La Guarda Civil ha vivido la última semana unos manejos que guardan muchas semejanzas con los que padeció la Policía a lo largo del Gobierno del Partido Popular. Igual que entonces, Interior se ha amparado en la coletilla de «pérdida de confianza». Esa y la «necesidad de amoldar estructuras» o bien «cambios organizativos» son las disculpas recurrentes cuando los mandos policiales se transforman en molestos para el Ejecutivo, a veces por resguardar a sus estudiosos. Usar a la Policía y a la Guarda Civil con fines políticos es una tentación que ningún partido rehúye. Y los ejemplos se han sucedido en los últimos tiempos. Todo depende de que se esté en el Gobierno o bien en la oposición.

A lo largo del primer orden de Mariano Rajoy, la Comisaría General de Policía Judicial, que tiene entre sus competencias la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el crimen organizado, cambió 4 veces de titular en menos de un par de años, un incierto récord que prosigue invencible. La investigación del ático en Marbella del entonces vicepresidente de la Comunidad de la villa de Madrid, Ignacio González, le costó el puesto al comisario Enrique Rodríguez Ulla, depuesto a los 5 meses de su nombramiento.

4 comisarios en dos años
La razón argumentada fue fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales. De forma no oficial se atribuyó el relevo a «determinadas irregularidades» detectadas a lo largo de la investigación del ático. Como en el caso del cese del coronel De los Cobos, se filtraron documentos policiales secretos que no conocían ni el directivo general de la Policía ni el ministro del Interior.

Él había reemplazado al controvertido Juan Antonio González, que comenzó las investigaciones de Gürtel, y compartió cacería en exactamente las mismas datas con el entonces juez Baltasar Garzón y el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Cosidó lo relevó solamente tomar posesión como directivo general de la Policía y nombró a Rodríguez Ulla, que duró 5 meses.

En su sitio, el Partido Popular optó por uno de los policías con más prestigio y mejor trayectoria en la Policía Judicial, el comisario primordial José García Losada, quien ya había ocupado ese puesto en 2002 a lo largo del Gobierno de Aznar y, a pesar de los grandes resultados, fue reemplazado por el Ejecutivo de Zapatero. Cambio de equipos, que son moneda común en la Policía.

Losada fue nombrado en el mes de julio de 2012 y ya antes de cumplir un año al frente de la Policía Judicial comenzaron los cotilleos de su cese. El directivo general de la Policía, Ignacio Cosidó, le reconoció que el ministro Jorge Fernández Díaz «quería cabezas». Losada era el responsable último de los estudiosos de la trama Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

La espita la abrió el informe sobre el aniversario del hijo de la ministra de Sanidad Ana Mato, que conforme la Policía había pagado una compañía de Gürtel. Múltiples responsables políticos llegaron a acusar a los agentes de engañar en esos informes. Mas lo que terminó de rematar al mando fue no plegarse al blanqueo de bocetos elaborados por el excomisario Villarejo a los que sus superiores pretendían poner el sello de la UDEF para presentarlos a los juzgados. Entre ellos los de los Pujol, otro de Artur Pero y uno que atribuía al entonces regidor de Barna, Xavier Trias, una cuenta segrega en Suiza. Villarejo es el claro ejemplo de empleo y beneficio político-policial. A pesar de que ahora absolutamente nadie le conoce todos y cada uno de los Gobiernos desde el Partido Socialista Obrero Español de González le han amparado como está patentizando el procedimiento de la Audiencia Nacional.

Campañas de desprestigio
La Guarda Civil tampoco se ha librado. Sin la trascendencia mediática de otras grandes causas, los estudiosos de las clínicas abortivas de la villa de Madrid (2007) vivieron todo género de presiones por la parte del Partido Socialista Obrero Español con Fernández de la Vega como vicepresidenta y una campaña de desprestigio alentada por ámbitos del Gobierno.

El ministro Grande-Marlaska cesó al coronel Manuel Corbí, jefe de la UCO, cuando llevaba un mes en Interior una vez que se filtrase un correo que el mando había mandado a sus subordinados sobre la paralización de fondos reservados para las investigaciones en marcha. Corbí ya había debido lidiar con las acusaciones del Partido Popular de la villa de Madrid por las causas de corrupción Púnica y Lezo. Francisco Granados presentó múltiples demandas contra los estudiosos, que no prosperaron, al tiempo que Cristina Cifuentes los acusó de confundirse en sus informes cuando la apuntaron por prevaricación.

El cese del jefe de peligros laborales de Policía en plena crisis del Covid-19
La Dirección General de la Policía cesó al jefe del Servicio de Prevención de Peligros Laborales, José Antonio Nieto González, el responsable policial encargado del protocolo interno por el coronavirus, solamente dictaminarse el estado de alarma. Le quedaban 3 meses para jubilarse y es uno de los grandes especialistas en salud laboral del Cuerpo. Los sindicatos policiales atribuyeron ese relevo a que Nieto ya había alertado y preparado medidas para los agentes que estaban en puestos de peligro, como las fronteras, a fines de enero mientras que el Gobierno minimizaba los efectos de la pandemia. Fuentes oficiales arguyeron otra razón. Se le acusó de filtrar un informe sobre el Covid-19 que recibió el 12 de marzo y que solo era un boceto. Nieto lo distribuyó a todas y cada una de las Jefaturas.

Fuente: ABC.es

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