La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está plenamente dividida ante el recorte de seis.000 millones que planea en remuneración para las compañías gasistas y eléctricas. Por una parte, se hallan los consejeros, dirigidos por el presidente José María Marín Quemada, que tratan a toda costa de sacar adelante las 13 circulares pendientes en los próximos días. Por otro, el campo crítico que estima que peligran determinadas inversiones y que, por poner un ejemplo, en el caso del campo gasista existe todo el ejercicio 2020 para gestionar la nueva normativa y corregir defectos de cálculo, pues la nueva remuneración no entra en acción hasta el año 2021.

Este miércoles el regulador festejó un consejo de administración que comenzó a las 10 de la mañana y concluyó diez horas después. “Hubo muchas discrepancias entre los consejeros”, aseguran a La Vanguardia fuentes conocedoras de los hechos. Este jueves se ha vuelto a reunir la Sala de Competencia para intentar avanzar en el tema.

Normativa

La aprobación del cambio normativo tiene en desequilibrio al campo energético

En el consejo festejado este miércoles se aprobaron 2 circulares de gas y electricidad que fijan el cálculo financiero de la remuneración, fijado en el cinco con ocho% para la electricidad y algo superior para el campo gasista. Son 2 circulares de baja relevancia para los dos campos pues lo que más les preocupa es saber qué activos están perjudicados por los cambios normativos. En su día se charló de que en el caso del gas, los activos en marcha ya antes del año 2000 no se iban a remunerar.

Marín Quemada tiene prisa en sacar adelante estos cambios en la remuneración. En verdad, en el mes de septiembre venció su puesto y se ha mantenido en exactamente el mismo bajo el razonamiento de que debía finalizar este cambio normativo, que ha tenido todo el verano en desequilibrio al campo energético.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC
(Emilia Gutiérrez)

La resolución de la CNMC es firme, si bien el Consejo de Estado debe producir un informe no vinculante en el que se valore si el procedimiento ha sido el conveniente, tal y como si por poner un ejemplo se ha consultado a las compañías. Asimismo debe producir un dictamen que recoja si existe peligro de retroactividad y posibles arbitrajes contra el Reino de España.

Además de esto, este organismo estima que debe tener un informe del Ministerio de Economía, pues el emitido por el Ministerio de Transición Ecológica no es suficiente. En verdad, el ministerio capitaneado por Teresa Ribera acusó a la CNMC de “falta de prudencia financiera y de no respetar las orientaciones en política energética”.
El campo gasista, más perjudicado que el eléctrico, calcula que en España se remunera el día de hoy una media de 175 euros por punto de suministro y no se reconoce la inflación; cuando en la UE la media es de 220 euros por punto de suministro y reconoce la inflación. Alemania remunera 330 euros por punto de suministro y Francia, 300 euros. Además de esto, desde la patronal Sedigas recuerdan que el campo supone el 0,5% del Producto Interior Bruto en España y produce 150.000 puestos.

Inversiones

Peligran 30.000 millones de inversión en distribución hasta el año 2030

Este miércoles, la presidente de la patronal eléctrica (Aelec), Marina Serrano, apuntó que “no puedan poner en peligro” las inversiones de unos 30.000 millones de euros de las distribuidoras para lograr los objetivos para el año 2030. La presidente de las grandes eléctricas mostró su confianza en que en el proceso en que se hallan las circulares de la CNMC, que van a marcar el ambiente regulativo para el campo eléctrico para los próximos años, se tengan presente las alegaciones de los agentes con el objeto de prosperar la propuesta inicial.

“Si logramos una regulación capaz de estimular las inversiones, entre ellas las de digitalización, que precisan las redes en el próximo periodo regulativo, con una visibilidad clara de la necesidad de exactamente las mismas y con una rentabilidad razonable, vamos a haber dado un esencial paso en la confirmación del papel que le toca jugar a la distribución en la próxima década”, destacó.
También, Serrano estimó que el plazo, con el 1 de enero como horizonte para la entrada en vigor del nuevo marco regulativo de la CNMC, “es corto” para “una regulación tan importante”, si bien señaló que Aelec no solicita ampliar los plazos.

Tanto el sector eléctrico como el gasista han criticado las propuestas de la CNMC

Tanto el campo eléctrico como el gasista han criticado las propuestas de la CNMC
(Agustí Ensesa)

Por su lado, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, resaltó la relevancia de las redes eléctricas en la transición energética y solicitó una regulación para el campo que sea “predecible, estable y tenga seguridad jurídica”. Garamendi destacó “la neutralidad” de la CEOE en lo relativo a las circulares de la CNMC, mas aseveró que esa estabilidad en la regulación es precisa para dar señales a los inversores. “Para que alguien desee invertir esos millones debe tener alguna seguridad. Estamos en esa onda”, afirmó. Además de esto, el presidente de la patronal de empresarios consideró asimismo prioritario que “los costos políticos” se saquen de la tarifa, puesto que encarecen el recibo energético.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Tiempo (PNIEC) del Gobierno prevé unas inversiones totales de 236.000 millones de euros hasta el 2030, de los que 42.000 millones de euros van a ser en redes y electrificación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *