La Fiscalía de la Audiencia Nacional no rebajará a sublevación, por el momento, su acusación por rebelión a la ex- bóveda de los Mossos por su papel en el proceso soberanista. En la primera sesión del juicio al mayor Josep Lluís Trapero, al ex- número 2 de la Conselleria de Interior César Puig, al que fuera directivo de la Policía catalana Pere Soler -todos se encaran a una solicitud como condena de once años de cárcel- y a la intendente Teresa Laplana (la única que sí se sienta en el banquillo por sublevación), el fiscal Miguel Ángel Carballo ha asegurado que la Fiscalía «es consciente» de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS), que condenó por sublevación y no por rebelión (contra el criterio de la Fiscalía) a los líderes independentistas en el juicio del «procés», y que «se considerará la conveniencia» de alterar la calificación «en el instante oportuno». Esto es, cuando al final del juicio los fiscales deban elevar a terminantes sus conclusiones temporales tras la práctica de la prueba.Su compañero Pedro Rubira abundó en esa línea y, tras comprobar que el Tribunal Supremo «es nuestro superior jerárquico» (en referencia a la Audiencia Nacional), lo que fuerza al tribunal a tener en consideración su jurisprudencia al dictar sentencia, sí dejó claro que en el momento de presentar sus acusaciones el Ministerio Fiscal «se marcha a regir por el principio de legalidad». «La determinación de los hechos es clara -ha asegurado-. Otra cosa es la calificación de exactamente los mismos».Rubira ha negado que con este juicio se pretenda sentar en el banquillo al cuerpo de los Mossos. «Solamente lejos de la realidad. Jamás ha sido nuestra pretensión. Cuestión muy diferente es la responsabilidad que tienen los acusados en los hechos», ha insistido, resaltando que lo que se marcha a enjuiciar es el incumplimiento de resoluciones judiciales «Cuando se infringen las reglas, el poder judicial actúa, como bien sabe la letrada (Olga Tubau, defensora de Trapero y, que en su día ejercitó la acusación en el juicio de los Gal por el rapto de Segundo Marey), «como sucedió cuando se infringió con los GAL».Rubira ha protegido la competencia de la Audiencia Nacional y ha negado que se haya ocasionado indefensión a los acusados por la «atomización» del procedimiento que denuncian las defensas. «¿Crearemos una causa singular como el franquismo hizo con el marxismo?», se ha preguntado de forma oratoria. «Solo se marcha a tener en consideración lo que se escuche en esta sala. ¿Dónde se encuentra la indefensión? No ha habido ni la más mínima transgresión. De haber seguido el criterio de las defensas, hubiésemos llegado a una macrocausa que está totalmente prohibida», ha insistido el fiscal.Tubau ha esgrimido un informe médico a fin de que se exonere a otra de sus protegidos, la intendente Teresa Laplana -para quien la Fiscalía solicita una condena de 4 años de cárcel- de acudir a la vista una vez haya declarado y hasta el trámite de la última palabra por padecer un agobio postraumático.Por su parte, el letrado de Pere Soler, Cristóbal Martell, ha pedido al tribunal que incorpore a la prueba reportaje un acta notarial sobre los tweets de Soler a lo largo de las horas clave del reto soberanista.Por último, el letrado de Puig, Fermín Morales, ha puesto encima de la mesa la presunta transgresión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, de la tutela judicial eficaz y del principio acusatorio y de contradicción (por no incluir el fiscal la opción alternativa de sublevación en sus conclusiones) “al trastocar los presupuestos fácticos del auto de procesamiento” (puesto que la instructora consideró los hechos sublevación y no rebelión), del derecho de defensa y a un proceso con todas y cada una de las garantías puesto que, se quejó, la investigación del 1-O bien en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barna “ha ido alimentando este procedimiento”.

Fuente: larazon.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *