En el mes de febrero de 2017, el Partido Socialista registró en el Congreso una iniciativa para demandar al Gobierno de Mariano Rajoy que aplicase la Ley de Memoria Histórica, con cerca de veinta medidas, entre ellas, encarar de forma «urgente» la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Val de los Caídos. El 18 de junio del año siguiente, solamente desembarcar en Moncloa, Pedro Sánchez garantizó que se cumpliría la ley. Han pasado 357 días en los que el viejo jefe Estado ha protagonizado titulares y también informativos con periodicidad y difusión dignas de los días en que se le operaba de emergencia en El Pardo o bien cuando se generó su muerte. La sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo va a decidir presumiblemente mañana imponer medidas cautelares para eludir «un daño irreparable» a los deudos del finado, ya que hasta el momento en que el Alto Tribunal pronuncie su fallo sobre el fondo de la cuestión pueden pasar aún meses (quizás en otoño). La familia y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) esperan que de esta forma sea, si bien se muestran precavidos. «De generarse como aguardamos las medidas cautelares se va a haber ganado una batalla mas no la guerra, que proseguirá, conforme Carmen Calvo», apuntaba el día de ayer Juan Chicharro, al frente del legado franquista. Real decreto-ley Se trata de una «cruzada» emprendida por el Ejecutivo que encontró enseguida con la oposición frontal de la familia y la Fundación Franco, que se niegan al traslado de los restos sepultados en Cuelgamuros desde 1975. Asimismo hubo contestación popular y, como un ejemplo, los miles y miles de personas, entre ellos Luis Alfonso de Borbón –bisnieto de Franco–, que se manifestaron en el mes de julio de 2018 a unos pasos de el sepulcro del dictador. Un mes después, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que alteraba la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de Franco y Pedro Sánchez anunciaba que crearía una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el Franquismo. Los 7 nietos se niegan a la exhumación y retan al Ejecutivo con llevar los restos a la catedral de la Almudena, en pleno centro de la capital española. Moncloa lo descarta mencionando a la Ley de Memoria Histórica, puesto que a su juicio un entorno como ese daría sitio a homenajes y ensaltación del que fuera jefe de Estado a lo largo de prácticamente 40 años. La Iglesia El Ejecutivo sabe que la Iglesia es un escollo que debe sortear para llevar adelante sus planes. La vicepresidenta, Carmen Pelado, viajó al Vaticano a solicitar su cooperación, mas la Santa Sede no se comprometió. Asimismo se pronunció el prior del Val de los Caídos, Santiago Cantera, que se negó a a autorizar el acceso al templo. Este aspecto es «crucial» para Chicharro, que asegura que «debería [el Gobierno] haber pedido permiso a la Iglesia para el 10-J y no lo ha hecho». Informe sobre seguridad Sánchez declaró en el primer mes del año que «el procedimiento administrativo» estaba «en sus últimos pasos». El costo de la exhumación se calcula en más de cuatro.000 euros y un informe de la Delegación del Gobierno en la capital española desaconseja La Almudena por seguridad. Los acuerdos El 15 de febrero y el 15 de marzo se generan sendos pactos del Consejo de Ministros para el traslado de los restos de Franco, si bien no se cuenta con la autorización eclesiástica y la familia se opone. Se mientan «fecha y hora de ejecución»: el 10 de junio de 2019 a las 10:00 horas. La familia, la Fundación Franco, la comunidad benedictina del Val de los Caídos y la Asociación para la Defensa del Val de los Caídos presentan recursos judiciales para eludir el traslado y, sobre todo, que pueda realizarse antes que el Supremo haya tomado una resolución. Obras en Mingorrubio El Ejecutivo ha protegido siempre y en toda circunstancia el panteón de Mingorrubio, en el camposanto de El Pardo, como destino ideal para la reinhumación. Allá descansan los restos de la mujer de Franco, Carmen Polo. La titularidad ya está a cargo del Estado –antes lo era de Patrimonio Nacional–, y el pasado jueves comenzaron unas obras para adecuar el circuito. Nada que haya ocasionado singular inquietud a la familia, que el primer día de la semana presentó una nueva demanda frente al Tribunal Supremo en la que plantea la «inconstitucionalidad» de los reales decretos aprobados para permitir la exhumación. El texto aduce que corresponde «en exclusiva» a la autoridad eclesiástica, en un caso así al prior de la Abadía, y no es suficiente con una autorización de acceso sino se precisa una para la propia exhumación que «ha sido de manera expresa denegada». Recuerda la familia del mismo modo las «graves deficiencias» del proyecto arquitectónico de exhumación que fue redactado por Patrimonio Nacional y del informe conveniente del Municipio de El Escorial para la realización de las obras precisas. En este nuevo escrito, que podría dilatar todavía más el proceso, la familia aduce que no se trata de un «caso de excepcional y urgente necesidad» que deje la aprobación del real decreto en tanto que los restos de Franco llevan «cuarenta y 3 años» en la cripta del Val de los Caídos. Y estima que no se dan «las circunstancias inusuales, graves, relevantes y también imprevisibles que la Constitución requiere para dejar que el Gobierno dicte este género de reglas en lugar de ajustarse al procedimiento parlamentario ordinario».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *