Las aguas parecían bajar sosegadas, mas un nuevo movimiento del ámbito del taxi ha avivado el enfrentamiento y ha abierto un nuevo capítulo en la guerra contra plataformas como Uber y Cabify. El Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional aceptó a trámite el día de ayer una demanda delincuente interpuesta por la Plataforma Integral del Taxi contra las primordiales empresas de automóviles de alquiler con conductor (VTC). El tribunal comenzará una investigación del caso ante «la posible existencia de una infracción penal». El gremio, por medio de un documento de más de 300 páginas, acusa a 19 empresas del ámbito y 39 administradores y consejeros de estas compañías de hasta 8 delitos. Entre ellos se halla el de estafa contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, como los de administración infiel, blanqueo de capitales, perturbación del costo del servicio «con engaño», recogidos en el Código Penal. La suma de todos estos cargos puede lograr los 57 años de prisión. La demanda presentada por los taxistas cuenta con diferentes informes periciales, testigos y también investigaciones efectuadas por detectives, conforme confirmó a LA RAZÓN el organizador y portavoz de Taxiproject veinte, Tito Álvarez. En el auto, la juez María Tardón transmitió la querella a la Fiscalía a fin de que, en su caso, comience las diligencias a practicar. La resolución no es firme y puede ser recurrida. Conforme ha podido confirmar este diario, entre los demandados se hallan empresas del ámbito VTC como Uber, Cabify, Vector Ronda, Moove Cars, Prestige and Limousine, Maxi Mobility o bien Cibeles Confort Cars. El documento carga asimismo contra los empresarios Nicolás Guardans Bonet, Jaime Castellanos Borrego, Pedro del Corro García, Mark Gualch David, José Luis López Schummer Treviño, Alfredo Luis Plaza, María Segimón de Manzanos (todos relacionados con Moove Cars); Miguel Ángel Toledo Casado (Vector Ronda); José María Goñi Allet, Ángel Gutiérrez Alonso, Juan Ignacio García Braschi (Prestige), Manuel María Puga Fernández, Rafael García Tapia González (Moove Cars), entre otros muchos administradores y consejeros. Amenaza a Glovo y Deliveroo La jugada del ámbito por norma general y de Taxiproject particularmente no termina con esta demanda. «En septiembre vamos a dar otro golpe muy potente», explicó a este diario Tito Álvarez, que abandonó a inicios de esta semana la asociación Élitetaxi. En un caso así, no se va a tratar de un ataque a nivel nacional ni va a ir dirigido únicamente contra Uber y Cabify. El portavoz de la nueva plataforma del gremio amenaza ahora a las plataformas de reparto de comida a domicilio Glovo y Deliveroo y asegura que las repercusiones van a ser mundiales. De este modo, la pretensión del ámbito es «tejer una red de asociaciones del taxi para interponer querellas» alén de nuestras fronteras. El «grupo de presión» comenzará una senda en la ciudad de París y va a pasar por grandes urbes europeas como Bruselas, Milán, Roma o bien Berlín para pelear contra la «uberización» de la economía. Por su lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aconseja una «reforma integral» en la regulación del transporte de pasajeros para solventar el enfrentamiento, El organismo agrega en su informe que, si bien los VTC han crecido rapidísimo en escaso tiempo, hay que tomar en consideración que el total de autorizaciones de taxi y VTC en la capital de España es más bajo que en otras grande urbes del resto del planeta. La CNMC solicita igualar taxis y VTC en Madrid La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) piensa que el proyecto de ordenanza municipal de VTC en la capital de España, elaborado por el equipo de Manuela Carmena, es «discriminatorio» con los automóviles como Uber y Cabify. Estima que producirá efectos negativos en el servicio, con un «aumento de precios». El organismo aconseja «armonizar» los horarios de taxis y VTC.

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