La condena de 4 años de cárcel a un nonagenario por atropellar en A Guarda (Pontevedra) a un pelotón de 14 corredores, 2 de los que murieron, devuelve a la actualidad un viejo debate: ¿hasta qué edad se debería entrar en la prisión? Asimismo invita a meditar sobre la longevidad de los conductores, sobre las pruebas psicotécnicas para renovar el carnet y sobre la necesidad de endurecer las penas relacionadas con atropellos de corredores, como demandan distintos colectivos.

En el Código Penal no existe límite de edad alguno, a pesar de la falsa creencia extendida de que en España, desde los 70 años, no se entra en cárcel, como recuerda a Efe una portavoz de la Segregaría General de Instituciones Penitenciarias. Tampoco lo hay en el reglamento de Instituciones Penitenciarias, en el que solo se hace mención a la edad en su artículo 196, donde se detallan los requisitos para acceder a la libertad condicional para mayores de 70 años y para enfermos terminales.

A estos se les exonera del requisito de haber extinguido las 3 cuartas partes o bien, en su caso, las 2 terceras unas partes de la condena o bien condenas impuestas. Otro artículo, el 104.4, sí contempla la concesión del tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal a enfermos muy graves con sufrimientos insanables.

Las últimas estadísticas oficiales actualizadas reflejan un aumento de penados (con sentencias firmes) mayores de 60 años en las prisiones españolas: en el mes de diciembre de 2019 eran dos.463 presos, dos.287 hombres y 176 mujeres, al tiempo que en exactamente el mismo mes en 2011 eran 1.756. Desde Instituciones Penitenciarias matizan que este dato se explica, en parte, en que los internos con largas condenas, como, por poner un ejemplo, por delitos de terrorismo o bien multirreincidentes que encadenan múltiples penas, terminan «avejentando» entre rejas.

Mas asimismo es un reflejo del aumento de la esperanza de vida en España y de que la delincuencia no tiene edad. Entre los presos más veteranos los delitos más habituales son los asesinatos, homicidios, violencia sexista o bien contra la libertad sexual en sus diferentes modalidades.

El caso más atractivo, con motivo de edad, es el de un hombre de 94 años que ingresó en cárcel temporal acusado de haber matado a bastonazos a un compañero de vivienda en Burgo de Osma (Soria) a principios de 2019. Dada esta realidad, Instituciones Penitenciarias trabaja desde 2011 en la mejora de la atención de los pacientes mayores y con necesidades singulares, como por poner un ejemplo presos con movilidad reducida.

En el caso del nonagenario condenado a 4 años por el atropello de un pelotón en A Guarda (Pontevedra) en el tercer mes del año de 2016, su defensa no plantea, cuando menos ahora procesal, un recurso basado en las condiciones físicas y mentales de su cliente del servicio.

Lo va a hacer por cuestiones rigurosamente «técnicas», conforme ha trasladado a Efe el letrado de Manuel Benito A.L., puesto que el fallo es susceptible de recurso frente a la Audiencia de Pontevedra. Ello pese a que el juicio se debió postergar el pasado noviembre pues el acusado había ingresado en el centro de salud en los días anteriores por una «enfermedad física».

Mientras que, la letrada de una de las 2 víctimas mortales de aquel atropello estima que por la cuantía de la pena, «la máxima» que podían solicitar por los delitos encausados Fiscalía y los abogados de 4 víctimas presentadas en la causa, este hombre, que el día de hoy tiene 91 años, debería ingresar en cárcel.

Múltiples corredores arrollados se felicitan por la reparación ética que supone esta sentencia y aseguran que les resulta indiferente, aun alguno que no le agradaría, que el conductor entre en cárcel.

Fuere como fuese, este caso supuso un punto de cambio para la Fiscalía de Seguridad Vial de Galicia, que solicitó que se estudiase si en la renovación del carnet de conducir de este hombre, que en la data del atropello masivo tenía 87 años, el psicotécnico cumplió con las demandas requeridas.

Anteriormente, Fiscalía había abordado con la Guarda Civil la necesidad de investigar la renovación de los carnets en Galicia, sobre todo a personas mayores, en vista de ciertas situaciones de peligro provocadas por estos, como circular en sentido opuesto, algo que se da con determinada frecuencia en esta comunidad autónoma.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por Efe especifican que de ese seguimiento, efectuado en 2016 y 2017 derivaron demandas por supuestas irregularidades a 2 psicotécnicos de la provincia de Lugo, que han dado a sendos procedimientos judiciales, en la actualidad en fase de instrucción, y a otro de la Provincia de Pontevedra, que se suspendió. La primordial conclusión, apuntan desde el Ministerio Público, es que las renovaciones fraudulentas o bien, por lo menos, «poco exigentes» para las personas de edad avanzada, no son una práctica extendida en este género de gabinetes.

Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico recogen que en el primer mes del año de 2019 había en España 461.655 conductores mayores de 74 años con el carnet en vigor. Solo en Galicia se superaban los 44.000. Tráfico tampoco establece una data encuentre para poder conducir automóviles a motor. Solo reduce a la mitad, de diez a 5 años, la periodicidad para la renovación del carnet desde los 65 años.

Colectivos de corredores y de triatletas vienen demandando una reforma del Código Penal para, entre otras muchas cuestiones, la creación del delito concreto de abandono del sitio del atropello, la modificación de las imprudencias provocadas por alcohol o bien drogas; o bien la creación de una unidad singular de corredores camuflados de la Guarda Civil para supervisar a los conductores.

Asimismo demandan la reducción de velocidad los fines de semana entre las siete y las 15 horas en las zonas usuales de paso de corredores, mayor vigilancia del empleo de drogas y alcohol en conductores y un plan estratégico estatal de la bici.

A causa de aquel atropello masivo en el tercer mes del año de 2016, la Xunta rehabilitó el carril bicicleta que discurre paralelo a la carretera que une Baiona y A Guarda, al sur de la provincia de Pontevedra, para prosperar las condiciones de circulación y de seguridad.

Fuente: ABC.es

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