiere de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, los dos situados en Valladolid.

Sobre estos hechos, el procedimiento judicial penal se comenzó a través de las Diligencias Anteriores 5035/2013 del Juzgado de Instrucción n.º dos de Valladolid, por demanda de la Fiscalía Provincial de Valladolid, sobre si ciertos cargos de una específica empresa pública (Gesturcal) del campo público de la Comunidad habían podido favorecer, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a ciertos empresarios privados, en el caso conocido como «Arroyo y Portillo».

El directivo de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, explica que el interés que persigue la Junta de Castilla y León en este proceso es el esclarecimiento de los hechos, la protección de los derechos y también intereses de la Administración Autonómica, demandando la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubiesen podido cometer, y asimismo la civil, de estas y de las compañías privadas adjudicatarias de las actuaciones, y recobrar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda Pública de Castilla y León, como titular del 100 por ciento del accionariado de la compañía pública.

González Gago remarca que los Servicios Jurídicos en su acusación han hecho hincapié en que, en un caso así, las supuestas actuaciones ilegales las han cometido solo 2 personas del campo público, y lo han hecho a título personal, en ningún caso como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sino más bien como cargos directivos de una compañía pública, que tiene forma de sociedad anónima, y que actúa generalmente en el mercado sosten al derecho privado.

Acusación

En comparación con edificio administrativo de Riachuelo, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a 3 encausados por darse presuntamente entre sí información privilegiada anterior para favorecer a la compañía que entonces sería la arrendadora, por irregularidades en el anterior alquiler que se formalizó, por los costos y influencia de diferentes modificaciones estructurales efectuadas en la edificación a lo largo del alquiler, y por la asunción por la compañía pública de los gastos financieros anteriores por préstamos pedidos por la compañía privada contratista para hacer el edifico.

Con respecto a los hechos sobre la adquisición de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a 7 encausados por irregularidades al crear por lo menos 3 empresas privadas para favorecer presuntamente ventas en catarata de los terrenos con un aumento infundado y consecutivo de su costo hasta adquirirlos la compañía pública, por gastos de urbanización del polígono que no le correspondía abonar a la compañía pública, por una trasferencia realizada por la compañía pública sin término y sin justificar, y por los gastos financieros por prestamos asumidos por la compañía pública para poder efectuar toda la operación de adquiere de terrenos, que jamás debió aguantar de haber adquirido directamente exactamente los mismos.

Por estos hechos, para un cargo de la compañía pública se pide por el delito continuado de negociación y/o actividad prohibida cuatro años y medio de cárcel, y también inhabilitación singular para empleo o bien cargo público a lo largo de nueve años, y por el delito continuado de malversación siete años de cárcel, y también inhabilitación absoluta por 18 años. Para otro cargo de la compañía pública, se pide por el delito de malversación cuatro años de cárcel, y también inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años.

Para un empresario privado, por el delito continuado de tráfico de influencias 11 meses de cárcel y multa de 10.000.000 de euros. Y para otros 5 empresarios privados, a cada uno de ellos de ellos, por el delito continuado de tráfico de influencias nueve meses de cárcel y multa de dos.500.000 de euros.

Además de esto, a todos de manera directa se les solicita la responsabilidad civil en frente de la Junta de Castilla y León, a la que van a deber satisfacer, en la parte que les corresponda, la cantidad de 16.300.000 de euros, siendo responsables subsidiarias las compañías privadas que dirigían.
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Fuente: ABC.es

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