El primordial organismo fiscalizador de España, la AIReF, considera urgente «limpiar» a la Seguridad Social de los gastos extraños al sistema para atajar su persistente déficit y el orificio generado por exactamente el mismo, que ronda los 50.000 millones de euros a pesar de haber prácticamente liquidado el Fondo de Reserva, al que le quedan poco más de cinco.000 millones. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha incidido el día de hoy en la necesidad de derivar una parte de los gastos no contributivos que acepta la Seguridad Social y que computan en su déficit al del Estado. A lo largo de un acto organizado por Servimedia sobre “La sostenibilidad del sistema de pensiones”, Escrivá, ha considerado que el presente déficit de la Seguridad Social procede de una “situación contable y discutible”. Ha explicado que la mayoría del déficit público está visualizado en la Seguridad Social, con lo que ha protegido “desviar el centro del inconveniente y llevarlo donde están las palancas de actuación”. El presidente de la AIReF ha calculado que podrían corregirse hasta 2 puntos del déficit de la Seguridad Social si los ingresos por cotizaciones sociales solo se utilizaran para abonar posibilidades por contingencias comunes y no para otras políticas sociales, que deberían pagarse con Presupuestos. Además de esto, ha añadido Escrivá, hay “subsidios cruzados” que asimismo deberían costearse vía impuestos, como unos costos administrativos del propio funcionamiento de la Seguridad Social, por unos cuatro.000 millones de euros. Entre 2011 y 2019, los ingresos por cotizaciones sociales apenas han aumentado en nueve.600 millones, un nueve% más, al pasar de los 105.311 millones colectados en 2011 a los 114.915 millones previstos para este año. Por contra, los gastos en operaciones corrientes se han disparado en ese periodo en prácticamente 30.000 millones (un aumento del 26,21%, al pasar de los 118.159 millones a los 148.123 millones). Los desajustes de caja amontonados un año tras otro en este periodo muestran que el orificio habría alcanzado los 100.000 millones de no ser cubierto por el Fondo de Reserva (prácticamente 78.000 millones retirados de la hucha de las pensiones desde 2012) y los créditos concedidos. Los ingresos por cotizaciones no son suficientes por la integración como pensionistas de los trabajadores del «baby boom» que se dio en España entre los años 50 y 70 del siglo pasado y del fuerte incremento de la esperanza de vida. No obstante, este cargo no representa ni la mitad del déficit de la Seguridad Social. En verdad, son los gastos extraños al sistema de cotizaciones los responsables de prácticamente el 70% del orificio. Y es que la Seguridad Social debe abonar dos.354 millones en gastos de personal a cargo del sistema y no a los Presupuestos Generales del Estado. También, tiene un gasto previsto de cuatro.830 millones en complementos a mínimos del Régimen General y otros dos.290 millones en el Régimen de Autónomos, fuera del capítulo rigurosamente contributivo, y otros dos.380 millones en pensiones no contributivas, que realmente se deberían llamar posibilidades no contributivas, puesto que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, carecen de recursos suficientes si bien no hayan cotizado jamás o bien no alcancen el mínimo de cotización para lograr el derecho al cobro de una pensión contributiva. Un total de 11.854 millones que se abonan a cargo del sistema, si bien, rigurosamente, absolutamente nadie haya cotizado por estos conceptos, que podrían financiarse por medio de los PGE, calmando los crecientes gastos en pensiones. Por otra parte, el presidente de la AIReF ha propuesto ahondar en la reforma de las pensiones de 2011, llevando la “edad real” de jubilación de los 62 años actuales a los 67 años que establece la Ley, lo que corregiría más de la mitad del “problema de gasto”. Además de esto, ha creído preciso ampliar a toda la vida laboral el tiempo requerido para el cálculo de la pensión, con respecto a los últimos 25 años que estableció la reforma de 2011. Para Escrivá, “es un problema” que falte un marco a futuro sobre de qué forma valorizar las pensiones, puesto que el actual índice de revalorización (del 0,25 %) “es un instrumento desarrollado con la mejor de las pretensiones mas impracticable”, por ende, “con poco recorrido”. Para el presidente de la AIReF es preciso abordar la sostenibilidad de las pensiones, tomando resoluciones con tiempo y abordando “el inconveniente del déficit público, que no de la Seguridad Social”.

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