Pocas horas una vez que el Ministerio de Justicia instara a la Fiscalía General del Estado a investigar a agencias de «vientres de alquiler» que operan en España, la titular de ese Departamento, María José Segarra remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un oficio a fin de que abra una investigación con respecto a una de esas agencias. Específicamente, se refiere a una compañía que ofrece «servicios de gestación subrogada» en Ucrania, mas que tiene una sede en España, y que, además de esto, ofrece esos «servicios» por medio de una página. Conforme con la documentación que remitió Justicia a la Fiscalía, en Ucrania está abierta una investigación a esa empresa, mas, en contraste a la legislación en España, en ese país la gestación subrogada es una actividad legal, al tiempo que en nuestra país está plenamente prohibida. En la investigación abierta por las autoridades ucranianas se trata de aclarar si la compañía en cuestión ha podido incurrir en los delitos de tráfico de personas, falsedad reportaje, trasferencia ilegal de personas por medio de frontera estatal y evasión fiscal. Cuando las autoridades españolas han tenido conocimiento del contenido de esa investigación, ha sido cuando se ha detectado que esa sociedad tenía una sede en España, si bien de momento los rastros delictivos existentes contra esta filial, por hechos ocurridos en España, «están todavía en fase embrionaria». Por esta razón, exactamente, es con lo que la Audiencia Nacional sería eficiente para aceptar esa investigación, si bien los hechos primordiales hayan tenido sitio fuera de España. La investigación, en cualquier caso, se va a centrar en las actividades de la sociedad y en ningún caso afectará a los progenitores de los pequeños engendrados por gestación subrogada en Ucrania. El Gobierno decidió remitir esa documentación a la Fiscalía al estimar que ciertas de esas agencias que ofrecen «vientres de alquiler» podían estar cometiendo diferentes delitos. como tráfico de menores, de organización delincuente, de blanqueo o bien falsedad. En verdad, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, lamentó el primer día de la semana que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y «traficando con menores». El Ejecutivo recordó que gestación por vientres de alquileres una práctica prohibida por la legislación de España y que las agencias que ofrecen estos «servicios» en este país «se lucran a través de esta actividad ilegal que efectúan en terceros países». Frente a la resolución de que se estudien a estas agencias, asociaciones de familias que han recurrido y defienden la gestación subrogada han lamentado la «demonización» que producen actuaciones como la del Ministerio de Justicia, la vez que han expresado su miedo por la «estigmatización social» de sus hijos. La letrada Ana Miramontes, letrada de múltiples parejas que han recurrido a esta técnica de reproducción asistida prohibida en España, apuntó a Ep que con estas resoluciones lo que se esta logrando es que las familias sientan que se les está «tratando de demonizar» por el medio que han escogido para ser progenitores y que los «verdaderos dañados y perjudicados directos son los niños».

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