Vox pactó un «contrato» con el PP que no garantiza las exigencias de poder que coloca ahora encima de la mesa como supuestas condiciones irrenunciables. El documento reconoce la integración de Vox de manera proporcional a sus escaños en «concejalías de gobierno» y responsabilidades directivas en entes públicos. Pero esta fórmula genérica no obliga a que haya representantes de Vox en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Los concejales de gobierno pueden ser concejales de área, que sí están en la Junta de Gobierno, o concejales delegados en competencias, segundos niveles, que dependen del concejal de área, y que ya no posan, que es lo que parece que preocupa tanto a Vox, en la foto que preside el popular José Luis Martínez-Almeida como nuevo alcalde madrileño. Pudo ser la falta de experiencia de la delegación de Vox o la fatiga por lo avanzado de la madrugada del pasado sábado, en la que se cerró el pacto que permitió que saliera adelante la propuesta de Almeida, pero el sentido estricto de los términos pactados permite al PP sostener que no hay un compromiso expreso para que Vox esté en la primera línea del Gobierno de Almeida. Les permite sostenerlo a ellos y sirvió también como «trampa» para que Ciudadanos (Cs) diera su consentimiento al documento acordado «in extremis», aunque luego se negaran a estampar su firma sobre él. Un gesto coherente con la política con la que el partido de Albert Rivera está gestionando estas negociaciones para lograr el apoyo de Vox a los Gobiernos en los que está entrando: la técnica de disfrazar la realidad, aunque no esté sirviendo para evitar que en la opinión pública se instale la percepción de que Cs no está pactando con el PSOE, pero sí lo está haciendo con Vox. Volviendo al «contrato» entre el PP y Vox, los de Abascal han dado una nueva vuelta a su argumentario para sostener ahora la exigencia de la entrada en el primer nivel del Gobierno municipal y autonómico, con varias consejerías en este último caso, a sabiendas de que es una demanda que amenaza con hacer saltar por los aires el acuerdo para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. La percepción de que a Rivera le ha ido mal la negociación postelectoral por los resultados propios y por el aire que le ha dado a Pablo Casado achica todavía más el margen de la formación naranja para traspasar la línea roja de negarse a gobernar con Vox, aunque lo esté haciendo en realidad ya que el poder lo ejerce gracias a los votos del partido de Abascal. Pero además es que dentro del PP, dentro de la misma dirección nacional, hay importantes reticencias a que ese escenario se produzca. A Vox no se le está negando poder ni presupuesto, al contrario. Incluso de forma encubierta y en esos segundos niveles pueden conseguir ventajas que excedan su representatividad, solo por el hecho de ser imprescindible para que funcione la coalición PP-Cs. Quizás es solo a lo que están jugando, a elevar la apuesta para conseguir ganar más. Por eso lo que está por ver es si la decisión de subir la apuesta hasta exigir que la coalición sea un tripartito va de farol, para pillar aún más poder, o no. En las negociaciones entre bambalinas a nivel nacional Vox está situando toda la presión sobre el PP en conseguir «puestos». Bajo el ruido, sí puede decirse ya que el papel de la «nueva política» en la negociación de estos pactos postelectorales está ayudando a que todo gire si cabe aún con más intensidad alrededor de la pelea por ocupar «sillones» y controlar Presupuesto. Ciudadanos y Podemos han reinventado sus argumentarios para justificar que la prioridad en esta ocasión no sea tanto el programa como traducir en cargos sus escaños, y en esto no hay diferencia con el último partido, Vox, recién llegado a las Asambleas regionales y a los Plenos municipales. Ayer tarde se retomaron los contactos entre PP y Vox bajo la amenaza del partido de Santiago Abascal de romper las negociaciones y desestabilizar los futuros Gobierno de Madrid o de Murcia, que dependen del entendimiento del centroderecha. La crisis se sostiene solo en una pelea por el poder. Vox ya no hace causa con la exigencia de una mesa de negociación a tres en la que se siente Cs, por ejemplo. Ni tampoco hace causa de sus principales exigencias programáticas, las esencias que en teoría les diferencian de la derecha «acomplejada», el PP, y, por supuesto, de Ciudadanos, como son las políticas contra la violencia de género o en inmigración. Ayer volvió a ser una jornada de mensajes cruzados y contradictorios. Por la tarde se celebró una larga reunión entre los populares Almeida y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y, por parte de Vox, Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. Horas después de que la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, asegurase que «tenemos mucho tiempo para sentarnos a negociar, si hay socios fiables, tenemos todo el verano, hasta el 11 de septiembre, tenemos tiempo infinito». La cita estaba ya cerrada cuando hizo estas declaraciones. «No es posible» Al acabar la reunión, Almeida explicó que las propuestas de Vox le habían parecido «razonables». Pocas horas antes había señalado que no sabía qué es lo que querían los de Vox, a pesar de haber firmado con ellos el acuerdo que le hizo alcalde el pasado sábado. Y lo de «razonables» llegó después de que Vox llevara todo el día defendiendo entrar en el Gobierno municipal y autonómico en primera línea. Génova solo puntualizó en relación a las exigencias de Vox que «lo de concejal de área es estar en la Junta de Gobierno y ya hemos dicho que eso no es posible».

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