La Fiscalía de la capital de España ha pedido multas de entre 60.000 y 75.000 euros para los 133 controladores aéreos que desde el próximo miércoles se van a sentar en el banquillo lógicamente abandono de servicio público a lo largo de la huelga de diciembre de 2010, que llevó al cierre del espacio aéreo a lo largo de cerca de 20 horas y la declaración del Estado de Alarma por vez primera en la historia democrática.

Sin embargo, conforme han informado a fuentes jurídicas, tan solo uno, el que fuera entonces el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, no ha alcanzado todavía un pacto con el Ministerio Público; los términos de la conformidad del resto se van a conocer a lo largo de la vista.

En su escrito, la Fiscalía ha reclamaado que los controladores indemnicen conjuntamente y solidaria a los pasajeros perjudicados en término de vuelos anulados y de otros gastos derivados que todavía no hayan sido resarcidos, una compensación de la que solicita que se haga cargo subsidiariamente el ente público, Enaire.

Cancelación de 1.352 vuelos
Pese a los intentos por eludir el juicio, el Juzgado de lo Penal número 18 de la capital de España empezará la semana próxima la vista oral, que se desarrollará, conforme el calendario que maneja hasta la data el Tribunal Superior de Justicia de la capital de España (TSJM), durante 26 sesiones, la última de ellas prevista para el 18 de marzo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía ha recordado que «a consecuencia del abandono colectivo» de los acusados, funcionarios públicos, de sus puestos se generó el cierre del espacio aéreo en la zona Centro-Norte y, por lo tanto, la cancelación de 1.352 vuelos entre el tres y el cuatro de diciembre de 2010, a lo largo del puente de la Constitución.

La Fiscalía ha añadido que «dichas cancelaciones generaron perjuicios al servicio público que presta AENA y a un gran número de viajantes que perdieron el importe de sus reservas de aeroplano y hotel, aparte de otros gastos de cancelación».

La fiscal ha denunciado además de esto de qué forma, entre las 17:00 y las 17:15 horas del día tres, un conjunto de 59 controladores, «en una acción colectiva y concertada con el objetivo de inmovilizar la actividad aeronáutica al lado de cualquier negociación colectiva o bien otra vía legal», presentó a su responsable un documento «escrito de su puño y letra» en el que cada uno de ellos «a su manera» aducía una minoración de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

En este sentido, ha apuntado, el que casi toda la plantilla prevista para ese turno entregase tal formulario, forzó a la dirección de AENA a reducir de forma progresiva la capacidad de los diferentes ámbitos en los que se organiza el espacio aéreo.

De esta forma, al principio del turno a la noche tan solo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados; la mayor parte se hallaban, narra el escrito, en una reunión convocada por USCA.

La situación se afianzó un día después, cuando de los 73 que debían asistir a su puesto, «sólo» lo hicieron 19, una estrategia que pretendía «mantener el cierre del espacio aéreo por carencia de personal».

75.000 euros y un año de suspensión
El Ministerio Fiscal ha señalado que estas acciones, que se hicieron de forma «consciente», fueron ordenadas «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga» por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con AENA para el segundo acuerdo laboral del personal aeronáutico.

Motivo por el que demanda 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los 7 miembros que bien formaban una parte de la Junta Directiva del sindicato o bien eran miembros de su comité, una cuantía que se reduce a los 60.000 euros para el resto de acusados.

El origen del enfrentamiento se remonta a enero de 2010, exactamente a las negociaciones del convenio; tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de lograr un pacto, en el mes de febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la capacidad de administración y control del tráfico aéreo, a cargo de los controladores desde marzo de 1999.

73 controladores condenados
En el mes de octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, una vez que se declaran culpables del delito de abandono de servicio por estos hechos.

En el proceso actual asimismo están presentados ciertos perjudicados, como aquellos a los que representa el bufete Cremades & Pelado Sotelo, si bien las fuentes apuntan que otras 50 acusaciones particulares se han separado del procedimiento tras haber recibido su respectiva indemnización.

Fuente: ABC.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *