De nuevo, el muestreo electoral que «NC Report» ha elaborado para LA RAZÓN, referido a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, sostiene exactamente la misma constante: el Partido Socialista Obrero Español recobra, si bien en menor medida de lo debido, el voto que se fue a Podemos, al paso que el PP prosigue perdiendo sufragios a favor de Ciudadanos y VOX. El inconveniente, como se ve en la mayor parte de las 12 comunidades convocadas a las urnas, es que la suma de los votos del campo del centro derecha es deficiente. Un acuerdo al estilo de Andalucía sería posible, si se confirman los sondeos, en la villa de Madrid, Murcia y Castilla y León, mas no en el resto. Aun, los socialistas podrían operar con la conocida geometría variable, recurriendo a los apoyos de la extrema izquierda o bien de Ciudadanos en conforme qué zonas. Serían los casos de Aragón, Extremadura y Castilla-La Mácula, donde les sería suficiente el pacto con los de Albert Rivera, y los de Asturias, Canarias, Baleares y La Rioja, donde debería respaldarse en Pablo Iglesias. Los casos de Cantabria y Navarra son particulares. En la primera, es el partido de Miguel Ángel Revilla el que debería decantarse por el Partido Socialista Obrero Español o bien el Partido Popular para sostener el Gobierno autonómico, al paso que en la Comunidad Foral, la división en 3 bloques, derecha, vasquistas y también izquierdas, da a los socialistas el papel de árbitro. En suma, la división del voto en el centro derecha, agudizada con la llegada de VOX, puede terminar dibujando una hegemonía del Partido Socialista Obrero Español que, desde entonces, no se corresponde con la entidad de sus sufragios ni pensamos que sea la pretensión última de aquellos viejos votantes del PP que han decidido mudar la orientación de su voto. Mas, como en las pasadas elecciones generales, nuestro sistema de reparto de escaños castiga al ámbito ideológico que asiste más fragmentado a las urnas. El mejor ejemplo de lo que afirmamos puede proponerse en Baleares, donde se está reproduciendo exactamente el mismo proceso de excitación del nacionalismo que hemos visto en Cataluña. Conforme el sondeo de «NC Report», el partido de la ciudad de Santiago Abascal podría lograr hasta un seis con cuatro por ciento de los votos, que se traducirían en dos o bien tres escaños, deficientes para eludir un Gobierno del Partido Socialista Obrero Español con los nacionalistas. Esos votos, no obstante, devolverían la mayor parte al PP, que sí sumaría con Ciudadanos para poder formar un Ejecutivo constitucionalista. No es, puesto que, ociosa la apelación al voto útil, cuando menos, desde la racionalidad del efecto buscado por el votante. Entre otras muchas cuestiones, pues frente a la perspectiva de un Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez apoyado por la extrema izquierda de Podemos –si es que, al final, no se genera una alianza opción alternativa entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta en el Congreso, lo que no es descartable–, cuya política económica viene determinada por una mayor fiscalidad, sostener gobiernos autonómicos de otro signo puede ser la única forma de reducir el impacto de las subidas de impuestos sobre el conjunto de los ciudadanos y de las compañías. La capacidad normativa de las Comunidades Autónomas es cada vez mayor y pueden desempeñar, insistimos, contrapesos precisos. Por eso, además de esto, sea recomendable llamar a la participación de ese ámbito de votantes que acostumbra a abstenerse en mayor medida en las elecciones autonómicas, quizá, pues consideran un fallo el Estado de las autonomías que establece nuestra Constitución, cuyas disfunciones, que las hay, deben resolverse en los mecanismos democráticos previstos. Como el voto.

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