La inflación acorrala a los inquilinos a la espera de la ley de vivienda


El mercado de la vivienda ha quedado relegado a un segundo plano en la agenda política del Gobierno por el notable incremento del precio de la luz,
que vivirá hoy el domingo más caro de la historia. Pero la realidad es que miles de hogares -sobre todo jóvenes y rentas bajas- tienen cada vez más dificultades para pagar el alquiler. Un problema social que, además, se agravará con el estallido de la inflación.

La mayoría de los contratos están referenciados al Índice de Precios de Consumo (IPC), que alcanzó durante el mes de agosto el 3,3% interanual. Un porcentaje que, previsiblemente, crecerá en los próximos meses, sobre todo por el encarecimiento de la energía. La Fundación de las Cajas

 de Ahorro (Funcas) estimaba en julio que la inflación llegaría a finales de año al 3,8%, una previsión que, según el propio organismo, será revisada al alza en las próximas semanas.

La escalada de precios tendrá un importante reflejo en el mercado del alquiler, tanto de locales comerciales como de viviendas. La reforma del sector que acometió el Gobierno en 2019, cuando la inflación cerró el año en el 0,8%, ligó las subidas de los arrendamientos al IPC -una referencia que ya venía recogida en el texto original de la
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aprobada en 1994- para evitar los incrementos «abusivos». Eso sí, el Ejecutivo también dio manga ancha a propietarios e inquilinos para que negociaran sus propias condiciones.

Fuentes del sector inmobiliario aseguran que, por el momento, esta flexibilidad ha permitido que los caseros «estén siendo benévolos», evitando en la mayoría de los casos las subidas por la inflación. Pero también avisan de que «si los precios siguen subiendo durante los próximos meses los incrementos serán inevitables, porque algunos propietarios también están atravesando dificultades económicas».

«El 99,9% de los contratos están referenciados a la inflación, pero cada propietario propone una solución distinta a sus inquilinos, porque en muchos casos no les merece subir el alquiler unos euros para luego tener meses vacío el local o la vivienda», explica a este periódico el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago. Esto en el caso de los pequeños caseros, porque los fondos de inversión que controlan inmuebles o locales «van a aplicar todos la subida», opina Santiago.

La llegada de la inflación a los alquileres coincide con un nuevo repunte de la demanda. Como cada septiembre, en las últimas semanas se ha producido un incremento de la movilidad en los trabajos y los estudiantes se han lanzado a la búsqueda de pisos, lo que ha reactivado el mercado. «Estos meses suelen marcar el inicio del año laboral. Es cierto que en 2021 todavía hay muchos empleados teletrabajando, pero pese a ello se aprecia un incremento de la actividad», explica la portavoz y directora de estudios de Fotocasa, María Matos.

ABC

En el sector inmobiliario prevén que esta vuelta (parcial) a la normalidad en trabajos y universidades cambie la tendencia que llevaban los precios en los últimos meses.

En 2021 se han registrado importantes caídas interanuales en ciudades como Madrid y Barcelona, pero en los últimos meses las rebajas se han frenado. Según la última estadística de Pisos.com, el alquiler cayó en agosto un 2% anual en Madrid y un 7,8% en Barcelona. Pero en tasa intermensual los precios repuntan en ambas ciudades: un 0,86% en la capital y un 2,89% en la Ciudad Condal.

«Los descensos de precios se están moderando cada vez más, aunque todavía se dejan notar en las grandes ciudades», explica la directora de estudios de Fotocasa. Otras fuentes del sector inmobiliario abren la puerta incluso a nuevos incrementos en el último trimestre por la escasez de oferta. «La economía se está reactivando y eso puede provocar que parte de las viviendas turísticas reconvertidas al residencial el año pasado vuelvan a ser viviendas vacacionales. Eso desencadenaría una caída de la oferta y provocaría ligeras alzas de precios», explican estas fuentes.

Una norma enquistada

Pese al descenso de precios ocasionado por la pandemia del coronavirus, el alquiler no es hoy más accesible que en 2019. Según los datos de Fotocasa, a finales de 2020 los españoles destinaban el 41% de su sueldo a pagar la vivienda, lo que supone prácticamente el mismo porcentaje que en 2019. Y todo apunta a que en 2021 la ratio se mantendrá apenas sin cambios.

Para atajar esta situación, que afecta especialmente a jóvenes y rentas bajas, el Gobierno pretendía aprobar a principios de año una ley de vivienda estatal. Incluso recogió el ambicioso proyecto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que remitió a Bruselas. Pero los meses han pasado y el proyecto sigue embarrado por las disputas entre
Unidas Podemos y PSOE.

Los primeros marcaron desde el principio como una línea roja de las negociaciones que la futura ley incluya el control de los precios del alquiler. Una medida de la que desconfía el ala socialista del Ejecutivo, sobre todo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, si no viene acompañada de estímulos fiscales para los propietarios.

El tira y afloja se ha extendido en el tiempo, hasta el punto de que ninguno de los dos interlocutores iniciales, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, siguen ya en el Gobierno. En el lado de Unidas Podemos, de hecho, ven como un avance la salida de Ábalos del Ejecutivo, ya que el exministro de Transportes también era muy reticente a la imposición de topes a los alquileres. Su sucesora en el cargo, Raquel Sánchez, mostró una posición más tibia cuando era alcaldesa de Gavà. Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que las conversaciones, que se suspendieron durante el verano, se retomarán en las próximas semanas, «pero no existen muchas esperanzas de llegar a un acuerdo a corto plazo».

En este contexto, todas las miradas se dirigen a Cataluña. La Generalitat aprobó hace justo un año un decreto para regular los alquileres que, según el sector inmobiliario, no ha hecho más que reducir la oferta de viviendas y pasar de puntillas por los precios. La norma ha acabado en el Tribunal Constitucional, que se pronunciará sobre ella en breve. Las fuentes antes señaladas explican que en el PSOE están esperando esta sentencia antes de dar ningún paso en falso, porque si el tribunal tumba los controles «se sentirá legitimizado de cara a la opinión pública para rechazar los topes». Y endurecerá su postura en las negociaciones de la ley de vivienda.


Fuente: ABC.es .

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